En las últimas semanas ha sido una constante en los diarios de circulación nacional y medios electrónicos la aparición cada vez más frecuente de noticias relacionadas con conflictos mineros, lo mismo en relación con las minas a cielo abierto que por la sobreexplotación de dicha industria en estados como Guerrero, Jalisco, Colima, por citar solo algunos. El malestar social está creciendo y generalizándose en el país en contra de este tipo de megaproyectos, pero lo dramático es que las autoridades de los distintos órdenes de Gobierno están muy lejos de atender las demandas y de actuar con prontitud y, sobre todo, en apego a la defensa de los más elementales derechos humanos y salvaguarda del medioambiente. La negligencia, total desinterés y colusión son las actitudes que caracterizan su actuar. En medio de este dramático panorama, los dos casos más relevantes e ilustrativos son el gravísimo desastre ecológico producido, hace justo un año, por los derrames tóxicos en los ríos Sonora y Bacanuchi causados por la mina Buenavista del Cobre de Grupo México en Sonora y el proyecto minero Los Cardones, promovido por Desarrollos Zapal, que busca establecerse en el lugar más vulnerable y fundamental para la vida en Baja California Sur, la reserva de la biósfera Sierra de la Laguna.
El primero, por la terrible afectación que provocó y de la cual, hasta la fecha, tanto las autoridades como los empresarios involucrados no han hecho nada, pese a la afectación de varias decenas de miles de personas y de los amparos colectivos interpuestos que hasta ahora ninguno ha prosperado. Según declaraciones a la prensa de las autoridades responsables de la Secretaría de Medioambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y del titular del Fideicomiso Río Sonora, «no existen en México antecedentes históricos en prontitud y magnitud de atención, como la que se dio y se está dando en el Río Sonora», pero el hecho es que los pobladores directamente afectados continúan inermes a su suerte, enfrentando las graves consecuencias de la dislocación de sus actividades económicas y atendiendo las severas repercusiones que en su salud tuvo y está teniendo el desastre ecológico sufrido, por más que el discurso oficial minimice su magnitud. El segundo, ante las funestas e irreversibles consecuencias en todos los órdenes -sobre todo medioambientales, sociales- que desencadenaría el proyecto minero referido en el territorio sudbajacaliforniano. Y es que de nada sirve la ejemplar movilización que ha venido realizando desde años atrás la ciudadanía comprometida, como es el caso de los numerosos académicos de diversas instituciones y del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida, integrado por casi medio centenar de organizaciones civiles opositoras a la minería tóxica, si las autoridades responsables -desoyendo sus argumentos de inviabilidad por el atroz impacto que tendría en la Sierra de la Laguna (alteración de la recarga acuífera, contaminación irreversible del área, deletéreo uso de explosivos en zona de yacimientos paleontológicos y de fallas geológicas) y a pesar de las múltiples irregularidades detectadas en este caso (como la falta de certeza jurídica sobre la titularidad de los derechos de propiedad en los terrenos núcleo del proyecto), actúan de forma anuente con los deletéreos proyectos mineros favoreciendo pueda detonarse una devastación ecológica de magnitud inimaginable.
La advertencia es clara: si en Sonora y en Baja California Sur somos capaces de desoír a la ciudadanía y de permitir la devastación impune de su gente y del medioambiente ¿qué puede esperar la Nación entera, cada vez más expuesta a sufrir la aniquilación ecológica y humana largamente anunciada si se continúan otorgando y promoviendo concesiones mineras para explotar mediante lixiviación por cianuro minas a cielo abierto? Está visto que las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, comprendidas las de la Semarnat, no tienen la menor voluntad de remediar esta situación y se entiende: la magnitud de los intereses y presiones en juego es incalculable, pero no podemos olvidar que ningún provecho económico o político puede anteponerse jamás al bienestar social y a la integridad del medioambiente.
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@BettyZanolli