Yasunidos Guapondelig es una organización social comprometida con la defensa de los Derechos Humanos y de la Naturaleza que, desde sus inicios, se ha caracterizado por emplear estrategias de acción no violenta para proteger los bienes comunes como el agua de los proyectos extractivistas, que amenazan con su privatización, extinción, contaminación y degradación.
Frente a los hechos sucedidos en las últimas semanas en la parroquia Molleturo, donde se asienta el proyecto de minería metálica “Río Blanco” y donde se encuentran las comunidades en resistencia, nuestra organización y quienes la integramos, así como organizaciones sociales que son compañeras en todo este proceso de resistencia, hemos sido objeto de distintos ataques por parte del gobierno central y la empresa minera que opera en el territorio.
Empezando por el comunicado público de la empresa Ecuagoldmining South America S.A. del 9 de mayo, así como por declaraciones públicas del Gobernador del Azuay, Xavier Enderica, que nos descalifica y señala como “agentes externos” a la situación, siendo que el desarrollo de las políticas mineras en nuestros territorios nos competen a todas y todos quienes dependemos del agua que nace de los páramos en donde fueron dadas las concesiones y que nos amparamos en nuestro legítimo derecho estipulado en el Art. 83 de la Constitución, el cual es muy claro en que uno de los deberes de las y los ecuatorianos es el cuidado de nuestros recursos naturales y la preservación de la naturaleza y el respeto de sus Derechos, estigmatizan nuestra presencia permanente y el accionar conjunto con las comunidades que hoy se resisten a un proyecto extractivista que, al incumplir con los parámetros técnicos y los mandatos de ley, se erige con violencia sobre estos territorios.
Denunciamos también los amedrentamientos personales, las llamadas amenazantes a nuestros teléfonos, los ataques en redes sociales con cuentas y páginas falsas, en donde se nos acusa de crímenes impensables para nuestras organizaciones, los hostigamientos, las desinformaciones e incriminaciones que se han hecho públicas y de las cuales, tanto la empresa minera, como el gobierno central, se han servido para alimentar un imaginario negativo hacia los/as defensores de los Derechos Humanos y de la Naturaleza
Dejamos en claro que nosotros/as, a diferencia de la empresa minera, no necesitamos sobornar, amenazar o chantajear a las personas de las comunidades ni de otras organizaciones sociales para que exijan sus derechos y los de la Naturaleza.
Es por esto que repudiamos los intentos de pasar la responsabilidad real que tiene la empresa y el gobierno central sobre todo este conflicto hacia nuestras organizaciones.
De la misma forma, denunciamos el actuar de la Ministra de Minería, Rebeca Illescas, quien, en su visita a la provincia el 17 de mayo, se reunió solamente con el sector que apoya y trabaja para la empresa, a pesar de que hicimos presencia en la puerta de la Gobernación y solicitamos ser recibidos/as. Denunciamos sus declaraciones en dicha reunión en la que tildaba a los grupos defensores del agua como delincuentes, terroristas, acusándonos de haber robado cantidades grandes de dinamita de la empresa, ante lo cual alertamos a la ciudadanía en general sobre un posible inicio de “siembra de pruebas” con la cual buscan vincular y procesar a más dirigentes y defensores.
Estos intentos buscan ocultar que los hechos de violencia y los conflictos que se suscitan alrededor de la minería metálica surgen por la omisión de responsabilidades estatales (como garantizar el derecho a la consulta o invalidar el principio de precaución ambiental) y por responder irresponsablemente a procesos de resistencia pacíficos en función del derecho a la resistencia (Art. 98 CRE) con la utilización de fuerzas policiales y militares, a pesar de que hubo exhortación expresa por parte de la Defensoría del Pueblo en Quito, de construir primero vías de diálogo y mediación, siendo totalmente ignoradas y, después de la represión, sí convocar a procesos de diálogo.
Rechazamos de igual manera el uso del Derecho Penal como un medio de disuasión y de persecución a los procesos de resistencia. Exigimos un alto a la criminalización de la protesta social.
Seguimos exigiendo la desmilitarización de la zona, el cese de las actuaciones del cuerpo de inteligencia de la policía sobre organizaciones y dirigencias comunitarias, el cese de la criminalización y la salida de la empresa minera ante los hechos mencionados.
Cuenca, mayo 24 de 2018.
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