César Padilla
La tentación minera
El incremento de las actividades mineras en América Latina no ha cesado desde mediados de los 90.
La región atrae cerca del 27% de las inversiones en minería y hay muchos proyectos por comenzar.
Varios países basan sus exportaciones en la minería y otros intentan sumarse a la lista de países mineros de la región.
Chile y Perú encabezan el ranking de los países mineros por excelencia, mientras Colombia intenta poner en marcha su “locomotora minera” para ser parte del club y Argentina lucha por competir por las inversiones de las grandes transnacionales del rubro.Bolivia por otro lado, tradicionalmente minero, logra recién este año dinamizar su anquilosado sector, alcanzando cifras de exportación de minerales que comienzan a acercarse a las cifras de exportaciones por hidrocarburos. Un esfuerzo por nacionalizar la minería y reformar leyes sectoriales intenta dar nuevos bríos a la actividad, cada vez más en manos del Estado.
Lo cierto es que la minería ha ido formando parte de las estrategias extractivistas de la mayoría de los países de la región, independiente de la orientación política de sus gobiernos y de si han sido o no tradicionalmente países mineros.
El escenario económico internacional por otro lado ha sido propicio para el fortalecimiento de la actividad minera por la alta demanda de minerales de países asiáticos, lo que ha llevado el precio de metales no preciosos como el cobre a cifras históricas.
Por otro lado, en tiempos de crisis el oro se convierte en valor refugio y aumenta su demanda en la medida que protege los activos en moneda frente a una crisis monetaria generalizada.
Tanto la orientación extractivista de la casi totalidad de los países de América Latina como el comportamiento de los mercados internacionales tendientes al crecimiento de la demanda y de los precios, han ido consolidando un escenario propicio para una mayor expansión de la minería en la región.
Los diferentes países han optado por aprovechar este escenario para lograr mayores ingresos por atracción de inversión directa y exportaciones de minerales, acentuando en muchos casos el rol primario exportador con escaso valor agregado.
A pesar de las señales que indican que en muchos casos el extractivismo puede provocar la llamada enfermedad holandesa y que la abundancia de materias primas esta asociada a una suerte de maldición que perpetúa la pobreza y la dependencia1, la mayoría de los gobiernos están apostando a esta estrategia de crecimiento económico ya sea para lograr un cada vez mayor crecimiento o para pagar deudas sociales en el caso de los gobiernos de izquierda.
Resistencia
Por otro lado, la presión sobre los territorios ha ido provocando cada vez mayores rechazos de las comunidades locales y más conflictos entre empresas mineras, estados y comunidades locales.
Los indudables y ya conocidos impactos provocados por la minería, han permitido que cada proyecto minero este siendo acompañado de rechazo comunitario. La percepción cada vez más generalizada de que la minería afecta el ambiente, agota y contamina las fuentes de aguas, contamina el entorno, está llena de peligros por las sustancias tóxicas que utiliza; hace que el cuestionamiento a la minería crezca de manera constante.
Si sumamos las promesas y engaños sobre desarrollo, empleo y dinamización de las economías locales, además del atropello a los derechos humanos, la imposición de proyectos, la criminalización de la oposición a la actividad, los desplazamientos forzados y ocupación de territorios ancestrales, la minería se torna una actividad cada vez menos aceptada por las comunidades locales.
Muestra de esto ha sido la profusa proliferación de los conflictos socioambientales no bien haya sido anunciado un proyecto minero futuro.
Este proceso de rechazo ha tenido como consecuencia el fortalecimiento de los movimientos anti-mineros, su proliferación e incremento de diversas estrategias de lucha.
Hemos visto en los ultimos 5 años un claro aumento en la conformación de organizaciones de resistencia a la minería. A este proceso se han sumado sectores importante de intelectuales y otros sectores como la iglesia católica de los países de América Latina donde subsiste la teología de la liberación y el cuidado de la creación juega un importante rol.
La resistencia a la minería en un contexto de mayor conciencia ambiental se enfrenta a los cercos mediáticos y las descalificaciones oficiales de todo tipo, donde ni siquiera las medidas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH logra incidir.
Es, tal vez por esto mismo, que la resistencia a la minería se esta haciendo cada vez mas “desde abajo”. Son las mismas comunidades las que han ido poniendo mayores limites a las actividades mineras. Los casos exitosos de resistencia que dicho se de paso, aumentan con el tiempo, son aquellos sostenidos con las acciones de las mismas comunidades. Luego y esos casos, la institucionalidad ha tenido que responder a las demandas comunitarias con medidas de diversa índole.
