24/02/2020
La megaminería tiene consecuencias negativas sobre la salud de las poblaciones aledañas a las explotaciones, no contribuye significativamente al desarrollo económico local y puede afectar el crecimiento de otras actividades no contaminantes.
Fuente: Página 12
Declaración de investigadores del CONICET: Matías Blaustein(1), Federico Giovannetti(2), Florencia Aranciba(3), Nicolás Fernández Larrosa(4), Juan Wahren(5) y Cecilia Rikap(6)
Los últimos días de diciembre, el pueblo mendocino salió a la calle contra la modificación de la Ley 7722. Esta prohíbe la utilización de cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas en explotaciones mineras y también protege el agua. Esto significó un nuevo hito en un largo proceso de conflictividad sobre la actividad minera y sus implicancias socioambientales.
El eje del debate giró en torno a un tipo particular de explotación y no cualquier tipo de minería: la megaminería o minería metalífera a cielo abierto. Esta, a diferencia de la minería tradicional, está prohibida en muchos lugares del mundo por sus ya comprobados irreversibles efectos debido al uso de tóxicos como el cianuro. En Argentina, la megaminería se practica desde los años ‘90 y sólo siete provincias la permiten. En otras siete, la actividad fue prohibida gracias a la resistencia de los pueblos afectados.
En un renovado intento por ampliar la frontera de estas explotaciones, se procuró forzar su habilitación en provincias donde el rechazo social ya había logrado plasmarse en resguardo jurídico. Sin embargo, a pesar del freno logrado a la modificación de la ley mendocina, los intentos para cambiar la ley y permitir la megaminería continúan en Mendoza, Chubut (ley 5001) y en todo el país (como la embestida contra la Ley Nacional de Glaciares, que prohíbe la megaminería en zona glaciar y periglaciar).
En este contexto, circulan en medios diversos argumentos que generan confusión y pueden favorecer una nueva avanzada de la megaminería. No creemos que exista una intención de buscar una minería alternativa y “sustentable”, sino de hacer pasar a la megaminería como lo que no es. Como respuesta, hemos escrito, junto a otros científicas/os e investigadores del CONICET y Universidades, una declaración que refuta estos argumentos y expresa una fuerte preocupación por las consecuencias que la megaminería tiene sobre nuestra salud y nuestros territorios.
“La megaminería ‘bien hecha’ puede no tener efectos dañinos en el medio ambiente y la salud pública”. Falso. Las técnicas utilizadas tienen un alto impacto socio-ambiental. Mediante la utilización de explosivos se producen voladuras de montañas que permiten remover grandes volúmenes de roca donde se encuentra el mineral de interés. Se aplican tratamientos químicos que separan los minerales de la roca y los desechos se descartan en diques de cola, extensos cuerpos de agua artificiales dónde se depositan los millones de litros de agua con químicos tóxicos. El drenaje ácido, las filtraciones de los diques de cola en las napas y los ríos, así como otras formas de contaminación, son efectos comprobados, tal como sucedió con los derrames tóxicos en San Juan, Minas Gerais (Brasil) y Mar de Cortés (México).
Esto conlleva: 1) La degradación del paisaje y del suelo de forma permanente, la presencia de partículas en el aire y contaminación sonora. 2) La utilización y contaminación de grandes cantidades de agua en zonas en las que generalmente hay escasez de esta. 3) La exposición prolongada en el tiempo de las poblaciones aledañas a las sustancias químicas utilizadas, que implica mayor riesgo de enfermedades crónicas respiratorias, cáncer de pulmón, enfermedades renales, de la sangre y de la piel, entre otras. A la exposición crónica se suma la exposición aguda, producto de «accidentes» como derrames, accidentes de transporte, rotura de caños, o emisiones de los diques de cola, que producen trastornos cardiovasculares, respiratorios y del sistema nervioso central, entre otros.
“La megaminería genera desarrollo, empleo y diversificación de la economía regional”.Falso. En los últimos 22 años (OEDE, 2018), la minería ha generado solamente el 1,15 por ciento del empleo total (en comparación con el 5,9 por ciento de la ganadería, agricultura y silvicultura). La megaminería también tiende a destruir el empleo al tener un impacto negativo en otras actividades locales, aumentando también los niveles de pobreza. A su vez, las explotaciones de minas y canteras aportaron sólo el 2,95 por ciento del Valor Bruto de Producción total en Argentina desde el 2004 hasta el 2018 y, dentro de estas, la megaminería incidió en solo 0,49 por ciento (en comparación con el 6,95 por ciento que aportó la ganadería, agricultura, caza y silvicultura; según los informes del INDEC, 2019).
“Quienes critican a la megaminería no plantean alternativas de desarrollo local”. Falso. Se han ido construyendo diferentes alternativas de desarrollo local de acuerdo a las particularidades de cada región. Un ejemplo es la promoción de actividades preexistentes (como la vitivinicultura, olivicultura, fruticultura, turismo, etc.) con una perspectiva agroecológica o en consonancia con el ambiente y las necesidades de las comunidades locales. Estas actividades tienen una alta potencialidad para desarrollarse en los territorios y contribuir a su diversificación productiva. Lo mismo ha ocurrido con la propuesta de las energías renovables, por parte de poblaciones que se enfrentan al fracking, o la agroecología, que se impulsa en simultáneo a las luchas contra los impactos socioambientales del agronegocio.
En síntesis, las experiencias históricas y las evidencias científicas disponibles llevan a la conclusión inequívoca de que la megaminería (al igual que otras actividades extractivas) atenta gravemente contra la salud y el ambiente de las sociedades donde se instala. Por esto, el objeto del debate no debería ser el modo de habilitar la megaminería allí donde está prohibida, sino la necesidad de extender la salvaguarda de la prohibición de esta explotación a todo país. Para esto, es fundamental involucrar al conjunto de nuestro pueblo en las decisiones políticas relativas tanto al desarrollo de la megaminería como de cualquier otra actividad contaminante.
(1) Dr. en Biología. iB3-Dpto. de Fisiología y Biología Molecular y Celular-UBA, Investigador de CONICET
(2) Lic. en Psicología. Unidad de Neurobiología Aplicada, CEMIC, Becario de CONICET
(3) Dr en Sociología. CENIT-UNSAM, Investigadora de CONICET
(4) Dr en Biología. Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias-UBA,Investigador de CONICET
(5) Dr. en Cs. Sociales. Instituto de Investigaciones Gino Germani-UBA, Investigador de CONICET
(6) Dra. en Economía. IICE-UBA. Investigadora de CONICET