Pablo de la Flor, Presidente de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, ha salido a decir esta semana que “la empresa minera Las Bambas, que opera en Apurímac, está siendo objeto de una serie de medidas de hostigamiento y chantaje por parte de grupos violentistas que sistemáticamente vienen bloqueando las vías de comunicación hacia la mina”, denunciando que le estarían pidiendo a esta empresa, supuestamente, “cupos” por transitar por una vía nacional. Pide mano dura del Estado para restaurar el principio de autoridad[1].
Sintomáticamente el mismo día, 25 de febrero, en la ya conocida página pro minera Lampadia, Jaime de Althaus desarrolla un discurso en la misma línea[2], culpando a los pobladores de evitar el “desarrollo” del país, y acusando que las protestas y reclamos por contaminación que se están dando en el sur andino, es responsabilidad, por un lado de ONG como Derechos Humanos Sin Fronteras y la “izquierda peruana” que destruyen al capital, a la inversión y al desarrollo, y por otro lado de abogados supuestamente especializados en extorsión a empresas mineras que instigan a la toma de carreteras. En igual sentido, reclama al Estado “organizarse” para facilitar la inversión minera.
El 26 de febrero, aparece en El Peruano, el Decreto Supremo Nº 038-2019-PCM, que amplía el Estado de Emergencia en parte del corredor minero del sur (Apurímac – Cusco – Arequipa) que conduce a la minera Las Bambas, por 30 días calendario a partir del 27 de febrero, con ello mantiene esta zona militarizada, con restricción de derechos para los ciudadanos, solo con el fin de garantizar que las empresas mineras, dígase Las Bambas, Antapacay, Glencore, Hudbay, sigan transitando sin ningún reclamo de la población.
Paradójico, porque durante estos mismos días hemos visto un sector minero muy activo participando justamente en el espacio del Ministerio de Justicia, en que se está promoviendo la construcción del Plan de acción Empresas- Derechos Humanos, manifestando su interés por incorporar estándares de derechos en su actividad. De igual forma, acaban de lanzar un vídeo promocionando una nueva visión de minería en el marco del llamado Plan minero al 2030 donde señalan que quieren una minería inclusiva en le marco de la buena gobernanza y el desarrollo sostenible, que sea valorada por la sociedad. Parece que el sector minero vive en un mundo paralelo, pero lo peor es pensar que el Estado también está en la misma dinámica.
Bien que si promuevan Planes sobre Derechos Humanos y Empresas, bien que se piense en una nueva minería, pero no es posible creer en estas apuestas si a la vez se mantiene vivo ese discurso rancio, discriminatorio y violento del empresariado minero, o si el gobierno sigue con las políticas represivas contra la gente que lo único que hace es reclamar ante los abusos de estas empresas y reclamar por derechos mínimos.
Acaso no es real que en el sur andino las empresas mineras están usando de manera abusiva la carretera, transitando con casi 500 camiones diarios que levantan polvos, generan ruidos y afectan a la población, y no se quiere hacer nada al respecto. Acaso no es real que en Cajamarca, la minera GoldFields ha causado un desastre ambiental en diciembre, derramando relaves de lodo tóxico en varios centros poblados y que aún no quiere reparar nada; no es cierto acaso que el personal de seguridad de la minera Antapacay, está comprometida en denuncias por agresiones contra familias campesinas.
Solo mencionamos estos pocos casos concretos para graficar que lo que hay en los territorios donde operan las mineras no son violentistas, no son extorsionadores, no es la conspiración de las ONG izquierdistas, lo que hay son poblaciones afectadas y marginadas, a las cuales ni el Estado ni las empresas le quieren solucionar los problemas, y a quienes solo les llega la represión, la militarización, mientras reclaman por las afectaciones y los abusos.
No señores, no pretendan que creamos que la minería va a cambiar con discursos, con documentos bien redactados, con declaraciones sobre respeto de los derechos. Creeremos en un sector diferente cuando no haya más estos discursos discriminadores, instigadores al odio y la violencia contra los pobres de parte de los empresarios y sus aliados, cuando esta estructura creada para proteger los intereses empresariales se suprima, cuando los mecanismos represivos como los Estados de emergencia o los convenios en los que “se alquila a la Policía nacional” a los privados para que reprima a la población, cuando se fortalezca el sistema de control y fiscalización ambiental, cuando realmente se generen normas para que las empresas sean responsan, reciban sanciones, y sean obligadas a reparar los daños que causan. No podemos hablar de nueva minería con respeto a los derechos humanos en discursos, mientras en las alturas se afecta y mata a la gente.
Fuente:http://www.noticiasser.pe/opinion/ni-violentistas-ni-chantajistas-entiendan-la-mineria-esta-violando-derechos?fbclid=IwAR07VA0adIHEseX6RHAs0xiOPLGY1DyI7djJvToz5NnwcQ03fw3EM_hY3Mo