Es una gran verdad que la minería para nuestro país y las regiones mineras como el departamento de Oruro, ha sido y continua siendo un pilar económico importante.
Pero también la otra verdad es que las explotaciones mineras han sido y son uno de los factores de mayor daño ambiental y avasallamiento de derechos en especial para las comunidades campesinas.

Más aún luego de la aprobación y vigencia del Código Minero de Sanchez de Lozada de 1997, la explotación minera se ha transformado en una actividad de saqueo de nuestros recursos a favor de grandes transnacionales, dejando poco o casi nada a las comunidades, las regiones y el país.