El Perú tiene más de ocho mil glaciares, montañas aún con nieves perpetuas convertidas en reservas importantes de agua dulce para las poblaciones que habitan en los alrededores. Inevitablemente estas cumbres de hielo desaparecerán. Son como abuelos desahuciados, dice el director de Información y Gestión de Conocimiento del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (Inaigem), José Herrera Quispe.
El Mismi, en la cordillera del Chila, provincia arequipeña de Caylloma, registra el 2021 como el año de su defunción, según el último inventario de glaciares de Inaigem. Esta estimación dependerá de las variaciones climáticas, aunque eso signifique solo prolongar la agonía cuatro o seis años más.
Dicha montaña de 5 822 metros de altura tiene una condición emblemática. Según la National Geographic, de sus deshielos nace el Amazonas, el río más caudaloso del mundo que recorre siete mil kilómetros antes de desembocar en el Atlántico.
En los últimos cincuenta años, el Mismi, cuya cumbre forma parte del cañón del Colca, perdió 99% de sus reservas glaciares. Le queda 0.19 kilómetros cuadrados.
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El día de hoy, miércoles 8 de enero, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México emitirá sentencia sobre la responsabilidad del Grupo México (dueño de Southern Copper en nuestro país – Perú-), y el Estado mexicano en la fallida reparación integral a los afectados por metales tóxicos y la falta de remediación de la cuenca del Sonora, a través del
Fideicomiso que crearon con un fondo de 2 mil millones de pesos (360 millones de soles aproximadamente), que solo implementaron un poco más de la mitad de acuerdo a la
investigación de la institución Poder y el Comité de Cuenca Río Sonora, tras el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre en la cuenca del río sonora en agosto del 2014 que afectó la salud de 381 personas, la calidad del agua que reciben 22 mil personas en el área de la cuenca del Sonora, y la actividad agropecuaria que desarrollan.
Las medidas de amparo
La sentencia que emitirá la Corte mexicana se basará en tres amparos interpuestos por los Comités de Cuenca del Río Sonora, que cuestionan la ...
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La resolución de la Tercera Sala de la Corte Suprema de rechazar los recursos de casación presentados por la comunidad indígena diaguita Patay y otros contra Pascua Lama, en ningún caso significa que el proyecto de la canadiense Barrick Gold tenga luz verde para operar en la Región de Atacama, advirtieron dirigentes del mundo ambientalista a El Mostrador.
Aún hay recursos pendientes, como la decisión del Primer Tribunal Ambiental, que podría derivar en la clausura definitiva del ambicioso proyecto binacional, y una demanda de daño ambiental, que también se encuentra en trámite en la misma instancia.
Yolanda Zurita, tiene 60 años y es natural de Junín. Es una de las voceras de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos. En su sangre tiene metales tóxicos, principalmente Plomo, Cadmio y Arsénico. Desde que estaba en la Universidad se ha involucrado en la defensa del medio ambiente y salud humana. Su capacidad de indignación no es gratuita, su formación católica y su compromiso con la pastoral social de su parroquia la ha empujado a luchar por una vida digna y por el respeto de la creación.
Yolanda, ¿Desde cuándo sabes que vives con metales tóxicos en tu cuerpo?
Era universitaria cuando empecé a tener convulsiones. En el Hospital me dijeron que era pequeña lesión en el cerebro y que no era grave. A comienzos del 2000 la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), junto a otras instituciones, realizaron una conferencia sobre las consecuencias de los metales pesados, desde ese momento empecé a relacionar mis malestares con la posibilidad de tener metales a causa de la actividad extractiva. Por esas fechas la Universidad inicia una investigación, y me invitan a hacerme un dosaje, cuando me entregan los resultados ...
08.01.2020. A convocatoria del Gobernador Regional de Cusco, Jean Paul Benavente, para hoy se instaló y conformó la Comisión Técnica encargada de exigir la nulidad de la Resolución Ministerial N° 372-2018-MTC que clasifica como vía nacional parte de la ruta del corredor minero del sur, sin haber consultado previamente a las comunidades que conforman este territorio. A la cita asistieron alcaldes distritales y provinciales de Espinar, Chumbivilcas, Paruro, presidentes de comunidades campesinas afectadas por la contaminación de los vehículos que hacen uso del corredor minero, dirigentes de frentes de defensa, entre otros.
Funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones realizaron una presentación sobre los mecanismos y procedimientos de aprobación de la reclasificación de rutas del corredor minero casi justificando su decisión. Los dirigentes presentes cuestionaron que el MTC no ha respetado el derecho de propiedad, la autonomía de la comunidad, se ha vulnerado derechos como la omisión de consulta previa.
