Más de un centenar de mujeres lideresas de 34 territorios a nivel nacional e integrantes de organizaciones de mujeres, con el apoyo de la no gubernamental Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local (Red Local), se dieron cita a fines de agosto para crear la llamada Alianza Nacional por los Derechos Humanos de las Mujeres para la defensa de sus territorios. Estos han sido asediados por las nuevas políticas de posesión de la tierra, amparadas en el marco legal nacional y apoyadas por el gobierno para la implementación de megaproyectos, que están tensionando la vida de las comunidades rurales a nivel nacional.
La derogación de la Ley 840 del Gran Canal Interoceánico, aprobada por el gobierno en junio del 2013 sin ser consensuada con la población, la cancelación de las concesiones mineras que ya cubren el 13% del territorio nacional, el cese de la promoción de plantaciones de monocultivos de caña de azúcar, palma africana y ajonjolí que están afectando la soberanía alimentaria al destinar grandes extensiones de tierra para rubros de exportación, y la suspensión del otorgamiento de permisos para la construcción de presas hidroeléctricas que afectan el medioambiente, son algunas de las demandas al gobierno del presidente Daniel Ortega que encabezan estas lideresas territoriales.
Durante el encuentro, celebrado en Juigalpa, departamento de Chontales, ubicado a 140 km al centro-sur de Managua, las mujeres afirmaron en un mensaje a la nación que “si tocan el territorio, tocan nuestros cuerpos y nuestra integridad como personas. No queremos que nos impongan dónde y cómo debemos vivir en nuestro propio país”.
Asimismo en su mensaje las mujeres denunciaron que “estamos en manos de transnacionales que compran conciencias y corazones, que nos están exiliando de nuestros propios territorios. Nuestras reservas y áreas protegidas están siendo destruidas por estas invasiones, ocasionando un daño irreversible a la naturaleza y las comunidades. La avaricia del gobierno está poniendo en peligro la cultura campesina. Las mujeres enfrentamos además del poder del Estado, el poder que ejercen las transnacionales sobre nuestros pueblos, vendiendo promesas y mentiras, aprovechándose del empobrecimiento de nuestra gente, y usan el acoso sexual, la violencia física, la persecución y la amenaza a nuestros hijos e hijas, para atemorizarnos”.
El principal objetivo para la conformación de esta alianza es “facilitar un espacio más amplio para las mujeres que están luchando en todo el país contra las distintas formas de explotación de sus territorios que amenazan con sacarlas de los mismos”, expresó a Noticias Aliadas Johana Salazar, secretaria Ejecutiva de la Red Local.
Mujeres unen fuerzas
Las obras del Gran Canal Interoceánico se iniciaron en diciembre del 2014 y a la fecha ya se han realizado 50 grandes marchas en diferentes partes del país por parte de agricultores y otros manifestantes que piden al gobierno que suspenda el proyecto por considerar que el canal les obligará a abandonar sus tierras y dañará el medioambiente.
La Ley 840, o Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense Atingente a El Canal, Zonas de Libre Comercio e Infraestructuras Asociadas, otorgó a la empresa China HKND Group la concesión para la construcción del canal que unirá el Pacífico con el Mar Caribe, con una longitud de 278 km, entre 230 m y 520 m de ancho y 30 m de profundidad. La obra atravesará el Lago Cocibolca, que constituye la mayor reserva de agua potable del país y con la construcción del canal sólo se usaría para la navegación.
“Mujeres y hombres no vamos a dejar que nos saquen de nuestras comunidades. No nos preguntaron si queríamos salir de nuestras comunidades, de nuestras casitas donde una vive”, dijo la concejala Fátima Duarte, participante del encuentro y representante de la localidad de El Cangrejal, a 117 km al suroeste de Managua, por donde pasará el canal.
La expansión de la actividad minera también implicaría la expropiación y reubicación de pobladores, incluso en áreas urbanas.
En el municipio de Santo Domingo, departamento de Chontales, la empresa minera canadiense B2Gold tiene intenciones de ampliar su explotación de oro al propio casco urbano de la ciudad, lo que afectará a 46 familias, las que tienen propuestas de ser reubicadas.
Santo Domingo tiene una población de 18,000 habitantes y al menos 3,600 personas se dedican a la minería artesanal, pero esta situación cambió cuando en el 2009 la empresa B2Gold compró grandes fincas a productores del municipio y su explotación fue inaugurada en el 2010 por Ortega. En Nicaragua las minas fueron nacionalizadas por la revolución encabezada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en la década de 1980 y privatizadas nuevamente por la expresidenta Violeta Barrios (1990-1996). La explotación de esta mina es a cielo abierto y desde el 2012, la B2Gold hace exploraciones subterráneas.
Contra la mina
Walkiria Marín, lideresa comunitaria que encabeza la oposición a la concesión de la empresa minera y quien representó en el encuentro de mujeres a su municipio, dijo a Noticias Aliadas que “luchamos en contra de toda la explotación de la mina en Santo Domingo, y ahora estamos enfrentando el peligro que representa una explotación en la zona urbana debido a que hay vetas de oro aquí, por lo que la empresa está interesada en robarse toda la riqueza, estamos en un sector vulnerable y le estorbamos a la mina y ellos lo que quieren es trasladarnos y reubicarnos, sacarnos de nuestras viviendas y ponerse a explotar”.
“En la actualidad, según un monitoreo que realiza el Centro Humboldt [que pone su enfoque en el desarrollo territorial y la gestión ambiental], el agua está contaminada. En nuestra zona hay cinco túneles que van a dar a un túnel que abastece del agua para tomar a la ciudad. Precisamente estamos solicitando al concejo municipal nos reciba para entregarles el informe sobre la contaminación de focos de aluminio, que se encontraron en el monitoreo que realiza Humboldt. Si ellos [la mina] tocan esta otra zona del casco urbano estaríamos diciéndole adiós al derecho al agua que tiene todo ser humano“, expresó Marín.
Según las participantes, el encuentro de mujeres fue un éxito y un ejemplo a seguir para los hombres, ya que según las lideresas, las mujeres en los territorios son más sensibles a las pérdidas que suponen los planes extractivos.
“La mayoría que apoya los megaproyectos, son hombres, los finqueros, los agricultores”, reconoce Duarte.
“Para mí”, resaltó Duarte, “otro de los mayores éxitos del encuentro fue la participación de lideresas comunitarias del FSLN, como yo, que somos partidarias del partido de gobierno y que somos ‘sandinistas’, no ‘orteguistas’. Fue un éxito también la conformación de esta red, para que las mujeres no nos sintiéramos solas en esta lucha al compartir con compañeras de otras zonas que también están luchando contra las nuevas formas de explotación de nuestros territorios”.
Fuente: Adital