La trasnacional Oro East Mining justifica sus procedimientos al asegurar que cuenta con tres permisos de la Secretaría de Economía
Sin embargo, carece del estudio de factibilidad ambiental que otorga la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y de diversos trámites ante la Federación, como la Comisión Nacional del Agua
Segunda de tres partes
La trasnacional Oro East Mining justificó sus operaciones en Tulcingo del Valle para extraer antimonio de las minas de la región, bajo el pretexto de contar con tres permisos de la Secretaría de Economía que amparan una superficie de 911 hectáreas comprendidas en dos municipios más, Albino Zertuche y Chila de la Sal. Sin embargo, los tres se encuentran a nombre de la persona física Reyes Gilberto Percástegui Olguín, su intermediario con los propietarios de las parcelas explotadas.
Sin embargo, la empresa minera carece del estudio de factibilidad ambiental que otorga la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y de diversos trámites ante la Federación, como la Comisión Nacional del Agua. Además, no ha obtenido el cambio de uso de suelo otorgado por el Ayuntamiento de Tulcingo del Valle. Y aun así, el saqueo de antimonio en la región continúa.
Ante la presión de los habitantes de Tulcingo, ayer el edil priista visitó las instalaciones de la Secretaría de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial (SSAOT) para corroborar que los permisos federales que les presentaron sean auténticos.
Sin embargo, Ulises Rodríguez en su intento de explicar la presencia de Oro East Mining en la región, cayó en una serie de contradicciones, pues mientras la gente del municipio afirma que desde hace ocho meses los representantes de la empresa arribaron a la Mixteca poblana, el alcalde señaló que apenas tres meses atrás se enteró de la presencia de gente asiática en el municipio que gobierna y un mes después tuvo el primer contacto con ellos.
Los permisos federales que presentó la empresa están marcados como títulos de concesión minera con los números 240955, 2409576 y 240957, los cuales están firmados por el director general de minas de la SE, Miguel Ángel Romero González, y que dan a la empresa estadunidense la posibilidad de explotar los predios El Encanto, San Gabriel y Esperanza por 50 años.
Los permisos federales
Los tres permisos expedidos por la Dirección de Minas de la Secretaría de Economía demuestran la ilegalidad con la que la trasnacional ha operado, debido a que empezaron a saquear las minas desde hace ocho meses y estos documentos fueron expedidos apenas el 18 de octubre pasado.
El primer título de concesión que tiene la firma estadunidense está marcado con el número 240955 y da facultades a la empresa de utilizar el predio conocido como La Esperanza con una superficie de 200 hectáreas, ubicado en Tulcingo del Valle.
El segundo asentado en el número 240956 y contiene los permisos para el predio El Encanto de 518.2125 hectáreas, ubicado en Tulcingo y Albino Zertuche.
El último permiso comprende el terreno conocido como San Gabriel, que tiene una extensión de 193.6706 hectáreas en Tulcingo e integra el expediente 240957.
Los tres documentos fueron expedidos el 18 de octubre y tienen vigencia hasta el 2062 por la dependencia federal con la firma del director general de Minas de la SE, Miguel Ángel Romero González y entregados a Gilberto Olguín Reyes, la persona que el pasado domingo intentó convencer a los habitantes de Tulcingo en una asamblea que se convirtió en una comilona, y quien es señalado como el promotor de los convenios de explotación de las minas con los dueños de las parcelas, en los que pretenden pagar 5 dólares por tonelada de antimonio que extraigan, cuando en mercados internacionales este mineral alcanza los 16 mil dólares.
La visita a la SSAOT
En la vistita a la Secretaría de Sustentabilidad Ambiental, los funcionarios que recibieron al edil de Tulcingo del Valle, Ulises Rodríguez Campos, lo asesoraron sobre los permisos que Oro East Mining debe cumplir antes de entregar el cambio de uso de suelo y le dejaron en claro que es primordial el estudio de factibilidad ambiental por parte de la Semarnat.
Al respecto, el priista detalló que entregó los permisos federales que les entregaron para revisar su autenticidad, e informarles a sus pobladores sobre el tema. Al mismo tiempo, entregó un oficio “en el que le pedimos al gobierno del estado una vinculación municipal para que tratemos este asunto relacionado con la minería en Tulcingo”.
Este documento, según el alcalde, lo entregó en el Congreso de Puebla, en la Semarnat, la Profepa y la delegación de la Secretaría de Economía, para que el procedimiento se lleve a cabo de manera transparente.
En agosto se dio el primer acercamiento entre la dependencia estatal y el Ayuntamiento sobre el tema de la minería en la región, pues trabajadores de la SSAOT llegaron a Tulcingo para revisar que trabajos se llevaban a cabo y les recomendaron cerciorarse de que la minera cumpliera con todos los permisos antes de que explotaran la zona, pues había rastros de que derribaron árboles e implementaron un camino de terracería para llegar a la zona de extracción de minerales.
En la lista se encuentran la regulación de la tierra en el Registro Agrario Nacional, los permisos de agua en la Conagua, permiso de construcción en la Secretaría de Relaciones Exteriores, darse de alta en Hacienda y que la Secretaría de Economía regule la actividad minera y los de alta en el registro de inversión extranjera directa.
Además de darse de alta como patrón en el IMSS para que la Secretaría del Trabajo garantice la seguridad de los trabajadores y, además, que la Sedena autorice el uso de explosivos.
La incongruencia
Fue por reportes ciudadanos que Ulises Rodríguez se enteró de la presencia de personas asiáticas en el municipio que gobierna.
“Desde hace tres meses nos dimos cuenta, porque había gente que decía ver a ciudadanos chinos que andaban en las calles y que tenían conocimiento de que explotaban una mina. Emitimos un oficio a la SSAOT para que nos visitaran y tomaran cartas en el asunto. Ellos nos comentaron que la exploración había sido abandonada, que se ve que hace un mes hicieron un camino de terracería y habían tirado árboles.”
Aunque la empresa se aprovechó de la ignorancia y de la avanzada edad de los propietarios y ejidatarios, el priista desconoce los términos de los contratos que establecen pagar una regalía de 5 dólares por cada tonelada del mineral que extraigan y que en caso de algún problema legal, tendrán que trasladarse a San Luis Potosí, donde está la sede de la empresa.
Incluso reconoció que el proyecto de que la empresa construya una planta tratadora de agua también es idea de su administración, pues “les pedí que explicaran los beneficios para el municipio, pensando en la ciudadanía y llegamos a la conclusión de que hace falta una planta tratadora de agua”.