Seis meses después de presentar decenas de denuncias por casos de violencia sexual cometidos en una mina de Papúa Nueva Guinea, la población local y organizaciones defensoras de los derechos humanos acusan a la mayor empresa minera de oro del mundo de aplicar «tácticas dilatorias» para ignorar los reclamos.
Una mujer denuncia que recibió un disparo de bala de goma en el estómago y que su casa fue totalmente quemada, tres hombres denuncian haber sido forzados a cometer actos sexuales bajo amenaza de arma de fuego – incluso sabiendo que uno de ellos es HIV positivo – y dos mujeres denuncian que agentes policiales las llevaron a una zona apartada y las asaltaron sexualmente.
Sin embargo, Barrick Gold, el gigante minero canadiense co-propietario de la mina Porgera, asegura que toma «muy en serio» las denuncias. La empresa apoya financieramente a las fuerzas policiales y emplea sus propios efectivos de seguridad, quienes ya fueron acusados de cometer actos similares.
La semana pasada unos 150 manifestantes locales, junto a activistas e integrantes de organizaciones defensoras de los derechos humanos, marcharon a las oficinas de la compañía demandando respuestas inmediatas.
Las denuncias contra la mina en Papúa Nueva Guinea, país con uno de los índices de violencia sexual más alto del mundo, no son nuevas. Entre otras, la organización Human Rights Watch ha documentado casos de violencia y abuso en Porgera. La gigantesca mina a cielo abierto comenzó a explotarse en 1990 y fue adquirida por Barrick en 2006.
En respuesta a estas graves acusaciones, en 2012 Barrick creó un procedimiento de recepción de quejas y asegura que compensa a las víctimas de este tipo de hechos si se presentan pruebas suficientes. En los últimos años unas 130 mujeres han recibido compensación financiera de Barrick, aunque algunas de ellas aseguran que es exigua e injustamente distribuida.
Solo en 2015, la mina Porgera — co-propiedad de Barrick Gold y la empresa china Zijin Mining Group — recibió 805 reclamos, informó un representante de la empresa a VICE News.
Unos 315 fueron solicitudes de reasentamiento presentadas por personas que viven cerca de la mina — donde la explotación de oro ha generado el aumento de la población y la violencia. Otros 200 reclamos fueron solicitudes de empleo, temas contractuales y de proveedores. La empresa se niega a revelar la naturaleza de los 290 restantes y no brinda información al respecto.
A la sombra de Porguera
En una nota fechada el 24 de junio, la organización MiningWatch Canada indicó que «En las alturas de Papúa Nueva Guinea, un grupo de defensores de los derechos humanos que vive a la sombra de una de las minas de oro más grandes del mundo, alerta a la opinión pública internacional sobre la grave situación de sus víctimas».
Por su parte, un comunicado de la organización local Akali Tange Association (ATA) difundido por MiningWatch indica que «se presentaron 256 nombres de víctimas asesinadas con arma de fuego (sic), heridas o violadas por el personal de seguridad de Barrick PJV».
ATA elevó esos nombres al mecanismo de quejas de la mina en septiembre de 2015, pero a la fecha no obtuvo una respuesta.
«El mecanismo de queja establecido por Barrick no provee un trato justo a estas mujeres, ni siquiera incluye el asesoramiento legal independiente», reveló Catherine Coumans, investigadora de MiningWatch Canada.
Barrick vendió la mitad de la mina Porgera a la empresa china Zijin en agosto de 2015, como parte de un plan para superar la debacle financiera provocada por la caída del precio internacional del oro y su desmesurada arquitectura corporativa.
Mundialmente cuestionada
La minera canadiense no genera críticas solo en Papúa Nueva Guinea. A finales de abril de este año un grupo de activistas irrumpió en la asamblea anual de la empresa, convocada en Toronto, en reclamo por un derrame de cianuro ocurrido en la mina Veladero, ubicada en la provincia argentina de San Juan.
Barrick Gold desplazó a varios cuadros gerenciales de la filial sudamericana y pagó una multa de US$10 millones por el desastre, uno de los peores en su tipo en la historia del país.
En Chile, donde opera Pascua Lama, la autoridad ambiental le impuso una multa de US$16 millones por incumplir los compromisos ambientales del suspendido megaproyecto.
Fuente original en inglés: https://news.vice.com/article/women-accuse-the-worlds-biggest-gold-mining-company-of-ignoring-rape-complaints
Con notas de MiningWatch Canada y VICE
Traducido por Luis Manuel Claps
Jueves, 7 de julio de 2016