Ciudad de México.- El aumento en las inversiones y la productividad de las actividades extractivas no representa un camino de desarrollo para las comunidades con las que comparten el territorio y esto ocurre porque México no cuenta con normatividad que permita a los ciudadanos seguir el trayecto del dinero que proviene de la explotación de sus recursos naturales, sostienen los autores del Índice de la Gobernanza de los Recursos Naturales.
El estudio elaborado por el Instituto para la Gobernanza de los Recursos Naturales (NRGI, por sus siglas en inglés) muestra que México ha acertado en ciertas políticas energéticas pero los problemas de contexto, que son la corrupción y la violencia, ayudan a que prácticas como el conflicto de interés y la opacidad capturen los beneficios del sector petrolero y minero.
“México tiene verdaderos problemas de corrupción, violencia y captura del Estado […]. Lo advertimos en síntomas como una divulgación limitada de los intereses de los funcionarios públicos en las empresas extractivas, y un esquema de propiedad opaco en la empresas con las cuales el gobierno hace negocios”, aseguró Carlos Monge, director de NRGI para América Latina.
Alonso Hidalgo, investigador del NRGI, explicó que los resultados de México en el Índice son reflejo de un contexto que permite la corrupción:
“En los resultados se ve que existen esas condiciones para que se produzcan una serie de escándalos de corrupción y no están puestos los mecanismos y los seguros apropiados de ley que permitan hacer frente a eso”.
LOS RESULTADOS
En el sector de petróleo y gas, México obtuvo 61 puntos de 100 posibles, lo que resulta ser un desempeño satisfactorio. El problema se encontró en la gestión de los ingresos públicos.
El país recibió sus calificaciones más altas en los componentes Condiciones Generales de Gobernabilidad y en Extracción de Valor y la preocupación está en la apertura que se dio luego de la Reforma Energética y que generó tensiones en torno a temas socioambientales.
México tiene la decimosexta reserva de petróleo del mundo, con poco menos de 10 mil millones de barriles de petróleo y hay reservas de gas estimadas en 13 billones de pies cúbicos.
En particular las Condiciones generales de gobernabilidad obtuvieron su calificación más alta, por “una ley de transparencia que facilita el acceso público a la información”. Sin embargo, el estudio cita las líneas de acción que se marcaron en la Alianza para el Gobierno Abierto, proyecto que fue abandonado por los grupos de la sociedad civil; en las líneas de acción se excluyeron varios temas de transparencia relacionados con los recursos naturales.
En cuanto a minería, el Índice arrojó una calificación general de 60 puntos, ubicándose en el puesto 19 de 89 países evaluados. Y de nueva cuenta, el primer reto que menciona el informe es la débil gestión de los ingresos provenientes de ahí y que termina por afectar todo el desempeño de la actividad.
El problema, dice la investigación, es la distribución subnacional de los ingresos provenientes de los recursos naturales. México es el séptimo productor de oro en el mundo y el año pasado produjo 4 millones de onzas de ese metal, lo que representa únicamente el 1 por ciento de las exportaciones totales de México. Otro sector minero más amplio, que incluye la plata, alcanza el 3 por ciento, a pesar del crecimiento en la inversión y producción que se ha visto en los últimos 10 años, aún así la contribución a los ingresos del gobierno va disminuyendo.
Una mejor gestión de los ingresos públicos provenientes de este recurso natural ayudará a México a beneficiarse de la inversión en la minería de oro”, señala el informe.
Para realizar la investigación, las organización enfrentó obstáculos de transparencia: “En los casos de licitación, la ley establece que se otorgue la concesión a la mejor propuesta económica, pero los documentos en los que figuran los detalles de la licitación, incluidos los términos negociables y los criterios de la adjudicación, sólo están disponibles por un pago. Dado que el contenido de las concesiones no se hace público, es difícil evaluar las condiciones económicas en las que se otorgan”.
Otros factores riesgosos que marca el estudio como un serio desafío para la gobernanza de los recursos naturales son el crimen organizado, la corrupción y la violación de los derechos humanos.
El Índice de la Gobernanza de los Recursos Naturales es la suma total de 89 evaluaciones específicas del sector en 89 países. El primer componente que evalúa, el de la extracción de valor, abarca la gobernanza de las concesiones de derechos de extracción, la exploración, la producción, la protección medioambiental, la recaudación de ingresos públicos y las empresas de propiedad del Estado.
El segundo, que es la gestión de ingreso, se refiere al proceso presupuestario nacional, la distribución subnacional de los ingresos provenientes de los recursos naturales, y los fondos soberanos.
Y el tercer componente que evalúa son las condiciones generales de gobernabilidad de un país.
Fuente:http://www.sinembargo.mx/28-06-2017/3250020