12 de Julio 2011
La muerte de los 14 mineros después de la explosión del Pozo 3 de la Minera Binsa en Sabinas, Coahuila, no fue en vano, pues generó compromisos, acciones y previsiones que deberán mejorar las condiciones de seguridad y laborales de todos los trabajadores de la zona carbonífera, con el fin de evitar explosiones y más tragedias
A lo largo de la historia, las muertes por explosiones de gas grisú que está asociado a la extracción de carbón mineral en el subsuelo, han sido recurrentes; sin embargo, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, hizo dos compromisos a nombre del gobierno federal con los deudos de los muertos del 3 de mayo.
El primero de ellos era que «las muertes de estos 14 mineros no serán en vano y se tomarán medidas, se aplicarán programas y se aplicará la ley en contra de los empresarios que no se ajusten a las medidas de seguridad para los trabajadores».
El segundo de los compromisos fue «que las viudas no iban a quedar en el desamparo», porque se iba a luchar por conseguir indemnizaciones, pensiones y becas para los hijos, que quedaron en la orfandad, que suman 29.
En la segunda parte de la entrevista brindada a Notimex por el secretario, a casi 40 días de ocurridos los hechos, informó que ya la mayoría de las viudas recibe sus pensiones, que habrán de ser vitalicias y 29 hijos de los mineros reciben becas iniciales de 800 pesos, aunque estos montos se habrán de incrementar.
Explicó que con el apoyo de la Procuraduría Federal para la Defensa del Trabajo (Profedet), las viudas demandaron al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por no haber auditado a la empresa para revisar que todos sus trabajadores estuvieran inscritos en el padrón laboral, y los que estaban dados de alta estaban registrados con salario de 104 pesos al día.
El funcionario federal aseguró que esta violación grave a la ley del IMSS habría generado que las familias de los trabajadores recibieran pensiones de alrededor de mil 200 pesos al mes, como ya lo hacen al menos 12 de las familias y en las próximas podrán estar cobrando todas.
Aclaró que esas pensiones y becas por 800 pesos mensuales para los huérfanos, habrán de incrementarse hasta tres mil 600 pesos y mil 800, respectivamente, una vez que el IMSS a través de la demanda reconozca que el salario real de los mineros era de 428 pesos al día.
Lozano Alarcón consideró que este resultado y los avances, son consecuencia de que tanto el gobierno federal como el estatal que encabeza «el gobernador Jorge Torres López, han actuado con gran seriedad y ha habido una extraordinaria colaboración y que el mandatario estatal ha mostrado una actitud de gran respeto por el gobierno federal y ante la autoridad que represento y cada quien en su ámbito atendió debidamente la emergencia».
Explicó que esto ha sido «a pesar de los encuentros y desencuentros, por la personalidad del ex gobernador y presidente del PRI, Humberto Moreira. La verdad es que el gobierno del estado ha actuado con gran seriedad y se atendió la emergencia».
Dijo que la emergencia concluyó cuando se rescataron los 14 cuerpos y consideró que las familias aunque con su pena, están agradecidas con la autoridad, por haber tratado el asunto con toda responsabilidad y sin generar falsas expectativas de que podrían salir con vida algunos de los mineros atrapados.
Consideró que eso permitió generar un clima de confianza en las autoridades estatales y federales, que se mantuvo hasta el final de la emergencia y que hoy le permite seguir trabajando por el sector minero con el apoyo de la gente.
Después de ello, se enfocaron los esfuerzos a cambiar las condiciones en que se desarrolla el trabajo de la minería en Coahuila y por ello, se realizó 48 horas después de concluir el rescate una reunión a la que asistieron funcionarios federales de las secretarías de Economía, de Energía, de la Comisión Federal de Electricidad, de la Profedet y del IMSS, entre otras instancias, para tomar medidas correctivas que garanticen la seguridad de los mineros.
A partir de esa reunión, también conocida como la «Cumbre del carbón», en la que participaron también funcionarios del gobierno estatal y los gobiernos municipales de la región carbonífera el lunes 9 de mayo, se lograron acuerdos que comprometen a los tres órdenes de gobierno y sobre todo a los empresarios.
De ahí surgió la advertencia de que «se aplicará de manera estricta y sin tolerancias la ley, específicamente la Norma Oficial Mexicana NOM-032 para la explotación de minas de carbón en el subsuelo».
Hoy martes se realizará en el municipio de Nueva Rosita, Coahuila, un seminario de capacitación para trabajadores, a través de los sindicatos, para las empresas y para los funcionarios de los tres órdenes de gobierno.
Ahí se dará a conocer toda la normatividad y acuerdos, así como compromisos que deberán cumplirse para dar un vuelco a la situación laboral y las condiciones de trabajo en las que laboran las empresas carboneras.