El crecimiento explosivo de la minería ilegal en Perú y la decisión del gobierno de impulsar grandes proyectos mineros pese a la oposición indígena, hacen prever un 2014 marcado por una alta conflictivad social, advirtieron el jueves organizaciones ambientalistas.
A dos años y medio de la gestión del presidente Ollanta Humala, las tensiones persisten en varias regiones del país derivadas de la actividad extractiva, subrayó el Observatorio de Conflictos Mineros.
«Las perspectivas no son muy alentadoras; el crecimiento de la actividad minera no sólo no es sostenible, sino que seguirá produciendo una fuerte conflictividad social», dijo José de Echave, ex viceministro del Ambiente al inicio del actual gobierno y representante de la ONG CooperAcción.
Otras dos ONGs, Fedepaz (Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz) y Grufides (Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo) integran, junto a CooperAcción, el Observatorio de Conflictos Mineros.
En los últimos años Perú ha afrontado conflictos derivados de la actividad extractiva minera que han encontrado dura oposición de los campesinos, que aseguran que afecta gravemente el medio ambiente y destruyen sus fuentes de agua.
Según el observatorio, en 2013 hubo un descenso de los conflictos mineros en relación al año anterior a consecuencia de una estrategia gubernamental que apostó «por el cansancio» de los pobladores que se oponen a esos proyectos, pero sin abordar las bases objetivas que han explicado los litigios.
«De esa manera los equilibrios son tremendamente precarios, la situación latente está ahí», precisó De Echave al puntualizar que «hay un cóctel complicado para el 2014».
A los problemas entre las mineras y comunidades se agrega «con mayor fuerza los problemas ocasionados por la minería informal y la ilegal», anotó De Echave.
«La minería ilegal en pequeña escala tiene un crecimiento explosivo y descontrolado especialmente en la extracción de oro y en los últimos seis años el número de concesiones de minería informal se triplicó», señala el informe del Observatorio.
Para ordenar esta actividad el Observatorio propone al gobierno la moratoria o suspensión de concesiones hasta que no se den pasos seguros hacia su formalización.