Hoy 07 de mayo del 2012, se cumplen 199 años desde que la primera Ley de Fomento Minero fuera sancionada por la Asamblea Constituyente, como propuesta de la Junta del Gobierno en Argentina.
Es así que por primera vez se realiza una acción en contra de la minería y a favor de la protección de los recursos naturales y del ambiente sano en el que la ciudadanía tiene derecho a vivir. Pese a ser una actividad económica representativa de algunos países, así también históricamente ha formado parte de los problemas ambientales y de salud pública de países en Latinoamérica.
En Nicaragua, la historia no es distinta, siendo un país con alto potencial minero, ha sido explotado de manera discriminada desde la época de la fiebre del oro (1848-1852). A la fecha, la minería en Nicaragua ha sufrido grandes transformaciones, pasando de ser mayoritariamente subterránea a cielo abierto, bajando los costos de producción a costa de los altos impactos ambientales que quedan en los sitios de influencia de estos proyectos (destrucción de la topografía, contaminación de fuentes superficiales y subterráneas de agua, pérdida de biodiversidad, etc.).
Por otro lado, pese a la introducción de cambios tecnológicos en las plantas procesadoras del mineral, la realidad de la contaminación y pobreza que deja la minería en los municipios donde se instala, es algo que sigue su curso de destrucción sin que se apliquen correctamente las normativas técnicas, decretos y legislación nacional aplicable al sector.
Centro Humboldt, como organización de sociedad civil preocupada por el desarrollo a nivel local y una gestión ambiental integral, ha monitoreado las actividades mineras en el país desde 1995. Partiendo de una ideología de resistencia, el aporte que nuestra organización ha dado al país en función de la problemática minera ha ido evolucionando, convirtiéndose en una organización referente en el tema minero a nivel de internacional.
Como parte de las acciones que desarrolla nuestra organización, se ha visto a bien realizar campañas de incidencia en políticas públicas, basadas en investigaciones a nivel documental in situ, con la rigurosidad científica requerida, para generar discusión, aportes al monitoreo de las empresas mineras, recomendaciones técnicas y propuestas de soluciones a instituciones involucradas en la regulación y organización del sector.
En una de las investigaciones desarrolladas por Centro Humboldt, denominada “Afectaciones ambientales provocadas por la actividad minera de la empresa DESMINIC S.A., La Libertad, Chontales”, se demostró con resultados de análisis de aguas superficiales del Río Mico, y aguas subterráneas del sitio, los altos niveles de contaminación por metales pesados y los graves procesos de sedimentación que sufre el mismo río y sus afluentes, provocados por la explotación minera en este Municipio. Los resultados de la investigación permitieron que instituciones del Estado, como MARENA, PGR y Alcaldía Municipal reaccionaran y abrieran un proceso administrativo en contra de la empresa, con el fin de exigir la adecuada aplicación del marco legal nacional y mitigar los impactos ocasionados al medio ambiente.
En cuanto a las labores a nivel de las comunidades, Centro Humboldt, tiene siempre ha contemplado la recepción, apoyo y monitoreo de denuncias ambientales, que parten de una demanda de la población afectada por alguna actividad económica. Por ello, existen en el historial de casos que Centro Humboldt ha apoyado técnica y legalmente, una serie de denuncias ambientales que han sido interpuestas incluso ante la Corte Suprema de Justicia del país, como fue la denuncia por contaminación de recursos hídricos provocada por la empresa Triton Minera S.A., la cual fue presentada por pobladores de Comarca Mina El Limón (Larreynaga, León) en alianza con organizaciones de sociedad civil a nivel local y Centro Humboldt.
Como organización de sociedad civil, se tiene un fuerte interés en incidir en la debida aplicación de la actual legislación aplicable a los sectores de interés económico. Sin embargo, por medio de los constantes monitoreos y las investigaciones in situ, se han encontrado vacíos de ley, que han demandado el planteamiento de propuesta para el manejo adecuado de los recursos naturales. Es así que existe una propuesta de ley presentada en el 2007 ante la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Nacional, para el manejo integral del Cerro Mokorón: “Ley que declara Parque Nacional al Cerro Mokorón”; y la reciente propuesta de iniciativa de “Ley para la regulación y organización de la pequeña minería y minería artesanal”.
Aún en sitios de gran vulnerabilidad ambiental y de alto riesgo, como son respectivamente el caso del Cerro Mokorón, así como el Cerro Motastepe, existen empresas mineras que están extrayendo recursos minerales de manera desordenada e incluso en términos de completa ilegalidad.
Desde el 2008 se ha venido monitoreando la concesión para extracción de material selecto ubicada al sureste del Cerro Mokorón, conocida como Nido de las Águilas, la cual se encuentra operando sin haber realizado su respectivo Estudio de Impacto Ambiental, por lo que tampoco cuenta con un permiso ambiental requerido antes de iniciar cualquier operación, según la Ley No 387 de exploración y explotación de minas del país.
Existen diversos casos de empresas mineras que continúan extrayendo recursos no renovables de nuestros territorios, causando procesos de destrucción ambiental que no son regulados ni monitoreados de manera sistemática, dejando consecuencias irreparables en los medios de vida de las comunidades.
En un día en honor a la beligerancia del Gobierno de Argentina en función del bienestar de la población, merece la pena instar a las instituciones del Estado nicaragüense a ser más firmes y constantes en la aplicación de la ley; a las empresas que se apeguen a la legislación pertinente y a sus compromisos ambientales y sociales; y a la población que se informe y exija sus derechos de vivir en un ambiente sano y seguro.
Ing. Tania Sosa. Oficial de incidencia en industrias de Centro Humboldt.