MODEMA cuestiona la imparcialidad del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), respecto a DOMINGA.
A la insistencia por continuar con el proceso a pesar del rechazo de 15 de los 18 servicios evaluadores, se agrega un oficio enviado a Conaf en el que se le insta a aclarar sus dichos.
Un manto de dudas cubre al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), por la posibilidad de actuar bajo cohecho en la entrega de la Resolución Ambiental de la etapa de Prospección del Proyecto Minero Dominga, de Andes Iron SpA propiedad de Carlos Alberto Délano, tras descubrirse cuantiosas sumas de dinero entregadas por el fundador del grupo Penta al ex Subsecretario de Minería Pablo Wagner. A pesar de esto, hoy el Servicio persiste en un actuar inconsistente y al margen de la legitimidad.
Tras la declaración de inconformidad de 15 de los 18 servicios evaluadores del Proyecto y la insistencia del SEA por continuar con el proceso de evaluación a pesar de este amplio rechazo, el SEA da una nueva muestra de su parcialidad y tendencioso actuar en favor de la empresa. Este nuevo acontecimiento se da el 5 de Diciembre fecha en que, a través de un documento oficial, el servicio solicita a CONAF que aclare su pronunciamiento, que considera a la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt como zona de influencia de las acciones y actividades ejecutadas por el proyecto. Oficio que se presenta como una clara presión a la Corporación, para que esta se retracte de su escrito y de la exigencia de incorporar un estudio acabado sobre los efectos que el proyecto tendrá sobre las especies en estado de conservación dentro de la Reserva.
El accionar del SEA respecto al proyecto Dominga del “Choclo” Délano, pareciera mostrar que el posible cohecho sobre el ex Subsecretario, tiene efecto y vigencia prolongada. Esto, dadas sus amplias señales por despejar el proceso de evaluación para agilizar su aprobación, reflejadas tanto en su insistencia de continuar con el proceso a pesar del mayoritario rechazo por parte de los servicios evaluadores, como por el actual documento en el que solicita a CONAF que aclare sus dichos. Esto último, no sólo pone en duda la autoridad y capacidad técnica – teórica de la Corporación a cargo de la protección de los principales ecosistemas en estado de conservación a nivel nacional; sino, sobre todo, da cuenta de la presión ejercida sobre la Corporación, para que esta desista de exigir que la empresa considere a la Reserva dentro de su zona de influencia, dado que esto la obligaría a realizar una serie de acabados estudios que retrasarían el proceso deevaluación y, además, podrían concluir con el rechazo inmediato al proyecto, dada su inviabilidad por el irreversible daño medioambiental que ocasionaría a uno de los 35 hot spot a nivel mundial declarados por la UNESCO.
Nos parece lamentable que la Institución que tiene a su cargo la protección del medioambiente y los derechos medioambientales de la ciudadanía, accione como garante e interventor en favor del empresariado, incluso en contra de los mismos servicios técnicos que colaboran con el objetivo de protección medioambiental. La protección de la Institucionalidad medioambiental, tan solicitada por el gobierno a las comunidades, parte por exigir que la institución se haga cargo de cumplir el objetivo para el cual fue creada, sólo un accionar consecuente permitirá consolidar una institución respetable.