En el sistema capitalista-imperialista la industria minera se basa en la violencia para su imposición y desarrollo. Múltiples son las formas en que esta industria extractiva ejerce violencia contra las mujeres, incluso antes de que comience la explotación de los minerales y luego de que termina la vida útil de las minas, desde el momento mismo en que las corporaciones invaden un territorio, utilizando la violencia física y sexual para el despojo y el control, violando y violentando derechos, y poniendo en riesgo a las comunidades y ecosistemas donde las mujeres y sus familias desarrollan su vida; luego generando división y rompimiento del tejido social, despojando a las mujeres de sus medios de vida, sobreexplotando su fuerza de trabajo, masculinizando los espacios y reforzando el patriarcado, aumentando los niveles de violencia intrafamiliar, la prostitución, así como la criminalización de las mujeres defensoras de derechos; y después de que han extraído todo el mineral, dejando las dolorosas secuelas sociales y ambientales, como daños irreversibles en la salud de las mujeres y sus familias, sin que nadie responda por estos crímenes.
Violencia contra las mujeres antes, durante y después de la explotación minera
En del sistema capitalista-imperialista y patriarcal las mujeres son explotadas, oprimidas y excluidas. Son la población con mayor índice de pobreza, desempleo, analfabetismo y están sometidas a distintos tipos y niveles de violencia y discriminación en el ámbito público y privado. En las comunidades rurales sus espacios de participación son limitados, no tienen el mismo peso en la toma de decisiones que los hombres, quienes acaparan la representación comunitaria muchas veces utilizando figuras femeninas dóciles a su manipulación, por ello las necesidades de las mujeres son las menos tenidas en cuenta. En esas condiciones cuando una empresa minera se adueña de territorios vía concesiones por parte de los Estados, y violando derechos como el de la Autodeterminación, las opiniones, aspiraciones, posiciones y exigencias de las mujeres campesinas e indígenas de las comunidades despojadas simplemente no cuentan. Las corporaciones, gobiernos, estados, y en algunos casos los propios miembros de las comunidades, buscan pretextos para excluirlas, por ejemplo con el discurso de que la minería es un tema estrictamente “técnico” y que ellas no están en capacidad de discutir estos temas.
En el caso de Ecuador, cuando los gobiernos y el Estado entregaron los territorios a las grandes corporaciones para la prospección y posterior exploración de los minerales, las comunidades no fueron informadas ni consultadas, a pesar de que estos derechos ya estaban reconocido en la Constitución. Miles de mujeres de los territorios concesionados se enteraron luego de muchos años de que sus propiedades estaban dentro de las áreas acaparadas por las transnacionales, y comenzaron a reclamar, en especial al conocer sobre los graves impactos sociales y ambientales que genera la minería.
Cuando ellas decidieron levantar su voz recibieron como respuesta violencia por parte de las empresas, del gobierno, del Estado, de quienes estaban a favor de las mineras dentro de sus propias comunidades e incluso dentro de sus familias. Un ejemplo de ello es el caso de las socias del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama, quienes han vivido los impactos negativos de la minería a través de la persecución, judicialización, criminalización y otras violaciones de sus derechos, llegando incluso a ser privadas injustamente de su libertad, enjuiciadas penalmente con falsas acusaciones hasta de “terrorismo organizado”; siendo además insultadas y discriminadas por las autoridades del actual gobierno, comenzando por el propio Rafael Correa. Y cuando no han sido ellas el blanco directo de los ataques, han tenido que afrontar la persecución y criminalización de sus hijas/os, madres, padres, esposos, hermanas/os, otros familiares, y/o miembros de sus comunidades o de sus organizaciones. Comenzaron también a vivir los efectos del rompimiento del tejido social, llegando a ser agredidas físicamente por hombres pro-mineros a favor de las empresas Iamgold e International Mineral Corporation (IMC), con sus proyectos Quimsacocha (hoy Loma Larga) y Río Blanco, ubicados en las parroquias Victoria del Portete y Molleturo respectivamente[3].
Este es un patrón en todos los territorios afectados por la industria minera. Las mujeres no son escuchadas, ni cuentan con mecanismos para presionar por sus legítimas demandas, todo lo contrario pasan a ser blanco de rabiosos y permanentes ataques por parte de las corporaciones, gobiernos y estados que las consideran un “obstáculo” para la imposición de los mega proyectos. Un caso ilustrativo es el de la campesina cajamarquina Máxima Acuña en Perú, dentro del conflicto por el megaproyecto de oro denominando Conga. Máxima y su familia viven desde hace años un hostigamiento constante de parte de la empresa minera Yanachocha junto con el gobierno y Estado de ese país, que ha incluido violencia física por parte de la policía y fuerzas de seguridad de la minera intentando desalojar a los Chaupe de su terreno en el sector Tragadero Grande. La empresa además les ha enjuiciado por invasión de propiedad privada, y, tanto Máxima como su familia, son blando de amenazas, intimidación, campañas de desprestigio, daños a su propiedad, entre otras violaciones a sus derechos. Así esta corporación minera, una de las más grandes del mundo, le ha quita a esta humilde campesina cajamarquina la paz y tranquilidad, y la ha colocado en una situación de mayor vulnerabilidad, ejerciendo distintas formas de violencia contra ella y su familia.
