06 de diciembre 2011
Las autoridades de Estados Unidos anunciaron hoy una multa récord de 10,8 millones de dólares a la compañía propietaria de la mina Upper Big Branch, en Virginia Occidental, donde 29 personas perecieron y dos resultaron heridas en abril de 2010 a consecuencia de una explosión de gas metano.
La Agencia de Seguridad y Sanidad en las Minas publicó el informe definitivo, tras 20 meses de investigación, en el que asegura que el accidente se debió a «fallas en la medidas de seguridad» de la empresa Massey Energy Co, que operaba entonces la mina.
El acuerdo alcanzado ahora con Alpha, firma que adquirió Massey a comienzos de 2011, incluye además la creación de un fondo de salud, otro para mejoras en la seguridad y la compensación a las víctimas civiles y familiares, cuyo valor total asciende a 210 millones de dólares.
El accidente de Upper Big Branch, que según la agencia federal pudo ser «evitado», fue el más grave en los últimos 40 años en EE.UU. tras causar el derrumbe de casi 3 kilómetros de túneles donde trabajaban los mineros.
La secretaria de Trabajo, Hilda Solís, celebró la decisión al subrayar «que puede permitir avanzar hacia un cambio en la cultura de las medidas de seguridad que fueron claramente infringidas en las minas de Massey».
«La conclusión de la investigación indica que Massey instauró una mentalidad laboral que puso la producción por encima de la seguridad y vulneró la legalidad poniendo en peligro la vida de los mineros», agregó Solís en un comunicado.
La mina en la que se produjo la explosión tenía un largo historial de violación de las regulaciones de seguridad por el que tuvo que pagar casi un millón de dólares en multas un año antes de la fatal explosión.
Según el informe, la compañía no aseguró la adecuada ventilación de la mina para evitar la acumulación de gases y evitó medidas adicionales de seguridad como la aplicación de polvo de piedra caliza para evitar la combustión.
Además, los gerentes de Massey ocultaron reiteradamente los riesgos de seguridad cada vez que inspectores federales acudían a realizar inspecciones en la mina subterránea.
Como resultado del acuerdo, Alpha no enfrentará cargos criminales por el fallecimiento de los mineros.
El consejero delegado de Alpha, Kevin Crutchfield, indicó en una escueta nota de prensa que «creemos que los acuerdos alcanzados representan el mejor modo de seguir adelante para todo el mundo».