08 de Noviembre 2011
Camila Queiroz
Amenazas al pueblo panameño. Es así como los miembros de la Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal), en huelga desde el último día 20, y otros profesionales de la salud, profesores y estudiantes se refieren a los proyectos de ley 349 y 394.
Ejerciendo presión, consiguieron que el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, anunciara que el proyecto de ley 349 será enviado a la Concertación Nacional, para intentar un consenso sobre el asunto. La fecha y metodología de la Concertación no fueron definidas todavía.
El proyecto 349, con 105 artículos, establece que se permitirá privatizar la Caja del Seguro Social (CS), el Canal de Panamá, las carreteras, la salud, las minas y varios otros sectores estratégicos mediante la Asociación Público-Privada (APP).
El proyecto de ley 394 se mete directamente con el Código Minero, aprobando buena parte de los puntos incluidos en la Ley 8 de 2011, revocada después de jornada de protestas del pueblo Ngäbe Buglé, de la provincia de Chiriquí, en marzo de este año.
Ante esta situación, los movimientos sociales difundieron un comunicado en el que exigen el retiro del proyecto de ley 394 y piden, en su lugar, la aprobación del Anteproyecto de Ley 45, que restablece retroactivamente la vigencia de las normas revocadas del Código Minero, dejándolo como estaba antes de la Ley 8 de 2011.
«La negativa del gobierno nacional a restaurar la prohibición de que empresas propiedad de Estados extranjeros inviertan directa o indirectamente en minería, demuestra que el mismo está alineado con los intereses particulares antagónicos al bien común y no con los de las comunidades indígenas y campesinas que sufrirían directamente las consecuencias de la explotación minera”, denuncian.
En relación con el proyecto 349, destacan que «abriría las puertas” a la destrucción ambiental, pues el Plan Estratégico del Gobierno prevé la construcción de infraestructura, como caminos «no necesarios”, según el comunicado, que pasarán por playas, manglares y áreas protegidas.
Además, se señala, habría un mayor endeudamiento público, superior a los límites establecidos por la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. Para los movimientos, esto es motivo de preocupación, pues garantiza altas tasas de retorno para los inversores privados, mientras que el riesgo sería asumido por el Estado, o sea, por todos los panameños, en su condición de contribuyentes.
Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com