Las mujeres se enfrentan así al poderío corporativo en defensa de sus legítimos derechos. Frente a ello los usurpadores recurren a otras formas y mayores niveles de violencia contra las mujeres, como la violación sexual para el despojo forzado de los territorios. Uno de los casos emblemáticos de cómo se utiliza a la violencia sexual para los desalojos en favor de las empresas mineras es el de las indígenas Maya-Q´eqchis de Lote Ocho en Guatemala: “El 17 de enero de 2007 un número indeterminado de mujeres de la comunidad Lote Ocho fe víctima de violación sexual, durante el desalojo violento de tierras perpetrado por agentes de la seguridad privada de la Compañía Guatemala de Níquel (CGN), conjuntamente con agentes de la Policía Nacional Civil y el ejército. LA CGN era en esa época subsidiaria de la empresa minera trasnacional HudBay Minerals, cuya sede se encuentra en Canadá. Cuando los agentes de la seguridad privada y estatal llegaron a la comunidad Lote Ocho, los hombres se hallaban realizando labores agrícolas en el campo. Los agentes atraparon a las mujeres en sus casas o en los alrededor cuando éstas trataban de huir, y las violaron delante de sus hijos. Muchas de ellas fueron violadas en forma múltiple, incluso por diez hombres.”[4]
El ambiente de hostilidad permanente que viven las mujeres, incluso antes del inicio de la explotación minera, incrementa sus preocupaciones cotidianas, pone en grave riesgo su vida, su integridad, y su salud física y emocional ya que las somete a mayores niveles de presión y sentimientos de frustración al no poder hacer frente al poder corporativo y de los gobiernos y estados cómplices del saqueo minero.
Una vez que las corporaciones se instalan en los territorios usurpados, el predominio de los hombres será mayor, ya que la minería es una actividad que demanda principalmente su mano de obra, provocando una verdadera “masculinización” de los territorios donde se implanta. A la par con ello, las mujeres despojadas de sus medios de subsistencia como es la producción de alimentos a pequeña escala, caerán en una una mayor dependencia económica con respecto a los hombres, esto como es lógico se traducirá en mayores niveles de violencia intrafamiliar.
A más de la violencia doméstica, las mujeres deberán seguir haciendo frente a la violencia institucionalizada por parte de los gobiernos y estados, cuando no a la de otros actores que se involucran en los conflictos mineros como mafias de la droga o de la trata de personas y/u otros grupos armados. Así la violencia se instituye en forma permanente en los territorios ocupados y se vuelven cotidianos los casos de mujeres violadas, heridas, asesinadas, desaparecidas, secuestradas, torturadas. Laura Carlsen, analizando el caso de México señala: “Las mujeres organizadas contra la minería, los megaproyectos y otras invasiones de sus derechos y tierras entran en conflicto con adversarios inmensamente poderosos y brutales. Las compañías de seguridad privada contratadas por los invasores, las fuerzas gubernamentales de seguridad y las fuerzas paramilitares con frecuencia atacan a la gente que defiende sus tierras donde las mujeres a menudo lideran estas luchas… La Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos presentó un diagnóstico de los ataques contra las defensoras en 2012. En la región, 38 fueron asesinadas, la mayor parte mujeres defendiendo tierras, territorios y recursos.”[5]
Y no se puede dejar de mencionar una de las formas de violencia directa contra el cuerpo de las mujeres que genera la industria minera y que afecta cada vez con mayor fuerza a miles de mujeres, incluso niñas y adolescentes, esto es la prostitución y el negocio de la trata de blancas. Para mencionar sólo un ejemplo, es conocido el caso del municipio de Bosconia en Colombia donde la minería de carbón ha provocado altos índices de prostitución infantil y juvenil. Niñas de 13 y 14 años son obligadas a vender sus cuerpos en una zona donde las grandes corporaciones del carbón como la estadounidense Drummond, embolsan millonarias ganancias cada año. En su artículo “Impactos de la minería en los derechos de las mujeres rurales”, Dana Barón, citando una investigación periodística de agosto de 2013 referida a la prostitución infantil en Bosconia, da a conocer que: “desde Cartagena, Pereira, Medellín, Armenia y Cali se mueven ‘oficinas de enganche’ de menores y prostitutas de hasta 26 años (…) estas redes criminales han montado campamentos, cerca de las minas, para prestar servicios de entretenimiento a los trabajadores”[6].
