Empresas privadas de Brasil, de sectores estratégicos como la minería o la infraestructura, espían e infiltran a los movimientos sociales y sus actividades, determinó una misión de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), que concluyó este viernes 14.
Hace casi un año, el 24 de febrero de 2013, durante una reunión de planificación de los líderes del Movimiento Xingú Vivo para Siempre en Altamira, una localidad del norteño estado de Pará, se sospechó que una persona estaba registrando las conversaciones y decisiones del encuentro.
Ese colectivo, que reúne a organizaciones sociales y ambientales de zonas cercanas al proyecto de la megacentral hidroeléctrica de Belo Monte, que sería la tercera del mundo cuando entre en operaciones, se opone a la instalación de la represa sobre el río Xingú, en la Amazonia brasileña.
Las sospechas se confirmaron cuando se verificó que uno de los participantes, recién sumado al movimiento, tenía en sus manos un bolígrafo espía.
«Todas las veces que alguien intervenía, el dirigía el bolígrafo a donde se encontraba. Fue algo completamente inesperado», dijo a IPS la abogada Roberta Amanajás, de la Sociedad Paraense de Derechos Humanos, que integra el Movimiento.
«Esa reunión fue un momento muy estratégico, en que intercambiamos informaciones privilegiadas, que solo tienen las organizaciones del colectivo. Él era un espía contratado por el consorcio que construye la obra», explicó la activista, que participó en el encuentro.
Al ponerlo al descubierto, el espía se identificó como Antônio y confesó que se había infiltrado en el Movimiento para así vigilar las actividades de su coordinadora, Antônia Melo.
Según Amanajás, el espía contó que iba a enviar el material a la división de inteligencia del Consorcio Constructor Belo Monte y a la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN), que mantiene un agente en Altamira.
«Contó que tenía que seguir todos los pasos de la coordinadora para el consorcio y que también había sido responsable del despido de 80 trabajadores de la obra», detalló la abogada.
«No tenemos dudas sobre el proceso de espionaje, solo no sabemos cómo se realiza. El Movimiento Xingú Vivo es el que más representa la resistencia al modelo de construcción de las hidroeléctricas, y más aún, al desarrollo que se ha impuesto en la Amazonia», argumentó.
El Movimiento crítica la expropiación de los recursos naturales, que no garantiza los derechos de los pobladores naturales de la región.
El espionaje a las organizaciones sociales de la Amazonia no es un caso aislado en Brasil, denunciaron los activistas a la misión de la FIDH, que desde el lunes 9 y hasta este viernes 14 dialogó con miembros de organizaciones humanitarias, el Ministerio Público y directivos de empresas acusadas de espiar.
La misión internacional se integra en las actividades del Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, un programa conjunto con la Organización Mundial Contra la Tortura, y ha recorrido Brasilia, Belém, capital de Pará, y Río de Janeiro.
«Lo que nos preocupa es la relación entre los organismos públicos y las empresas. Hay pruebas de una articulación con agentes del Estado», afirmó Jimena Reyes, jefa de la FIDH para América, al presentar las primeras conclusiones de la visita.
«Es una situación muy preocupante, se utilizan esquemas públicos para actuaciones ilegales e ilegítimas, para espiar a movimientos sociales», subrayó.
La connivencia de los funcionarios públicos con las empresas fue comprobada por la misión, al constatar que hay compañías que tienen acceso a datos secretos del gobierno, a través de Infoseg, una red que aglutina la información de seguridad pública recabada por más de 400 agencias brasileñas de investigación.
Alexandre Faro, integrante del Observatorio, opinó que debido a que se destinaron grandes recursos, las empresas tienen mucho interés en saber que harán las organizaciones sociales sobre sus proyectos.
«Pienso que es una cultura que las empresas tienen hace mucho tiempo. Lo descubrimos el año pasado, no tenemos pruebas, pero supongo que son prácticas generalizadas en sectores sensibles como minería y energía», dijo Faro a IPS, sobre la actividad de espionaje de los grupos empresariales contra activistas en América Latina.
Las acusaciones de espionaje recaen también en el gigante minero Vale.
Miembros de Justiça Nos Trilhos, una organización que defiende a las comunidades perjudicadas por proyectos mineros, relataron que son espiados desde 2008, poco después de iniciar su labor.
Los delegados de la FIDH hablaron con un exempleado de Vale, identificado como André Almeida, que aportó datos sobre las relaciones de la empresa y el gobierno, durante una audiencia pública de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, que se realizó el 24 de octubre de 2013.
Entre las acusaciones, destacaron el espionaje a periodistas, funcionarios públicos y líderes sociales, además de la infiltración de espías en las organizaciones sociales y los sindicatos, para obtener información privilegiada.
Estás actividades ilegales contaron con la participación o el apoyo de agentes de la ABIN para actividades de entrenamiento, incluyendo pagos a agentes del Estado.
Según estas revelaciones, se estima que Vale destinó cerca de 200.000 dólares mensuales a espionaje, informó Faro.
«Lo que está en juego en Brasil es el valor de la democracia, se trata de privatizar la inteligencia», planteó el integrante de la misión internacional. «Lo que no es usual es que informaciones así lleguen a conocimiento del público. Revela que están completamente desinhibidos respecto a todo lo ilegal que hacen», añadió.
A su juicio, «las empresas privadas creen que tienen suficiente legitimidad para adentrarse en la vida de las personas e investigar a sus hijos, sus esposas y sus antecedentes».
Danilo Chammas, abogado de Justiça nos Trilhos, dijo a IPS que el primer indicio de que eran espiados lo tuvieron ya en 2008, en enero de 2012 su oficina fue destrozada y entre octubre de ese año y enero de 2013 su página digital fue hackeada.
«Esperamos que la misión de la FIDH impulse cambios profundos y que las investigaciones tomen mayor ritmo y las propias empresas modifiquen sus prácticas», afirmó.
«El objetivo de todo esto es que desistan de actuar así», sentenció.
Los delegados de la FIDH presentarán el informe con sus conclusiones, informaciones y recomendaciones en dos meses.
La abogada Amanajás recordó que la visita de la misión que protege a los defensores de derechos humanos se produce tras la polémica generada al conocerse que el gobierno brasileño fue espiado por la estadounidense Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés).
«Igual que al gobierno no le gusta que le espíen, a los movimientos sociales tampoco nos gusta», criticó.
A preguntas de IPS, Vale indicó que no se pronunciaría sobre un caso que se encuentra en la justicia y bajo secreto procesal, mientras que el consorcio de Belo Monte no brindó respuestas.