El más reciente golpe fue propinado por un tribunal de Costa Rica a la empresa canadiense Infinito Gold, a la que ordenó quitar la concesión de una mina a cielo abierto que tiene más de un millón de onzas de oro, en un fallo aplaudido por ecologistas, pero que complica al gobierno de Laura Chinchilla.
La compañía, que dijo que apelará la sentencia, tiene la opción de exigir una suculenta indemnización al gobierno costarricense, pero eso tomaría tiempo. Infinito ha gastado US$127 millones en la mina Las Crucitas, sin haber extraído una pepita de oro ni recuperado un centavo de su inversión.
“Costa Rica se puso los pantalones largos. Es un ejemplo para otros países de la región que ya están bien afectados en el tema minero y poder ver allí que la última palabra no la tienen las empresas mineras que están continuamente amenazando con demandar internacionalmente”, dijo la directora de la Fundación Panamá Sostenible, Raisa Banfield.
“Este fallo debería ser un ejemplo para los países que estamos siendo víctimas de los caprichos de las empresas mineras”, agregó Banfield.
La actividad minera no solo ha sido puesta en entredicho en Costa Rica, sino también en otros países latinoamericanos.
El Congreso de Argentina convirtió en ley el 30 de septiembre un proyecto que protege los glaciares y fija severas restricciones a la minería; mientras en Perú –con larga tradición minera — pobladores de la región sureña de Arequipa han protestado en los últimos días contra un proyecto cuprífero de la empresa Southern Perú, de capital mexicano.
Esta semana, una indígena guatemalteca presentó una demanda en un tribunal de Canadá alegando que su marido fue asesinado por un guardia de una mina de capital canadiense en Guatemala, informó la organización maya Waqib Kej.
La demanda por el homicidio de Adolfo Ich, perpetrado en septiembre de 2009, fue presentada por su viuda Angélica Choc contra las mineras HudBay Minerals y HMI Nickel, propietarias del yacimiento de níquel Fénix en El Estor, en el caribe guatemalteco.
Además, indígenas guatemaltecos han exigido que se paralice la explotación de una mina de oro de una subsidiaria de la canadiense GoldCorp, invocando las medidas cautelares exigidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por presunta contaminación.
En Centroamérica, la minería enfrenta el rechazo de organizaciones cívicas y ecológicas en Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Panamá. Incluso obispos católicos han pedido prohibir esta actividad por su carácter contaminante.
“Los sectores que adversan la actividad minera están estructurados y formados con argumentos, mientras que a los sectores que promueven la explotación minera, yo no les escucho una explicación lo suficientemente contundente”, dijo el analista Edwin Cabrera.
El fallo del Tribunal de Costa Rica cayó como un balde de agua fría sobre Infinito Gold, que confiaba en recuperar con creces su inversión de la mano de los altos precios del oro en el mercado mundial, superiores a 1.300 dólares la onza.
El fallo fue celebrado en las calles de San José como un carnaval, pero preocupa a los empresarios, que temen que frene la inversión extranjera.
“La eliminación de la concesión a una empresa legalmente constituida, es una mala señal para los inversionistas, nacionales y extranjeros”, advirtió la Unión de Cámaras del Sector Empresarial Privado de Costa Rica.
En contraste, en Chile la minería del cobre es el eje de una próspera economía, que este año ha generado US$4.129 millones de ganancias a la empresa estatal Codelco. El rescate de los 33 mineros que estuvieron 69 días atrapados en un socavón del Desierto de Atacama cautivó al mundo.