Cuando el mineral se agota, las empresas abandonan los territorios devastados, dejando dolorosas secuelas para las comunidades y en especial para las mujeres. Si por efecto de la contaminación minera las mujeres se ven afectadas en su salud y/o en la de sus hijas/os u otros miembros de su familia, esto hará que la carga de su trabajo reproductivo aumente, ya que el cuidado de las/los enfermos recae directamente sobre ella. En el Valle de Siria Honduras se han documentado casos de graves impactos a la Salud de las/los niños por las operaciones de la mina San Martín de Entre Mares, subsidiaria de la canadiense GoldCorp. En el 2008 comenzó el cierre de la mina y se acrecentó las denuncias de las comunidades de los terribles daños ambientales y sociales que dejaban 8 años de explotación de oro a cielo abierto. “La investigación ‘Contaminación de agua en el área de explotación minera del proyecto San Martin y repercusiones sobre la salud humana’, realizada por Flaviano Bianchini en 2006, revela que en una de las comunidades afectadas por la explotación minera la mortalidad infantil alcanza el valor de 300‰ (por mil), es decir 12 veces mayor que la media nacional. Estos valores aumentan notablemente para los hijos de los trabajadores de la mina. En este caso la tasa de mortalidad alcanza el 833‰ o bien 33 veces la media nacional.[7]” Y a pesar de que las demandas han llegado incluso a tribunales internacionales no se ha logrado justicia para los afectados por GoldCorp, no sólo para quienes actualmente ya han sido privados de su salud, sino para las generaciones venideras, ya que los daños causados a los ecosistemas son irreversibles y sus efectos nocivos durarán por cientos de años.
Las mujeres hacen frente a la violencia minera con dignidad y valor
A pesar de toda la violencia que se ejerce contra las mujeres en los territorios bajo el dominio de la industria minera, eso no ha impedido que sigan siendo protagonistas de la resistencia que levantan los pueblos en defensa de la Pachamama (Madre Tierra), la Vida y la Soberanía, jugando un rol fundamental en la denuncia y exigencia por los derechos violados.
El aumento de las formas y niveles de violencia es una dura realidad que la viven miles de mujeres de comunidades afectadas por los intereses y necesidades del capital transnacional minero, sin embargo esta realidad ha llevado a gran número de ellas a no resignarse al papel de víctimas, a abandonar el ámbito doméstico o comunitario y ponerse en primera fila para organizarse, luchar, denunciar, reclamar, protestar, y, en algunos casos, convertirse en activas defensoras de derechos, siendo la viva muestra de que “donde hay opresión hay resistencia”.
[1] Una versión del presente artículo traducida al francés fue publicada en la revista Droits et libertés, de la Liga por los Derechos y Libertades de Quebec. Volumen 34, número 1. Junio, 2015.
[2] Lina Solano Ortiz es Ecuatoriana. Luchadora social, defensora de la Pachamama (Madre Tierra) y activista de los Derechos Humanos y de las Mujeres. Cofundadora de la Coordinadora Campesina Popular CCP (2005), de la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía CNDVS (2007), del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama (2008), entre otras importantes organizaciones de Ecuador. Cofundadora y actual Presidenta de la Unión Latinoamericana de Mujeres ULAM, red que agrupa mujeres en resistencia a la minería en varios países de la Región. Es Socióloga, Magíster en Sociología y Desarrollo por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cuenca, y candidata a Magíster en Salud con Enfoque de Ecosistemas por la Facultad de Medicina de la Universidad de Cuenca.
[3] Estas dos parroquias pertenecen al cantón Cuenca de la provincia de Azuay (sur de la Región Andina de Ecuador).
[4] “Abriendo brecha en la búsqueda de justicia: Violencia Sexual contra Mujeres Q´eqchis”. http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=ES&cod=78687
[5] “¿Por qué “la seguridad” induce más violencia contra las mujeres”. Laura Carlsen. Abril 2014. http://www.cipamericas.org/es/archives/11957
[6] “Impactos de la minería en los derechos de las mujeres rurales?”, Dana Barón http://cinep.info/cinep/images/stories/Documentos/ciendias80/2_mineria.pdf
[7] “Actividad minera en Región de Honduras deja rastros de enfermedades, destrucción ambiental y desempleo”. Giorgio Trucchi. Septiembre de 2014. http://nicaraguaymasespanol.blogspot.com/2014/09/actividad-minera-en-region-de-honduras.html