Conclusiones del Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS) sobre el tratamiento del proyecto de minería de gran porte.
“Los debates de esta semana en la Cámara de Senadores, sobre el Proyecto de Ley de Minería de Gran Porte, mostraron dos carencias fundamentales para justificar una iniciativa de esta magnitud. La primera, el hecho de que esta ley solo cuenta con los votos del oficialismo. Y la segunda, que se ha visto reforzada, es la validez del cuestionamiento y el rechazo social a esa propuesta.
Las intervenciones de los senadores de la oposición no solo tuvieron en consideración gran parte de las críticas realizadas por las organizaciones sociales a este proyecto de ley. Además dejaron constancia de que la propuesta del oficialismo violentó en varios puntos el acuerdo de la Comisión Multipartidaria, que fue convocada por el Poder Ejecutivo en 2011 con la finalidad de definir una “política de Estado” ante lo que constituye un cambio de la matriz productiva del país.
Entre las inconsistencias del proyecto se señaló el capítulo sobre el Plan de Cierre de Minas, que ha sido presentado como un gran avance en las exigencias ambientales. La propuesta deja el plan de cierre librado a una definición sin límites precisos. Y la empresa Aratirí -que negocia el contrato con el gobierno-, expresó ante la comisión del Senado que analizó el proyecto, que su plan es que esos inmensos cráteres se rellenen con agua de lluvia a lo largo de 80 años.
Otro aspecto clave del proyecto es el capítulo sobre el Régimen Tributario donde, contrariando las declaraciones oficiales que hablan de mayor exigencia y grandes ingresos económicos, esta ley habilitaría importantes beneficios fiscales eximiendo a la megaminería del impuesto al patrimonio, del IVA, así como de gravámenes a la importación y la exportación, sin contar la energía barata que le proporcionaría UTE a Aratirí con la proyectada regasificadora. El tributario es otro punto clave donde no se cumplieron los criterios definidos en el Acuerdo Multipartidario.
A lo anterior se suma el capítulo sobre el Contrato de Concesión, un tema que no fue considerado en la Comisión Multipartidaria y por el cual se autoriza a la megaminería a superar el límite de 500 hectáreas del Código de Minería. Incluyen también aquí los beneficios fiscales y su mantenimiento en el tiempo, las informaciones que tendrán carácter confidencial, los compromisos del gobierno de realizar las obras de infraestructura requeridas por la actividad minera y un mecanismo de resolución de controversias cuando esto es competencia de la Justicia uruguaya.
Las intervenciones de los senadores del Partido Nacional y el Partido Colorado coincidieron con los principales cuestionamientos hechos por el Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS) a este proyecto. Hubo coincidencia también en calificarlo como una “ley con nombre y apellido”, refiriéndose a Aratirí, ya que sus disposiciones y beneficios excepcionales van dirigidos a habilitar el proyecto de explotación a cielo abierto en gran escala del hierro de Valentines.
Esto no hace más que reafirmar el cuestionamiento al proyecto Aratirí y a esta iniciativa legislativa que lo complementa. Cuestionamiento que se inició con los productores rurales y las poblaciones de la costa oceánica que serían afectadas directamente y que se traduce hoy en un movimiento de un amplio espectro de la sociedad que, en defensa de la tierra y los bienes naturales, estima que la megaminería metalífera a cielo abierto no es una opción válida para el país.
Es ilustrativo el resultado de una encuesta de opinión pública divulgada en estos días donde solo un 28% de la población uruguaya mayor de 18 años se mostró de acuerdo con la minería a cielo abierto en Uruguay y con el proyecto Aratirí, mientras un 46% se manifestó en contra, un 12% no opinó y otro 12% no conoce el tema. El Grupo Radar responsable de la encuesta aclaró que la misma “no fue contratada en exclusividad por ninguna empresa, medio o partido político”.
La conclusión que se desprende de esta síntesis es que la propuesta ley de minería de gran porte, aunque disponga de la mayoría parlamentaria, no cuenta con el apoyo político y social requerido para tomar esa decisión. No solo carece del acuerdo necesario de los partidos políticos, le falta el imprescindible acuerdo social que, como hemos reclamado, debería plasmarse en la información adecuada, junto con el debate necesario, y la consulta democrática a la sociedad”.