Después del debate acalorado que se desarrolló en las instalaciones del Gobierno Regional, se acordó implementar un plan de trabajo, así como evaluar un eventual pronunciamiento para solicitar la derogatoria del Decreto de Urgencia que dispone la expropiación y adquisición de tierras ...
El Estado es garante de los derechos humanos, mientras que las empresas en el corredor minero cuentan o se han adherido a Políticas de Derechos Humanos, Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos y Código de Conducta. Este reconocimiento ‘ideal’ de los derechos humanos contrasta con el movimiento real de los derechos en los escenarios que mostraremos en las siguientes líneas.
1. Poder Minero y Estado Pro-Empresa
En el 2016 se trasladaron 684,207 TMF (Toneladas Métricas Finas), y en el 2017 781,224 TMF de cobre de las transnacionales MMG Las Bambas (China), Hudbay (Canadá) y Glencore (Suiza), que generaron más de 10 mil millones de soles anuales¹. Por ejemplo, para el 2016: S/. 4’ 131,613,000 de Las Bambas, S/. 3’ 690,612,000 Antapaccay y S/. 2, 257,050 de Constancia. Esta estructuración económica ha constituido un poder minero hegemónico en cada uno de los escenarios locales donde operan y que se extienden a nivel nacional a través de sus gremios empresariales que los reafirman como los mandantes del Perú.
En dicho escenario, el Estado ha priorizado su brazo represivo, y su brazo social en lógica de inversión estatal para desmovilizar conflictos en contra del ...
El día de hoy por la mañana, 9 de enero, se desarrolló el paro de más 12 comunidades de Espinar, que posteriormente levantaron a las 6pm, pertenecientes a los distritos de Condoroma, Ocoruro, Pallpata, Alto Pichigua y Pichigua, entre las que se encuentras las comunidades de Huacroyuta Marquiri, Huarcapata, Chorrillo, Antacama, Pallpata, Canlletera, Cruz Pampa, Pirhuayani, Mamanocca, Jaruma Alccasana, Kanamarka y Molloccahua. Las comunidades de Espinar señaladas exigen la anulación de la resolución del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) que aprueba la Modificatoria de Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero Coroccohuayco, que es la ampliación del proyecto minero Tintaya-Antapaccay perteneciente a la empresa minera suiza Glencore. Se estiman 25 años de vida del proyecto minero Coroccohuayco, sumado al proyecto minero en funcionamiento actual, Antapacay, que también operará 25 años.
Dos preguntas presentó el prefecto del Azuay, Yaku Pérez, y alcaldes de varios cantones de esa provincia, a la Corte Constitucional (CC), solicitando una Consulta Popular en contra de la minería.
Acompañado de una marcha y de dirigentes de estudiantes, tocando un saxofón, cantando y bailando, Pérez llegó al organismo.
Explicó el contenido de las preguntas: ¿Está usted de acuerdo que se prohíba sin excepción actividades de exploración, explotación de minería metálica en fuentes de agua, zonas de descarga, recarga y regulación hídrica, bosques protectores, humedales, áreas sensibles en la provincia del Azuay?, y ¿está usted de acuerdo con la caducidad de títulos mineros otorgados antes de la realización de esta Consulta Popular?
El pasado 31 de diciembre la empresa Minera Escondida, operada por BHP Billiton, cesó la extracción de los 24 pozos de agua dulce que se ubican en el acuífero de Monturaqui, los primeros días de enero comenzó la desconexión eléctrica de las bombas, una por una.
El día de ayer, jueves 9 de enero, a partir de las 10am, se desarrolló en las instalaciones de El Sindicato Único de Trabajadores de la Empresa del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima – Sutesal- en Breña, el Foro Electoral: Pacto por el agua. La apertura del Foro electoral estuvo a cargo de la secretaria general de Sutesal, Luisa Eyzaguirre y contó con la participación de diversos candidatos de los partidos políticos postulantes: Juntos por el Perú, Podemos Perú, Apra, Perú Libre, Frente Amplio, Unión por el Perú, Renacimiento Unido Nacional, Alianza para el Progreso. El foro lo organizó el Frente Pueblos en Defensa del Agua, la Vida y Sedapal, que impulsa el sindicato de trabajadores de Sedapal (Sutesal), el Frente Unitario de los Pueblos del Perú y diversos colectivos que luchan por el agua como bien común.