La Corte Suprema de Justicia confirmó una sentencia que obliga a la compañía minera Prodeco a restituir 1.232 hectáreas. La orden no ha sido acatada y la abogada que ganó el pleito fue amenazada de muerte el jueves pasado.
Mientras el gobierno colombiano se congratula por haber puesto en marcha la Ley 1448 de Víctimas y Restitución de Tierras, hasta ahora le ha dado la espalda a una sentencia que obliga a una multinacional y al Incoder a restituir 1.232 hectáreas.
Las tierras se encuentran en el municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar, y corresponden a la parcelación El Prado. Los terrenos habían sido propiedad de campesinos desplazados por paramilitares en el año 2002. Luego los predios fueron comprados por la compañía minera Prodeco, que es propiedad de Glencore, la comercializadora de commodities más grande del mundo.
Según la sentencia que fue dictada por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Valledupar el 9 de noviembre del 2011, y confirmada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el 19 de julio del 2012, el Incoder y Prodeco deben restituir las tierras o pagarles a los campesinos un monto que corresponda a su actual valor comercial. Por último, el 23 de agosto del 2012 la Corte Constitucional excluyó de revisión a la sentencia, como respuesta a una tutela interpuesta por el Incoder. No hay más instancias en Colombia.
El 19 de septiembre del 2012 el juzgado penal que dictó la sentencia le envió un oficio a Miriam Villegas, gerente del Incoder. La conmina a que en el improrrogable término de tres días hábiles diga qué trámites ha realizado para cumplir la orden. De no haber respuesta, solicitará a la Fiscalía y a la Procuraduría que abran una investigación por fraude a resolución judicial y/o prevaricato. A pesar de esto nadie se ha pronunciado sobre la sentencia. El gobierno paladín de la restitución de tierras está mudo.
Al tiempo que el gobierno y la multinacional le dan largas a un fallo que si no se acata antes del 9 de noviembre del 2013 podría prescribir (y quizás a eso es a lo que juegan), quien ha debido sobrellevar una auténtica pesadilla es la abogada que representó a las víctimas desplazadas, la doctora Ludis Pedraza.
El jueves 18 de octubre del 2012 llegó a su despacho un sufragio de amenaza. La doctora Pedraza lo hizo público durante una entrevista que realicé con ella el sábado 20 de octubre, y cuyo vínculo incluyo a continuación.
Ver video aquí:
{youtube}JaDhcGfpiVg{/youtube}
¿Y quién puede querer intimidar o asesinarla? Ella misma responde.
Ver video aquí:
{youtube}iMx4iCQrkQM{/youtube}
El Estado tiene la responsabilidad de proteger a Ludis Pedraza. Hasta ahora le ha dado un escolta, un Avantel, un chaleco antibalas y subsidios de transporte. Necesita al menos un vehículo blindado para desplazarse, pues por lo pronto lo hace en taxi. Quienes deben aprobar las medidas adicionales que ha solicitado la doctora Pedraza son la Unidad Nacional de Protección del Ministerio del Interior y el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem).
Pero éste no es el único caso que lleva la doctora Pedraza. También está sacando adelante un proceso penal para la restitución de los predios de Mechoacán, que hoy tiene la multinacional de carbón Drummond. Como ustedes mismos pudieron comprobar, en la amenaza que recibió la doctora Pedraza el jueves se mencionan los dos casos: el de El Prado y el de Mechoacán.
Si el gobierno tiene la más mínima intención de restituir tierras que no sean terrenos baldíos o de paramilitares supuestamente muertos, como los hermanos Castaño, podría comenzar por las parcelas de El Prado. Pero si lo que quiere es llevar a cabo un proceso que no pise callos demasiado sensibles, y mientras tanto permitir que a los líderes de restitución de tierras los asesinen, pues va por buen camino.
Nota: Sigfredy Culma, líder social que está acompañando a 24 familias en la restitución de las parcelas de Santafé, también en el Cesar, fue abordado por desconocidos en una motocicleta el domingo a las 8pm, un día después de haberse emitido sus denuncias en el programa “Especiales Pirry”. Dijeron que si continuaba luchando a favor de estas familias desplazadas sería asesinado, y que ésta era la última advertencia.