En el último mes se han producido diversos hechos que se vienen repitiendo año tras año y que están a la base de los conflictos socio-ambientales que se viven en Cajamarca. Contaminación de fuentes de agua, ocultamiento de este tipo de incidentes, expansión acelerada e inconsulta de concesiones, son algunos de los elementos que generan preocupación en la población.

Lo más saltante del presente periodo es el conflicto que sigue latente en torno al proyecto Majes Siguas II. En este sentido, la paralización del mencionado proyecto, dada a través del fallo de la Sala Única de Vacaciones de la Corte Superior del Cusco, continúa enfrentando a los gobiernos regionales y las poblaciones del Cusco y Arequipa.

Las tareas del Gobierno Regional de Piura se comienzan a encaminar. Se ha conformado el Concejo de Concertación Regional, el Consejo Regional de Desarrollo Agrario y se anuncia la conformación de una Mesa de Trabajo que analizará la problemática de la minería artesanal informal e ilegal. Además, se han suscrito convenios de cooperación importantes con el Instituto de Montaña y la Cooperación Alemana (GTZ), para la conservación de los ecosistemas frágiles de montaña y afrontar el problema de la desertificación.

Tal como lo hemos venido mencionando en los informes del Observatorio, Apurímac se está convirtiendo gradualmente en una de las principales regiones que atraen inversión minera. Lo preocupante es que al mismo tiempo se vienen acumulando temas de tensión que más adelante serán la base de conflictos sociales y ambientales.

La tensión en La Oroya aumenta a raíz de la fuerte campaña que está llevando a cabo la empresa Doe Run Peru (DRP), semanas antes que se realice la junta de acreedores que decidirá el futuro del complejo metalúrgico. La junta de acreedores está prevista para el próximo 4 y 7 de abril.