Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), indicó que en su recomendación emitida están solicitando respetar culturas, tradiciones y territorio, con el objetivo de continuar una cultura muy antigua en el país, ya que según la Cosmogonía, es el lugar donde se originó la creación del Universo.
Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), indicó que el motivo de su recomendación para reconocer los derechos a los pueblos y comunidades indígenas tradicionales como el caso de Wirikuta, es porque no hay justificación alguna para que so pretexto de que al existir un metal que puede ser explotable como la plata, se invada a sitios sagrados, a través de concesiones.
En la primera parte de una entrevista pre-grabada con Ricardo Rocha, el Ombudsman nacional, señaló que por lo mismo, están solicitando respetar culturas, tradiciones y territorio, con el objetivo de continuar una cultura muy antigua en el país, ya que según la Cosmogonía, es el lugar donde se originó la creación del Universo, que además tiene una clara convicción de que es un sitio en donde se otorgaron las concesiones a diversas empresas mineras.
De acuerdo con Plascencia Villanueva, son miles de millones de toneladas de plata las que se encuentran sepultadas debajo de una extensión, alrededor de 140 mil hectáreas de un semidesierto y centro ceremonial y tradicional para un pueblo indígena.
Por lo mismo, se habla de decenas de títulos de concesión para empresas mineras que están coparticipando ahí.
Agregó que pese a que por el momento fueron donadas 72 hectáreas de 140 mil, con el objetivo de que se preserve la tradición de la comunidad indígena, el problema en este lugar es muy complejo, ya que tiene que ver con un entorno en donde esta comunidad ha venido celebrando costumbres y tradiciones durante años.
Además, un punto grave es la destrucción de la zona, porque las minas suelen llevar a cabo la perforación a cielo abierto y en ocasiones a través de túneles.
Por otra parte, Raúl Plascencia comentó que por lo menos son tres los principales derechos humanos y culturales que se están vulnerando con la determinación tomada a favor de las mineras canadienses.
Uno de ellos, tiene que ver con el derecho a la legalidad, lo cual está previsto en la Constitución ya que establece que cuando se pretende tomar una decisión sobre una comunidad indígena o un pueblo tradicional, esto debe ser consultado.
«En este caso no hubo un proceso de consulta, esto implica un agravio adicional, que es no seguir un proceso adecuado y debido», dijo.
Como segundo punto, está la violación no sólo a la legalidad, sino también al debido proceso, y el tercer punto es un atentado en contra de un derecho a la cultura, al desarrollo adecuado de los pueblos y comunidades indígenas.
«Tenemos en México un pacto internacional de derechos sociales, culturales que asimismo en términos internacionales demanda también la necesidad de que se respeten este tipo de casos que en este supuesto no se está dando».
Por lo mismo, señaló que en su recomendación habla de varios aspectos sobre este asunto como realizar con mucho cuidado el procedimiento bajo el cual se otorgaron las concesiones.
Además, analizar a través de un proceso de consulta, la opinión de pueblos y comunidades indígenas y tomar medidas para preservar sitios sagrados de pueblos originarios en nuestro país, que tienen el derecho a que se les reconozcan sus costumbres, tradiciones y cultura, pero más aún a que el Estado mexicano los apoye en la preservación de su cultura.
Por otra parte, sobre el aumento de tortura que se registró durante el gobierno Calderonista, el Ombudsman indicó que sin duda se ha dado un incremento exponencial de las quejas, ya que mientras hace 6 años se hablaba de entre 5 y 10 quejas, en 2011 fueron cerca de mil 800 los asuntos de este tipo.
Mismo caso en el de las desapariciones forzadas, ya que mientras hace 6 años, son 4 ó 5 los casos exponenciales de denuncias con esas características, en 2011 hubo cerca de 250 casos reportados en la CNDH.
Lo cual da una idea de que la estrategia contra el crimen, no sólo elevó el nivel de violencia de los delincuentes contra la sociedad, sino también incrementó la violación a derechos humanos y no garantizó mayor seguridad ni tranquilidad para la sociedad.