En las últimas semanas el trabajo que hacemos en CooperAccion ha recibido fuertes críticas de algunos sectores, en medio de la polarización que provoca un conflicto como el de Tía María. No es la primera vez que ocurre.
Las puyas vienen de algunos funcionarios públicos, de las empresas mineras y de algunos medios y periodistas. Nuevamente, no es la primera vez que ocurre. Sabemos que nuestro trabajo incomoda a determinados sectores.
¿Qué dicen? ¿Por dónde vienen las críticas?
Nuevamente han sido mencionados los mapas de concesiones mineras que elaboramos. Se dice que desinforman; que exageramos; que buscamos alarmar, que los pintamos de rojo, etc. Alertan sobre una supuesta campaña de desinformación. Sin embargo, lo que no pueden decir es que la información consignada sea falsa porque los mapas expresan la evolución de las concesiones otorgadas y la fuente es oficial: el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet).
Ahora ¿las concesiones mineras son inocuas? ¿La evolución de las concesiones es un dato irrelevante para la minería, el Estado y sobre todo para las poblaciones? Desde luego que no. Cualquiera que sabe algo de minería sabe que los primeros indicadores que se mueven en períodos de reactivación del sector, como en los de menor dinamismo, son las concesiones y los presupuestos de exploración: uno no puede entender lo que pasó con la minería en los últimos 25 años si no ve, entre otras variables, la evolución de las concesiones mineras.
Pero además, cualquier población en cualquier parte del mundo tiene el derecho a estar informada sobre las concesiones que se entregan en los territorios donde viven e incluso desarrollan sus actividades económicas. Nadie pretende afirmar y nosotros tampoco lo hacemos, que todas las concesiones terminan en actividad de extracción. Sin embargo, el derecho minero si compite desde las fases iniciales con el derecho del propietario de la superficie.
La otra crítica que hemos recibido es por la revisión que hacemos de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). Nuevamente en este punto se nos acusa de una supuesta acción de desinformación. Lo cierto es que en los 18 de años de vida institucional hemos revisado diferentes EIA con resultados y opiniones distintas: en algunas cosas planteando observaciones y buscando que los EIA sean mejorados y en otros casos planteando la aparente inviabilidad ambiental del proyecto.
El EIA es la herramienta principal para evaluar y aprobar un proyecto en nuestro país y lo cierto es que es un instrumento complejo, extenso, sumamente técnico y con un lenguaje muy especializado. Por lo tanto, es muy difícil que las poblaciones puedan lograr un manejo adecuado de la información consignada en estos estudios y evaluarla adecuadamente.
Lo cierto es que los mecanismos de participación ciudadana alrededor de los EIA son sumamente restrictivos. Las poblaciones no tienen plazos adecuados para revisar los EIA, por lo general no cuentan con respaldo técnico y en ocasiones incluso se restringe su participación, como ocurrió en la controvertida audiencia del EIA de Tía María en el distrito de Cocachacra, que se programó el 19 de diciembre de 2013. Por lo tanto, en el país se sigue sin cumplir un requisito básico y necesario: el de una participación oportuna e informada de la población.
¿Existe o no existe asimetría de información? ¿Las poblaciones participan adecuadamente en el proceso debidamente informadas? No. Por eso, instituciones como CooperAccion reciben permanentemente demandas de asesoría para revisar los EIA que se presentan. Lo cierto es que no es fácil atender la demanda creciente y este es un tema que debería ser evaluado por las autoridades: las poblaciones necesitan respaldo técnico y los procedimientos de los EIA necesitan recuperar credibilidad. En el caso de Tía María, la Red Muqui y CooperAccion, han recibido el pedido de revisar el levantamiento de las observaciones del EIA y, como es de público conocimiento, ese trabajo lo venimos haciendo.
Por lo tanto, no son los mapas o nuestras evaluaciones de los EIA los que provocan los conflictos. Son las malas decisiones, las políticas que pretenden avasallar los derechos de las poblaciones y la errada pretensión de seguir tratando a peruanos y peruanas, principalmente de zonas rurales del país, como ciudadanos de segunda categoría. Nos reafirmamos: todos tienen el mismo derecho a ejercer su ciudadanía de manera oportuna e informada.
Finalmente, frente a los señalamientos de una supuesta falta de transparencia sobre los recursos que manejamos, es bueno precisar que instituciones como CooperAccion están inscritas en el registro de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), lo que significa que cada año informamos los proyectos que se implementan y el origen de los fondos. Además, nuestras instituciones son auditadas cada año y los proyectos son evaluados externamente. Por lo tanto, nuestro trabajo es permanentemente fiscalizado y los recursos se manejan con total transparencia.
Por más incómodos que seamos para algunos sectores, seguiremos realizando nuestra labor, buscando enfrentar las evidentes asimetrías de poder y acceso a la información que se reflejan con mucha claridad en las zonas de influencia de actividades extractivas. Esta labor, la seguiremos realizando con el mayor profesionalismo y con total transparencia. Así lo hemos hecho en el pasado y así lo seguiremos haciendo.