Mujeres indígenas de Guatemala que se oponen a la presencia de proyectos mineros en sus comunidades denunciaron la situación de criminalización que afrontan por parte del Gobierno y empresas, así como la discriminación de la que son objeto al interior de sus comunidades.
En el foro público denominado “Mujeres en Defensa de la Vida, el Agua y el Territorio”, realizado en Guatemala, con el apoyo de la organización Oxfam, mujeres víctimas de acoso y persecución judicial relataron parte de su lucha contra las grandes empresas.
Es el caso de Crisanta Pérez, de la comunidad San Miguel Ixtahuacán, en el departamento de San Marcos, que denunció las violaciones a los derechos humanos de su comunidad cometidos por la transnacional canadiense Goldcorp y su proyecto minero Marlin.
Crisanta es parte del grupo de ocho mujeres de la comunidad que fueron “perseguidas durante cuatro años” y detenidas por oponerse al proyecto que contaminó fuentes de agua y afectó la salud de la población, lo que fue demostrado a través de estudios hechos por la Comisión Pastoral Paz y Ecología (COPAE) de la Diócesis de San Marcos.
El referido análisis descubrió altas concentraciones de cobre, aluminio, manganeso y arsénico en los ríos Quivichil y Tzalá.
Sentenciada en Canadá
Otro testimonio de violaciones a derechos humanos fue relatado por Angélica Choc, del municipio de El Estor, en el departamento de Izabal.
Se trata del proyecto minero Fenix, de la empresa rusa Solway Investment Group, que actualmente es operado por su subsidiaria Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN).
Angélica relató que desde que la empresa se hizo cargo del proyecto, en 2011, se han reportado casos de abuso sexual contra mujeres de la comunidad, entre otras agresiones que incluyen la destrucción de propiedades.