El reciente hecho de contaminación ocurrido en uno de los afluentes al río Pilcomayo desnudó la falta de control a la actividad minera en el país y los vacíos legales que hay a la hora del cuidado del medio ambiente.
En la actualidad, es considerado estratégico por el Estado. En 2013, las exportaciones de minerales superaron los 3.000 millones de dólares. Pese, a su importancia económica, según expertos consultados, las regiones donde se desarrollan las extracciones de minerales viven en la pobreza y vulnerables a daños ambientales irreversibles.
Por ejemplo, Potosí, tradicional zona minera, es el departamento con mayores índices de pobreza de Bolivia. Justamente en esta región el pasado 4 de julio, se produjo el “sifonamiento” de una de las “bóvedas” de la empresa minera Santiago Apóstol.
Se derramaron 10.000 metros cúbicos de agua y 11.000 metros cúbicos de lodo con metales, al río Pilcomayo. Pero, el Ministerio de Minería, negó la contaminación de este afluente de agua.
Regiones están vulnerables. Sara Crespo, responsable de la Unidad de Gestión de la Biodiversidad y Agua, de la organización «Productividad, Biósfera y Medio Ambiente», señaló que la contaminación del río Pilcomayo data de hace varios años y deja en evidencia lo vulnerables que están las zonas y ríos cercanos a los centros mineros del país. Además, el hecho deja al descubierto vacíos legales, que impiden la protección del hábitat donde se desarrolla la actividad minera.
“La Ley de Medio Ambiente no previene y no tiene sanciones drásticas como los casos que han sucedido en Pilcomayo.
Si bien la norma estipula que cada mina tiene que sacar fichas ambientales y de acuerdo a las categorías, se tiene que hacer un estudio ambiental, no existen los mecanismos de control y fiscalización para que esto se cumpla”, cuestionó.
Con relación a la actividad, Santa Cruz dijo que en esta región, se realiza la explotación de minerales a cielo abierto. Una de las formas de minería más dañinas para el medio ambiente y se está arraigando en el departamento.
Para empeorar la situación, tanto las pequeñas cooperativas y grandes empresas mineras usan químicos como el mercurio y el cianuro en sus actividades, elementos altamente tóxicos y mortales para el ser humano. “Por ejemplo un gramo de cianuro basta para matar a una persona”.
“En Bolivia no se tiene ninguna restricción para el uso de estos químicos. Pero a nivel mundial, existe un gran movimiento en contra del mercurio y cianuro y en Costa Rica, está prohibido desde el 2010”, señaló la experta.
Según el centro «Mercury Watch», las emisiones de mercurio de la minería de oro artesanal en Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú están entre las más elevadas del mundo, lo que representa una amenaza a la salud y al medio ambiente por la alta toxicidad de esta sustancia que se evapora fácilmente y puede permanecer por años en la atmósfera. Cada año el país emite 120 toneladas de este elemento.
El problemas es estructural. Para el exministro de Minería, en la gestión del expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006), Dionizio Garzón, el problema del control a la actividad, pasa por un tema netamente estructural.
El experto, afirma, que actualmente las entidades de hacer un control, carecen de la logística y herramientas para controlar físicamente el desarrollo de las operaciones en un vasto territorio como el boliviano.
«El problema, más que todo es estructural. Por ejemplo las cooperativas auríferas están en todo el norte de Bolivia, sobre todo en el norte de La Paz, un poco en Beni, y en Santa Cruz. Esta es un área extensa donde no hay mucho acceso. Son ríos amazónicos, y por eso es difícil un control físico», señaló la exautoridad.
En su gestión como responsable del ramo sugirió que el Estado tome control de la explotación aurífera, pero dicha propuesta no prosperó hasta la fecha
Centralismo perjudica. Por su parte, José Padilla, experto en minas e hidrocarburos, y exdirector del Ramo de la Gobernación de Santa Cruz, señaló que el mayor problema, es que el Estado no comparte el control de las actividades mineras con las Gobernaciones y Municipios.
La actual norma establece que el control del tema ambiental y la explotación de los recursos naturales está en control del estado central. Esto impide que desde los gobiernos subnacionales, se sancionen o castiguen a empresas.
«Desde el 1997, planteamos que los Gobiernos Departamentales (antes prefecturas) y municipios participen en el control de la minería, porque son las jurisdicciones directamente afectadas cuando se presentan desastres ambientales», dijo.
Norma
Según la Constitución del país los delitos ambientales no prescriben
Artículo. La Ley de Minería, en el marco del Artículo 347 de la Constitución Política del Estado, establece que los delitos ambientales no prescriben.
De acuerdo con la Ley de Medio Ambiente, las sanciones por no contar con licencia ambiental pueden determinar la suspensión de actividades de la empresa hasta que se cumpla con el condicionamiento ambiental y, además, es pasible a una multa del 3 por mil sobre el monto total del patrimonio declarado por la empresa.
Sin embargo, a la fecha no ningúna empresa minera sancionada por este tipo de daños en el país.