El Gobierno de Namibia suspendió la reunión extraordinaria convocada por el presidente de la República, Hage Geingob, en la que iba a abordar si se vetaba la minería de arena fosfática en el mar o se preservaba el derecho a autorizarla. Al final no hizo una cosa ni otra. El Ejecutivo aseguró a la prensa local que la revocación de la licencia ambiental a Namibia Marine Phosphate (NMP) era razón suficiente para anular el encuentro, con lo que no hubo ningún pronunciamiento oficial sobre qué pasará en el futuro con esta actividad, que ha dividido al partido Swapo y al país.
El ministro de Medio Ambiente, Pohamba Shifeta, es el único que ha defendido públicamente la mina de NMP, y fue su propio departamento el que firmó la licencia ambiental. El enorme revuelo generado en el país le obligó a recular, pero solo en parte. Shifeta mantiene que la industria pesquera tiene tres meses para presentar alegaciones contra el proyecto, un plazo que se extiende a los seis meses para el público en general. Si en ese periodo ningún informe científico «independiente» prueba que la minería de fosfato perjudica a la actividad pesquera su ministerio podría aprobar de nuevo la exploración.
La minería marina de fosfato no se ha hecho de momento en ningún país, e implica la remoción y dragado del lecho marino. Los expertos aseguran que es «devastadora» para la pesca, tanto por el daño que causa en el sedimento (donde habitan especies como el rape) como por la contaminación de toda la columna de agua. Cerca de 40 barcos de capital gallego faenan en Namibia.