Largo camino. Luego de casi 10 años de protestas, pobladores de la cuenca del Llallimayo lograron el fin de las operaciones de empresa por contaminar aguas.
Tuvieron que pasar más de 10 años, para que el Gobierno central les dé la razón a los pobladores de la cuenca del Llalimayo. Estos responsabilizaban a la empresa Aruntani SAC de contaminar el agua y el suelo en las provincias de Lampa y Melgar.
Ayer las autoridades de Puno se reunieron con representantes del Gobierno; en la cita, se acordó el cierre definitivo de la unidad minera Arasi y declarar improcedente el proyecto de la unidad minera Carlos Este, ambas de propiedad de Aruntani. Además, no podrá procesar oro ni utilizar el cianuro u otros elementos químicos. Para evitar que la minera siga operando, la Fiscalía lacró todas las instalaciones.
La decisión se dio, luego que la población de la provincia de Melgar acatara desde el pasado lunes un paro indefinido. La protesta se radicalizó ayer porque los gremios de San Román y Puno se sumaron a la medida de lucha.
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