A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL
El pasado 24 de septiembre y en cumplimiento de una ejecutoria del Noveno Tribunal Colegiado de Primer Circuito, el pleno del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) emitió sentencia final (Exp. 170/00-05-02-9/634/01-PL-10-04-QC-DA) en el proceso legal que PRO SAN LUIS ECOLÓGICO siguió en contra de la operación de la transnacional canadiense NEW GOLD-MINERA SAN XAVIER (MSX) en CERRO DE SAN PEDRO, San Luis Potosí, en cuyas páginas 239 y 240 se establece que:
“…con fundamento en el artículo 239-B, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, se deja sin efectos la resolución de autorización condicionada al proyecto minero, a favor de Minera San Xavier, S.A. de C.V., contenida en el oficio S.G.P.A./DGIRA.DG.0567/06 de fecha 10 de abril de 2006, emitida por el Director General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y se otorga a éste, quien incurrió en incumplimiento a la sentencia dictada por este Órgano Jurisdiccional el 5 de octubre de 2005, el término de VEINTE DÍAS para que emita y notifique a la parte actora la resolución a través de la cual dé el debido cumplimiento a la sentencia…”
La sentencia del 5 de octubre del 2005 anuló de forma definitiva el proyecto de MSX, y fue producto de otra ejecutoria lograda en el amparo D.A.65/2004-873 del 23 de junio del 2004, por la cual el Noveno Tribunal ordenó al pleno del TFJFA emitir una sentencia “…en la que resolviendo conforme a derecho, ponga de manifiesto las ilegalidades que en esta ejecutoria se han evidenciado, en tanto que ni de forma condicionada debió otorgarse la autorización de cambio de uso de suelo…” a MSX en Cerro de San Pedro (pag. 202).
La respuesta de SEMARNAT fue el incumplimiento de la sentencia, otorgándole un nuevo permiso de cambio de uso de suelo a MSX el 10 de abril del 2006, incluso con menos condicionantes que el expedido en 1999. Este acto finalmente se ha declarado indebido e ilegal por un tribunal del Poder Judicial de la Federación, que determinó que desde 2005 el asunto era cosa juzgada: el proyecto de MSX en Cerro de San Pedro era violatorio, entre muchas otras, de diversas leyes ambientales y un decreto, mismos que protegían la zona que pretendía explotar la empresa y que había sido declarada para la restauración y preservación de la vida silvestre.
También violaría normas oficiales de protección a cactáceas endémicas en peligro de extinción; pondría en riesgo al valle de San Luis y su entorno con la modificación y contaminación irreversibles de un enorme territorio habitado por más de 1,300,000 personas; sobre explotaría y pondría también en alto riesgo al acuífero profundo, etcétera. Ello sin mencionar la pérdida irreversible de patrimonio histórico de la nación.
La licencia de cambio de uso de suelo que ilegalmente obtuvo la MSX en 2006 no fue producto de un error. Fue redactada en el despacho jurídico de Ángel Candia Pardo, abogado de la empresa y del Partido Acción Nacional en el estado de San Luis Potosí, quien con un grupo de personalidades del sector privado y de los tres niveles de gobierno, además del apoyo de la empresa en Canadá, decidieron imponer el negocio minero de tajo a cielo abierto a costa de las leyes, de la soberanía nacional, de la salud de los potosinos y del patrimonio ambiental e histórico de las futuras generaciones de mexicanos.
De lo anterior existen suficientes pruebas que han aportado los miembros del Frente Amplio Opositor a New Gold-Minera San Xavier, y que han sido ignoradas por diversas autoridades facultadas para intervenir en el caso. Al amparo de una licencia ilegal y de la violación de una sentencia definitiva, la New Gold, a través de MSX, decidió operar en territorio mexicano con saldos devastadores: en tan sólo 34 meses y sin poder trabajar al 100% la empresa canadiense, entre otras cosas, ha desaparecido dos montañas históricas y sepultado extensas superficies de territorio protegido. Estamos ante uno de los casos más dramáticos y representativos de los impactos ambientales que genera la corrupción globalizada en nuestro país.
Por todo lo expuesto, los abajo firmantes exigimos la inmediata ejecución de la sentencia del pasado 24 de septiembre, así como el cese definitivo de las operaciones ilegales de New Gold-Minera San Xavier en San Luis Potosí. Exigimos también, respetuosa y enérgicamente al Poder Legislativo, la formación de una comisión interparlamentaria que investigue a fondo el caso y contribuya a deslindar responsabilidades de cara a la nación.
Estaremos atentos del estricto apego al Estado de Derecho por parte de las autoridades del país, así como ante cualquier intento de montar un desacato que mantenga la operación impune de New Gold-Minera San Xavier en Cerro de San Pedro.
¡ALTO A LA IMPUNIDAD!