EL rol jugado por los pueblos indígenas y sus organizaciones ha tenido un rol fundamental en las estrategias de defensa del territorio. Bagua en Perú y la resistencia en la amazonía ecuatoriana contra los proyectos extractivos son una clara muestra de ello. También lo son las luchas de resistencia indígena a la minería en Guatemala y recientemente en Panamá. (www.ocmal.org)
Estrategias
La “internacionalización” de las luchas es una expresión del avance de los movimientos de resistencia a la minería. Al provenir las inversiones y operaciones mineras de empresas transnacionales, la búsqueda de solidaridad para la denuncia de los diversos casos de amenaza o atropello a los derechos de las comunidades locales ha trascendido las fronteras. Ha trasladado aspectos legales y morales involucrados en los conflictos mineros hacia Canadá, Europa o Estados Unidos. En un futuro no lejano también deberán incluirse China India, Corea y otros países considerados nuevos actores mineros transnacionales. No obstante siempre existe un componente de resistencia local fundamental.
Las denuncias en tribunales de países de donde provienen las inversiones mineras, la visibilización de las injusticias en las asambleas de accionistas, las solicitudes retiro de fondos de pensiones en inversiones mineras forma parte de las estrategias empleadas cada vez con mayor frecuencia.
El uso de las instancias internacionales tales como las Naciones Unidas y especialmente la CIDH, han sido estrategias usadas de forma recurrente.
Mas en terreno, se han desarrollado las llamadas “consultas ciudadanas” o consultas comunales para demostrar el rechazo masivo a una determinada actividad minera.
El resultado de dichas consultas esta aún en entredicho ya que cuando son ejercidas bajo el derecho reconocido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, existe mayor legitimidad formal que cuando no es el caso. Aún cuando la OIT no ha sido suficientemente clara respecto a las decenas de consultas comunales organizadas en Guatemala y aquellas realizadas en Perú y Argentina.
La resistencia pacífica pero activa se ha transformado también en un instrumento efectivo al momento de reclamar derechos frente a una actividad minera. La ocupación pacífica de terrenos, vías o edificios forman parte de acciones directas producidas generalmente luego de ser negados los derechos reclamados a diversas instancias.
Estas formas de acción se han debilitado en algunos países producto de la criminalización de la protesta social ejercida por empresas y gobiernos.
Perú y Ecuador muestran procesos importantes de criminalización de la protesta social con cientos de criminalizados, mientras que en Colombia, México y otros países de América Central se usa la violencia directa generalmente a manos de grupos irregulares o de sicarios al servicio de intereses transnacionales o sus aliados nacionales. La ausencia, negligencia o inoperancia del Estado debe considerarse, en estos casos, también una forma indirecta de criminalización.
Articulaciones
Los procesos de articulación han contribuido de manera fundamental a las acciones de resistencia y de organización frente a los atropellos de la minería en América Latina. La solidaridad entre las comunidades y organizaciones de apoyo, tanto técnicas como de derechos humanos y ambientales es una expresión de aquello.
El intercambio de información, la elaboración de estrategias conjuntas y las campaña iniciadas de manera articulada apoyan la resistencia de las comunidades afectadas por minería. Estas articulaciones no solo abarcan la región de América Latina sino que incluye también y cada vez más a organizaciones del hemisferio norte. Se trata de expresiones de la glocalización de las luchas antimineras en la región2. En la actualidad encontramos campañas contra empresas como VALE, Newmont, Barrick Gold, Godcorp y más generales, contra el uso del cianuro en minería en la región.
Extractivismo transversal
Tanto los países con regímenes neoliberales como Chile, Perú y Colombia, como aquellos vinculados a la izquierda o socialismo del siglo XXI como Ecuador, Bolivia, Venezuela, Argentina, Uruguay y Paraguay, ponen sus energías en el crecimiento económico basado en las actividades extractivas.
Muchas comunidades y actores sociales críticos a la minería depositaron grandes esperanzas en gobiernos alternativos de la región, pensando que por justicia social y ambiental además de soberanía y respeto a las comunidades, la minería recibiría un tratamiento cuidadoso, revisando sobre todo las actividades mineras transnacionales y sus malas prácticas.
Contrario a la esperado, el extractivismo esta plenamente vigente y firmemente instalado en aquellos gobiernos alternativos, que justifican los efectos negativos de la minería bajo pretexto de pago de deudas sociales históricas, sin duda merecidas por los sectores empobrecidos y postergados de la sociedad. El concepto de “sacrificio” referido a la destrucción ambiental y social en beneficio de la minería es usado en algunos países para justificar una supuesta necesidad extractiva nacional.
Bolivia por ejemplo que cuenta con un amplio sector de minería artesanal o pequeña, denominada “minería cooperativizada”, no ha logrado cambiar de manera fundamental su visión de la gran minería transnacional.
La renacionalización de la mina Huanuni privatizada en tiempos de gobiernos neoliberales y revertida al Estado por el gobierno de Morales, nos muestra una visión aplicada a la operación minera, en términos socioambientales idéntica a cualquier actividad minera transnacional.
