La Declaración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los defensores de los derechos humanos reconoce en el preámbulo la legitimidad y el valioso trabajo que las personas, los grupos y las asociaciones llevan a cabo en favor de los derechos económicos, sociales y culturales, así como de la eliminación de las violaciones de derechos humanos, entre las que se encuentran las resultantes de «la negativa a reconocer el derecho de […] todos los pueblos a ejercer plena soberanía sobre su riqueza y sus recursos naturales».
En muchos países del mundo la aceleración de la competencia por la tierra ha llevado a un número cada vez mayor de esas personas, esos grupos y esas asociaciones a denunciar las violaciones de derechos humanos derivadas especialmente de las inversiones a gran escala o de los megaproyectos de inversión llevados a cabo por las industrias extractiva y de explotación forestal o por la agroindustria.
Desde su creación en 1997, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos ha realizado un trabajo extraordinario en lo que se refiere a la protección y la documentación. Se ha hecho un trabajo encomiable con este informe anual, en el que se trata un problema crucial y creciente en muchos países del mundo, donde a los defensores del derecho a la tierra, debido a su compromiso con la defensa y la protección de los derechos humanos, se les han puesto trabas y se los ha sometido a abusos que varían desde el hostigamiento judicial a la detención arbitraria, desde la difamación a la vigilancia y desde las amenazas a los asesinatos.
Tal y como se describe en el informe anual de este año del Observatorio, el entorno en el que trabajan los defensores del derecho a la tierra es especialmente adverso. Su aislamiento y la intervención de intereses económicos influyentes hacen que estos defensores sean particularmente vulnerables.
En 2006, mi amiga Hina Jilani, antigua Representante especial del Secretario General de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, descubrió que quienes se ocupan de cuestiones relativas al derecho a la tierra y a los recursos naturales son «el segundo grupo más vulnerable, porque corre el riesgo de perder la vida a causa de sus actividades de defensa de los derechos humanos». En 2012, mi predecesora Margaret Sekaggya también realizó un informe acerca de los «grupos concretos de defensores expuestos a riesgos» en el que se incluía a los defensores que se ocupan de cuestiones relativas al derecho a la tierra. En su informe condenaba el hecho de que entre diciembre de 2006 y mayo de 2011, 106 comunicaciones enviadas a distintos gobiernos estaban relacionadas con presuntas violaciones de derechos humanos en contra de defensores y activistas que se ocupaban de cuestiones relativas a la tierra y al medio ambiente. Además, lamentaba que demasiadas comunicaciones no habían recibido respuesta.
A lo largo de mi mandato haré de la reducción del desfase existente entre las normas internacionales de derechos humanos y la realidad de su aplicación sobre el terreno una prioridad clave. Pensando en el futuro, uno de mis informes para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se centrará en la cuestión de la impunidad de las violaciones contra defensores de derechos humanos, prestando especial atención a quienes se ocupan de cuestiones relativas a la tierra. Además, continuaré centrándome de forma general en la protección de los defensores del derecho a la tierra, insistiendo en la necesidad de incrementar la obligación de rendir cuentas, tanto en mis comunicaciones a los Estados como en mis visitas a países.
Para ello me apoyaré sin duda en las conclusiones de este informe anual, que proporciona las claves para comprender los patrones de las violaciones contra defensores del derecho a la tierra y propone recomendaciones a medida para los Estados y otras partes interesadas acerca de cómo asegurar su protección de forma más efectiva.
Para ello me apoyaré sin duda en las conclusiones de este informe anual, que proporciona las claves para comprender los patrones de las violaciones contra defensores del derecho a la tierra y propone recomendaciones a medida para los Estados y otras partes interesadas acerca de cómo asegurar su protección de forma más efectiva.
En última instancia, nuestro trabajo común debería resultar en un mayor respeto de los derechos de los defensores del derecho a la tierra y en que los gobiernos, las empresas y otras partes interesadas rindan cuentas acerca del cumplimiento de sus compromisos en mayor medida.
Sr. Michel Forst, Relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos