LA PRENSA, 20 de abril 2010, Por: Wilder Pérez R.
El río San Juan está otra vez en medio de las diferencias entre Costa Rica
y Nicaragua, esta vez porque el país del sur dio carta libre a la
explotación minera cerca del cuerpo de agua.
El gobernante Daniel Ortega Saavedra debe aprovechar la visita de la
presidenta electa de Costa Rica, Laura Chinchilla, para convencerla de
evitar que Industrias Infinito ejecute su proyecto de minería a cielo
abierto Las Crucitas, ubicado a pocos kilómetros del río San Juan.
En esto coincidieron el jurista Mauricio Herdocia y algunos grupos
ambientalistas que esperan detener el proyecto desde Nicaragua.
El llamado se debe a que la Sala IV Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia, de Costa Rica, declaró sin lugar el recurso de amparo
interpuesto en contra del proyecto por considerar que el mismo es dañino
para la cuenca del río San Juan, que es compartida con Costa Rica, aunque
el cauce pertenece íntegro a Nicaragua.
Herdocia insistió en que el Gobierno de Nicaragua debe incidir ante el de
Costa Rica para encontrar una solución beneficiosa para ambas naciones.
El jurista dijo que desde el punto de vista político, tanto el Gobierno
nicaragüense como Chinchilla han reiterado su oposición a este proyecto.
Pero también señaló que, desde el punto de vista jurídico, existe un hecho
negativo, como es la violación al Convenio para la Conservación de la
Biodiversidad y Protección de Áreas Silvestres Prioritarias de
Centroamérica.
Si Costa Rica permite la ejecución del proyecto, estaría violando además
el Tratado de Estocolmo 1972, sobre derechos ambientales; la Convención de
Río de Janeiro, sobre la protección de la biodiversidad; y la Agenda 21,
sobre desarrollo sostenible.
Las leyes ambientales internacionales también garantizan que ningún Estado
dañe a terceros por actividades desarrolladas dentro de sus territorios,
según Herdocia.
“Hay que aprovechar la visita de la Presidenta (Chinchilla), ella es muy
sensible y receptiva a esta iniciativa… ha dicho que no va a dar más
permisos en el futuro, hay que decirle que tampoco permita proyectos del
pasado”.
“Está garantizado en el Corpus de Derecho Internacional relativo al medio
ambiente, según la Corte Internacional de Justicia”, dijo el jurista.
Herdocia recordó que el Gobierno de Nicaragua debe aprovechar que
Chinchilla ya ha declarado públicamente que se opone a dar permisos a
proyectos mineros en el futuro, por lo que hay que convencerla de que
tampoco permita que durante su administración se realicen ese tipo de
actividades aprobadas en tiempos pasados.
Herdocia menciono que, si bien Nicaragua tiene todas las cartas a su favor
para demandar a Costa Rica si el proyecto se ejecuta, la idea es resolver
el problema de tal manera que ambos países salgan beneficiados, de ahí la
importancia que Ortega y Chinchilla pasen de las palabras a los hechos.
En esto mismo insistió Amaru Ruiz, miembro de la Fundación Hijos del Río,
que junto al Centro Humboldt y otras organizaciones no gubernamentales
intentan evitar la ejecución del proyecto.
Ruiz dijo que el Gobierno de Nicaragua debe defender el río San Juan
basado en los principios de precaución ante posibles daños, ya que el
Estado no debe esperar a que ocurra un accidente en Las Crucitas para
demandar a Costa Rica.
El proyecto de minería a cielo abierto Las Crucitas es una amenaza
ambiental para Nicaragua porque se ejecutará a distancias de entre cinco y
tres kilómetros del cauce del río San Juan, que queda a pocos metros de la
frontera entre los países involucrados, pero junto al río El Infiernito,
que descarga sus aguas en el río nicaragüense.
De ejecutarse el proyecto, el río San Juan quedaría expuesto a los
llamados “accidentes ambientales”, que no son extraños en ningún tipo de
industrias, menos aún en una zona sísmica, como Las Crucitas.
Un “accidente ambiental” envenenaría por largo tiempo las aguas del río
San Juan, con lo que se echaría a perder el río más caudaloso de
Centroamérica.
Tomado de: http://www.laprensa.com.ni/2010/04/20/nacionales/22268