Muestra de esto son las denuncias de comunidades de la ribera del rio Huanuni o de los lagos Uru Uru Y Poopo que sufren los vertidos de los desechos mineros a su cauce y cuenca, afectando la actividad agrícola tradicional o la pesca artesanal el los lagos mencionados.
San Cristóbal y la disputa por el agua, muestra un fenómeno similar en Potosí.
Minería como estilo de vida
Se dice que la minería suele ser incompatible con otras actividades, sobre todo sustentables. También se menciona que una vez que se ha optado por la explotación minera no hay vuelta atrás. ¿Que tan ciertas son tales afirmaciones?
La experiencia muestra que la mayoría de las actividades mineras eliminan la existencia o al menos ponen en riesgo otras actividades. Si miramos el mapa de las zonas mineras abandonadas vemos que en ocasiones, solo con gran dificultad y esfuerzo se logra desarrollar otras actividades post minería.
La contaminación, destrucción y acidificación de las fuentes de agua suele ser un aspecto que conspira para que los sitios mineros abandonados sean lugares fantasma, sin habitantes y sin muchas actividades post mineras.
Es la enorme preocupación que aqueja a los habitantes de Challapata, departamento de Oruro en Bolivia, una comunidad agrícola muy productiva, que abastece gran parte de las necesidades de productos básicos vegetales y lácteos de Oruro. Este fenómeno productivo en pleno altiplano a casi 4 mil metros de altura, con clima extremo, se ha logrado, gracias a la construcción de un embalse y un cuidadoso sistema de riesgo y distribución de aguas, administrado por la comunidad. La amenaza de la instalación de una mina de oro, apoyada por el gobierno, ha puesto en alerta a la comunidad que se opone tenazmente a su instalación. Los agricultores y ganaderos de Challapata saben que la minería excluye actividades agrícolas y lecheras a mediano y largo plazo.
Químicos como cianuro de sodio y diversos metales que expuestos al ambiente contaminarían el entorno, les ha obligado a oponerse a la mina. Y desde luego sus aprehensiones no son inventos ni campañas del terror sopladas al oído por ecologistas intransigentes.
Los habitantes de Oruro saben lo que significa la minería ya que la han observado desde los inicios de la ciudad y no dudan de la legítima opción de defender un estilo de vida agrícola.
Otro interesante caso es Coro Coro en La Paz. Una empresa coreana en conjunto con el Estado boliviano reprocesan desechos mineros. El proyecto reiniciado luego que la mina había sido abandonada no cuenta con la licencia social de las comunidades aledañas.
Este caso y el anterior muestra que el extractivismo no obedece a un modelo de desarrollo ideológico dividido entre las tradicionales derechas neoliberales y lo que algunos han llamado izquierdas neoextracitivistas.
No está en la visión de esos gobiernos el concepto post-extractivismo y si lo estuviese, se asocia solo al agotamiento de los recursos naturales y específicamente los no renovables.
No obstante el post-extractivismo comienza a instalarse en la discusión frente al fracaso del extractivismo como estrategia de desarrollo. Se transforma en exigencia de las comunidades afectadas por minería frente a los oídos sordos de los gobernantes de la región.
Para presionar el cambio de paradigma de extractivismo a post extractivismo se usan diversos argumentos que van desde el convenio 169 de la OIT hasta el colapso del planeta y el sumaj kausay originario como alternativa.
El extractivismo ilimitado ha llevado a grupos crecientes de América Latina a confrontar este estilo irracional de crecimiento económico empobrecedor con las alternativas reales pero también con las utopías reales.
Los procesos de restricción e incluso prohibición de la minería como modelo central de desarrollo han ido cobrando fuerza en la región.
La ley que prohíbe la minería en costa Rica, el fracaso de la modificación de la ley minera en Panamá, la negativa a otorgar una indemnización en el caso Cabañas de EL Salvador, la propuesta Yasuní en Ecuador, el cuestionamiento al proyecto de GreyStar en el Páramo Santandereano en Colombia y tal vez otros ejemplos son muestras de éxitos -aunque parciales- de los movimientos críticos u opuestos a la minería en América Latina.
Las ideas sobre post-extractivismo están aun en pañales. No obstante han ido cobrando fuerza frente a un escenario plagado de recurrentes crisis -tal como la última crisis financiero-inmobiliaria-, creadas y criadas dentro del sistema capitalista.
Tal vez el fortalecimiento de las propuestas post-extracivistas disminuya el vértigo del vacío de quedar sin alternativas. Tal vez lograr entender el sumaj kausay y atreverse a vivirlo, es parte de las claves para superar las crisis socioambientales provocadas hasta ahora por el extractivismo extremo e irracional y un capitalismo que se niega a reconocer limites. Al menos aparece como una esperanza para los pueblos de América Latina y del mundo.
Publicado en : Revista «Pueblos» (España). Tercer trimestre del 2011.