14/02/17 | Por Fundavida
El superlativo quizás suene exagerado, pero de algún modo hay que llamarlos.. Los modelos de minería que se están practicando en Perú y Chile, y que ahora amenazan Argentina, están llevando los métodos extractivos a niveles exponenciales, desconocidos hasta el presente en la cultura humana.
La amenaza para nuestro país se transparentó luego de la reciente reunión mantenida entre autoridades nacionales y representantes provinciales de Mendoza del sector minero, empresarios nucleados en la Cámara de Empresarios Mineros (CAMEN) que eufóricos, luego del encuentro, declararon “fue lo más importante de los últimos años y un impacto gigantesco en el tema minero”. (Telam -11/02/17)
Los países que controlan la minería en nuestro continente, EEUU y Canadá, a pesar de ser poseedores de enormes reservas de minerales, se cuidan muy bien de mantener en sus territorios modelos restringidos de extracción, por razones estratégicas y ambientales. Por el contrario, los modos aplicados en Sudamérica se caracterizan por una falta absoluta de respeto por la naturaleza y la vida, en especial la humana, las permisionarias presionan y obtienen ventajas inauditas de gobiernos de la región frágiles a las coimas multimillonarias que pagan las mineras a los funcionarios responsables de autorizarlas y controlarlas.
En Perú las empresas mineras son dueñas y señoras de los territorios que les interesan, expulsan a sus pobladores originarios a los bordes de las carreteras, sin ninguna clase de compensación, constituyéndose en un espectáculo dantesco de miseria extrema donde pueden verse a los costados de la carretera conocida como Panamericana Sur, que une Tacna con Lima, miles de cubículos de dimensiones mínimas: 2,
La magnitud de los volúmenes extractivos son inéditas, directamente destruyen cerros y cadenas montañosas para luego depositar en cualquier parte el material triturado que no les interesa. Solamente Chuquicamata, en Chile, ha generado una gigantesca montaña artificial de residuos contaminados de más de quince kilómetros de largo, trescientos metros en la base y doscientos de altura, en promedio. Además las compañías mineras arrojan al ambiente millones de litros de substancias peligrosas como el ácido sulfúrico, utilizadas en sus procesos.
Esta es la amenaza a nuestro país en la actualidad. El camino lo habilitó la Ley Nº 24.196, conocida como la Ley de Minería sancionada en la última década del siglo pasado.
Dicho instrumento legal concedió a los inversores mineros las mismas facilidades que les son otorgadas en Chile y Perú, exenciones impositivas totales, energía a precio subsidiado, facilidad de importar equipos sin gravámenes, etc., etc.
El actual gobierno ratificó las políticas diseñadas por sus predecesores y se ha lanzado a una campaña para instalar la Ultra-Mega Minería en nuestro país.
Las amenazas actuales son de magnitud insospechada, por ejemplo, el desalojo total de la ciudad de Andalgalá para extraer los minerales que yacen en su subsuelo. O la demolición completa de la cadena de Cerros del Aconquija, que divide Catamarca de Tucumán, que también está en los planes de las compañías mineras. Total, como les dijo un ex gobernador de Catamarca a los habitantes de Andalgalá “…No pasa nada, todo queda igual, sólo se trata de desarmar los cerros y armarlos en otro lado.”
# Los vertidos del parque industrial
Si cualquiera de nosotros advierte que se está cometiendo un crimen tiene el deber moral y social de denunciarlo, la Justicia de investigarlo y su eventual responsable/responsables tendrán que ser juzgados por su eventual delito.
Sin embargo existen situaciones en las que algunos tipos de crímenes son permitidos por la sociedad, que los contempla como si no fueran tales, aunque se trate de hechos que pueden provocar enfermedades graves, incluso la muerte para las víctimas.
Generalmente los delitos ambientales entran en esta categoría, probablemente por dos razones, la primera es que las agresiones ambientales muchas veces no son advertidas inmediatamente como tales, porque todos vamos aprendiendo de las consecuencias de determinados procesos antrópicos cuando las comenzamos a sufrir, luego que estos han sido tolerados inicialmente, por falta de información o directamente por omisión deliberada por parte de quienes ganan dinero con el ocultamiento.
La segunda, porque para alguien es negocio envenenarnos y gasta parte de sus utilidades en mentir y sobornar a quienes podrían evitarlo.
El caso del glifosato es paradigmático: Monsanto, la empresa que lo instaló como parte del proceso productivo agrario, durante años nos mintió descaradamente asegurándonos que era inocuo, inofensivo y que desaparecía inmediatamente de la naturaleza una vez aplicado.
Tuvieron que pasar muchos años y el trabajo científico de abnegados investigadores para que descubriésemos que en realidad era una poderosa y cancerígena sustancia sintética que nos está envenenando. Claramente su uso es un crimen porque alguien o algo que enferma y mata está atentando contra el valor más alto de nuestra escala: la vida humana. Sin embargo el crimen se sigue cometiendo cotidianamente ante la indiferencia de una parte importante del conjunto social, la justicia y las autoridades responsables de defendernos de estas situaciones.
Con los efluentes de las empresas radicadas en nuestro parque industrial pasa lo mismo. Cuando fue diseñado, hace muchas décadas, no se conocían en profundidad las graves consecuencias que podrían tener los vertidos industriales sobre las personas. De todos modos se previó una planta de tratamiento, manifestando de este modo que los efluentes debían ser procesados antes de volcarlos al exterior para evitar daños fuera de los límites del complejo industrial.
La planta finalmente resultó insignificante frente a la magnitud de los vertidos y también incompleta porque básicamente fue pensada para detritus orgánicos. El Parque creció y la variedad de empresas radicadas se multiplicó; no sólo se instalaron alimenticias, sino también de actividades químicas de distinta naturaleza y complejidad, pero todas con un denominador común: los cuantiosos efluentes finalmente irían a la Cañada de Melgar luego de un paso simbólico por la completamente ineficaz Planta de Tratamiento del PIG. Para, luego hacer irrespirable el aire en lo que debería ser un bucólico paraje suburbano -el Barrio Don Pedro- pasar al arroyo Gualeyán y de ahí al río Gualeguaychú, justo antes de la toma de agua para la ciudad en la planta de potabilización que no está en condiciones de neutralizar o eliminar los componentes más peligrosos de estos efluentes.
El crimen que se comete cotidianamente es flagrante, los responsables y las víctimas evidentes, pero nadie actúa con la presteza y decisión que requiere la grave circunstancia.
Los que ganan dinero arrojando sus efluentes a la naturaleza y la sociedad son los responsables y deben hacerse cargo. La justicia debe tomar inmediata carta en el tema y obrar de acuerdo a las leyes que defienden la vida en general y la humana en particular.
Seguimos esperando.
http://www.diarioelargentino.com.ar/noticias/172963/Nos-amenaza-la-ultra-mega-miner%C3%ADa