28 de abril de 2011
Cuatro mil pequeños y medianos mineros nacionales, delegados de asociaciones y federaciones de Antioquia, Chocó, Santander, Caldas, Risaralda, Quindío, Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Huila, Valle y Cauca, congregados en la Confederación Nacional de Mineros de Colombia, se desplazaron desde sus regiones y marcharon en el día de ayer por las calles de Bogotá para notificarle al gobierno de Juan Manuel Santos que no se dejarán estigmatizar ni exterminar por la actual política minera, al servicio de intereses extranjeros.
Estos mineros representan a más de dos millones de colombianos que tienen en esta actividad su única forma de sustento; la “locomotora minero-energética” pretende sacarlos de su producción y sus territorios para abrirle paso a la gran minería trasnacional. El Plan Nacional de Desarrollo que está siendo aprobado por las mayorías santistas en el Congreso, con excepción del Polo Democrático Alternativo, define la persecución, la judicialización y la erradicación de los pequeños y medianos mineros colombianos, alegando que son ilegales, que no están organizados y que la minería que realizan es perjudicial para el país.
El discurso oficial argumenta que las trasnacionales mineras son las promotoras del crecimiento y del desarrollo, generan muchos empleos de calidad, producen enormes beneficios tributarios a la nación y que la minería a cielo abierto sí es responsable y sostenible. Retórica que no tiene ningún sustento técnico, mientras sí se ha demostrado con estudios serios como el de la revista Science de enero de 2010, que sus efectos son devastadores. También está probado que esta actividad es intensiva en capital y no en mano de obra, utiliza mano de obra no calificada y tercerizada, las comunidades no progresan y las exenciones otorgadas por el Estado, gracias a la “confianza inversionista”, son superiores a los beneficios económicos que dejan.
La movilización que los mineros colombianos han emprendido en defensa de su trabajo, de su producción y de la soberanía nacional, está demostrando que sí están organizados, que no son delincuentes y que hay comunidades enteras en actitud de resistencia democrática. Lucha que sumada a la de sectores populares, ambientalistas, estudiantiles, obreras, empresariales, intelectuales y políticas, impedirán que a la nación la conviertan en un enclave de las corporaciones mineras globales para el saqueo y destrucción de las riquezas naturales de todos los colombianos.
Somos miembros de la
RED COLOMBIANA FRENTE A LA GRAN MINERÍA TRANSNACIONAL, RECLAME
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