La defensa contra la minería en México es una cuestión de vida o muerte, así lo manifestó la Red Mexicana de Afectados por la Minería en un comunicado emitido en el aniversario del asesinato de Bernardo Vásquez Sánchez, quien desde 2008 denunció las violaciones a derechos humanos y la contaminación ambiental de la empresa minera Fortuna Silver Mines, en el estado de Oaxaca.
Actualmente las empresas mineras instaladas en México cuentan con los recursos legales, políticos y mediáticos para la imposición de proyectos en territorios de comunidades indígenas, campesinas y rurales. Existe en México un marco legal que favorece la inversión privada en detrimento de los derechos colectivos de dichas comunidades.
El aparato gubernamental encargado de respetar, promover y garantizar los derechos de las comunidades existentes en el territorio nacional favorece los intereses privados de empresas extranjeras, que en complicidad con los gobernantes, criminalizan las acciones de defensa de los pueblos y defensores del territorio, fabricando calumnias y delitos, y con hostigamientos, detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos.
VIOLENCIA EMPRESARIAL
En San Luis Potosí han recibido agresiones físicas y amenazas de la empresa canadiense minera New Gold, en Puebla indígenas totonacas son amenazados por negarse a vender sus terrenos a Grupo México, y en Chiapas la minera Black Fire, también de Canadá, es acusada de asesinar a Mariano Abarca en 2009. Igualmente Chihuahua, fueron asesinados Ismael Solorio Urrutia y Manuela Solís en 2012, y Bernardo Méndez y Bernardo Vásquez Sánchez en Oaxaca. En todos estos casos hay evidencias contundentes de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, donde el común denominador es que están directamente
relacionados con proyectos mineros.
En el caso de Bernardo Vásquez Sánchez, originario de una comunidad zapoteca en Oaxaca, ingeniero agrónomo de profesión y preocupado por la contaminación del medio ambiente, por el territorio y por el deterioro del tejido social en su comunidad, fue nombrado por su asamblea como portavoz para denunciar las violaciones a sus derechos perpetradas por la empresa minera. A partir de ese momento levantó su palabra a nivel estatal, nacional e internacional; Bernardo se enfrentó con un marco legal ineficiente marcado por la complicidad de las autoridades estatales y municipales con la empresa minera, y resistió una serie de calumnias, difamaciones y amenazas. Tuvo que realizar una doble defensa: la de su pueblo y la de su vida.
No existen mecanismos de protección para defensoras y defensores de derechos humanos. Las amenazas, agresiones y asesinatos en la mayoría de los casos son perpetrados por grupos armados contratados por las empresas mineras; en Chiapas, Oaxaca, San Luis Potosí, Puebla, entre otros, se ha documentado la presencia de grupos de choque y/o armados con el objetivo de amedrentar y confrontar con actos de violencia a movimientos, organizaciones y comunidades que se oponen a los proyectos mineros. Las autoridades estatales y federales argumentan que los problemas han sido generados por intereses políticos locales, religiosos, municipales y agrarios, pero los problemas tienen su raíz en la imposición de proyectos de extracción de recursos minerales.
Práctica imperial
La criminalización es una práctica de las empresas mineras para despojar a las comunidades de sus territorios con los menores costos económicos posibles. Consiste en deslegitimar a los movimientos en resistencia, colocando a las y los defensores como opositores al desarrollo, y a las compañías como redentoras de los pueblos y comunidades con proyectos “de avanzada”, que promueven el empleo en
las regiones y combaten la pobreza. Sin embargo, sus prácticas generan divisiones y confrontaciones comunitarias, rompimiento del tejido social, represiones, incremento de violencia, desalojos forzosos, contaminación del medio ambiente, actos de corrupción, hostigamientos, agresiones y asesinatos. A cambio, las dádivas otorgadas por las empresas a las comunidades, representan entre uno y tres por ciento de sus ganancias totales.