Esta historia se ubica en La Puya, Guatemala, una zona de conflicto en la que el agua es defendida por la población de sus comunidades, arriesgando incluso sus vidas con tal de mantener su preciado oro azul,. Nos la contó Álvaro Sandoval, miembro de la Comunidad en Resistencia Pacífica La Puya, en su visita por Madrid. Y como su visita ha pasado un poco desapercibida en España, creemos que es bueno difundirla. Porque es posible que su historia se repita, y pronto, en España.
Sandoval paso por España de la mano Brigadas Internacionales de Paz y Amnistía Internacional a contarnos una historia. De lucha y ambición. En su Guatemala natal. El conflicto comenzó un 2 de marzo de 2012, cuando las comunidades hicieron frente al avance de un proyecto minero en sus tierras.
Entonces, una mujer se plantó delante de las máquinas desafiando con su vida el avasallamiento que pretendía realizar la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A. (Exmingua), subsidiaria de la canadiense Radius Explorations Ltd. Este fue el inicio de un proceso de resistencia no violenta de unas comunidades que por más de dos años lleva vigilando 24 horas al día los accesos a sus tierras.
La Comunidad en Resistencia Pacífica La Puya continúa oponiéndose a la actividad minera en sus tierras. Álvaro Sandoval, como representante de una comunidad en resistencia contra una minera, explica que “a día de hoy la policía tiene entre 6 y 8 patrullas que a diario custodian la entrada a la mina”, para que así la empresa pueda avanzar en su intención de extracción de oro. Nos dice que las comunidades se mantienen firmes, y dicen: “Mi tierra no se vende”.
Está haciendo una gira por Washington, Barcelona, Madrid y Bruselas, solicitando apoyo para la realización de un nuevo estudio de impacto medioambiental, y que esta vez sea independiente, con el objeto de parar las intenciones de Exmingua, ahora subsidiaria de la norteamericana Kappes Kassiday & Associates (KCA).
Para entender esta historia tenemos que adelantarnos a 2011, cuando las poblaciones de La Puya tuvieron conocimiento de los intereses de la empresa de extraer el oro de sus tierras. A sabiendas del impacto contaminante en el agua de las prácticas para la obtención del preciado metal, miembros de las comunidades fueron a preguntar a las autoridades competentes por el necesario estudio de impacto medioambiental.
Sandoval nos cuenta que las autoridades les dijeron que no se preocuparan, que el proyecto no saldría. Si bien tiempo después supieron que el Ministerio de Energía y Minas guatemalteco aceptó el citado estudio y que había autorizado la explotación.
Según se resalta en el informe de Amnistía Internacional “ La minería en Guatemala: Derechos en peligro” las comunidades deben disponer de información completa y objetiva, facilitada de forma clara y culturalmente adecuada. Marta Mendiola, responsable DESC de Amnistía Internacional España, nos aclara que en Guatemala existe un clima de impunidad importante, y que no se cumple con las obligaciones de consulta a las comunidades previa a la concesión de una explotación.
En este contexto, las personas que defienden los derechos humanos están sufriendo ataques e intimidación. En 2003 UDEFEGUA, ONG especializada en la defensa de Derechos Humanos, registró un total de 657 casos de agresión contra defensores y defensoras en Guatemala. La relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos señaló en un informe de 2013 que Guatemala era uno de los seis países que habían recibido el mayor número de comunicaciones de su oficina, de las cuales la tercera parte se refieren a denuncias de asesinatos y de tentativas de asesinato.
El reto que nos plantea Álvaro Sandoval es difícil, puesto que “los empresarios fuertes de Guatemala están detrás de estos proyectos, y ellos han hecho siempre lo que han querido”. Ante ello recalca la importancia de la resistencia no violenta.
Para acabar, Sandoval nos avisa que lo que vemos lejano puede suceder en nuestra tierra. En España la ciudadanía empieza a movilizarse ante la entrada del fracking en el territorio español o la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre EEUU y la UE, conocido como TTIP por sus siglas en ingles. De momento cientos de municipios se han declarado libres de fracking, según el registro de Amigos de la Tierra. Ecologistas y comunidades autónomas se enfrentan al Gobierno por esta técnica que podría contaminar los acuíferos subterráneos. Aquí también empezamos a asumir que el agua es un derecho que hay que defender.
¿Nos han de importar las causas y los derechos globales? En un mundo tan interconectado está claro que deberíamos. La defensa de los derechos humanos y del medio ambiente nos debe tocar a todas las personas, desde la exigencia de cumplimiento a nivel global y actuando desde lo local, puesto que con frecuencia es implicándonos desde lo pequeño como podemos cambiar el mundo