Desde el año 2000, aproximadamente 10 empresas mineras transnacionales han tratado de extraer oro y otros minerales del subsuelo salvadoreño, según datos de la Mesa Nacional Frente a la Minería. Tal situación amenaza las fuentes de agua de nuestro país, el cual no cuenta con un marco legal para su protección y ya experimenta el fenómeno de estrés hídrico. Debido a los graves impactos que la minería metálica causa en el ecosistema, los habitantes de las zonas afectadas se organizan para frenar las operaciones de estas empresas. En el país, la lucha en contra la minería ha cobrado cuatro vidas.
Pero esta situación no es exclusiva de El Salvador. Otro de los países que atraviesa el drama humano y medioambiental que deriva de los impactos de la minería es Ecuador. El país suramericano es víctima de un modelo de extracción que ha comprometido hasta un 20% de su territorio.
Ángel Ibarra, director de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), y Gloria Chicaiza, coordinadora del área minera de Acción Ecológica y miembro del consejo directivo del Observatorio de Conflictos mineros de America Latina (OCMAL), comentaron este lunes en nuestro set sobre los impactos de la minería metálica en las poblaciones y el medio ambiente. Además, los especialistas plantean ideas sobre modelos alternativos de desarrollo.
Para Chicaiza, el primer obstáculo en la lucha contra la minería es la desinformación de la mayoría de las poblaciones. Solo los habitantes de las zonas afectadas toman conciencia de la situación, por lo que “están las comunidades agredidas, sobre la que está la amenaza directa, y (por otra parte) los sectores urbanos seducidas con el discurso del desarrollo, con querer parecernos a Europa”, apuntó.
La situación se torna más dramática, asegura Chicaiza, ya que el modelo económico que impera en la región es de tipo extractivista, es decir basado en el despojo de recursos naturales. En el contexto nacional, Ibarra asegura que “jamás se han dedicado los territorios a resolver la problemática nuestra, sino para la exportación”, esquema que siempre benefició a la oligarquía y ahora a las transnacionales.
En las últimas décadas, el modelo extractivista ha recrudecido su voracidad, afirmó Chicaiza. “Estamos viviendo en un modelo como nunca antes. Entra a sitios impensables. Toma ríos, lagos, lagunas, glaciares, páramos, Amazonía y los convierte en desiertos”, destruyendo las formas de vida y el sustento de comunidades, destacó la ecologista ecuatoriana.
Actualmente, la tendencia de las empresas mineras es instalarse en zonas fronterizas, pues están fuera de regulaciones nacionales, enfatizó Chicaiza. Ibarra consideró acertada esta alusión y la relacionó con el caso de la mina Cerro Blanco, ubicada en el municipio de Asunción Mita, departamento de Jalapa, Guatemala, fronterizo con Metapán, en El Salvador. “La mina está caminando. Tiene el visto bueno del gobierno de Guatemala”, recalcó Ibarra, añadiendo que “a pesar que Cerro Blanco no está en el territorio salvadoreño, sí está en el territorio salvadoreño del río Lempa”, el cual se vería afectado por las grandes concentraciones de cianuro que llegaría por medio del Lago de Guija. Para el ambientalista salvadoreño, “la problemática necesita un abordaje transfronterizo”, atendiendo también a la política que desarrolla Honduras en este ámbito.
En Ecuador, país que en años recientes se aprobaron Los Derechos de la Naturaleza, orientados bajo la óptica del buen vivir inspirado en las formas de vida de los pueblos Quichua, la situación no es muy diferente a la de la región centroamericana, expresa Chicaiza, ya que existe un modelo paralelo de gobierno basado en el extractivismo. En su opinión, Ecuador “es un pastel en donde se propone petróleo, minería, refinería”. De hecho, Chicaiza criticó al gobierno del presidente Rafael Correa por aplicar una política que lleva a una “profundización del modelo extractivista que nos ha mantenido endeudados, marginados y empobrecidos”.
Para Ángel Ibarra, el papel del gobierno de Mauricio Funes frente al tema de la minería es mediocre. Aunque Funes no ha dado permiso para que se ejecuten proyectos mineros en el país en lo que va de su mandato, “ni Funes ni su partido han promovido una ley que prohíba la minería metálica. Ni siquiera han estudiado la propuesta que llevamos a la asamblea a en 2008”. El ambientalista aseguró que la minería debe quedar prohibida de manera definitiva, mediante una ley.
En Ecuador, asegura Chicaiza, existe una estigmatización de los pobladores que se manifiestan en contra de los proyectos mineros. “Las leyes dejan la puerta abierta para que la gente que protesta pueda ser encarcelada y criminalizada”, destacó. En Centroamérica, un caso parecido es el de Guatemala en el que “cerca de Cerro Blanco, en Jalapa, el gobierno de Otto Pérez han declarado estado de sitio para proteger los intereses de las transnacionales canadienses”, asegura Ibarra.
En El Salvador, aunque no existe represión del gobierno central, “las empresas han tenido tanta plata que han comprado magistrados, diputados y alcaldes”, comentó Ibarra., quien recordó que en el país “ya tenemos en la resistencia anti minera cuatro muertos”. El presidente de UNES también apuntó que “esa gente no era violenta antes de que las mineras llegaran”, y son las mineras las que, con dádivas, dividen a las comunidades y crean conflictos entre sus habitantes.
Por último, Gloria Chicaiza destacó que América Latina debe volver la vista a las formas de vida de originarias del continente, para encontrar un modelo de desarrollo que pueda coexistir con el medio ambiente. “No es el modelo de los países industrializados. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Tenemos que pensar en qué necesitamos”, destacó la ambientalista. Por su parte, Ibarra instó a los gobiernos a comprometerse en utilizar los recursos de los países en función de solventar las necesidades de sus habitantes y no para exportarlos. “La alternativa es no seguir haciendo lo mismo. Necesitamos parar el saqueo de flujo de energía y de recursos naturales de los países del sur hacia el norte”, concluyó.face