Francisco López Bárcenas
La industria minera en México se sigue tiñendo de sangre. Su primera
víctima pública fue Mariano Abarca Roblero, asesinado frente a su casa
el día 27 de noviembre de 2009, en la cabecera municipal de Chicomuselo,
Chiapas.
Miembro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema),
el activista pagó con su vida haber encabezado la lucha contra
Blackfire, la minera canadiense que se apropiaba de los minerales en la
región.
La segunda sucedió el 18 de enero, durante una agresión contra los
habitantes del municipio oaxaqueño de San José del Progreso encabezada
por el presidente municipal, donde murió Bernardo Méndez y quedó
gravemente herida Abigaíl Vásquez Sánchez. Ambos eran firmes opositores
a la minera Cuxcatlán, filial de la empresa canadiense Fortuna Silver
Inc., que ha comprado decenas de parcelas en ese lugar y pretende
explotar el mineral existente en el subsuelo.
Muertes violentas de opositores, como las anteriores, son las menos.
Hasta podría decirse que son la excepción, el último recurso de los
personeros de las empresas mineras para «convencer» a los opositores a
sus actividades depredadoras y contaminantes. Son más las muertes
silenciosas, como la de Sofía Figueroa Peña, quien fue afanadora del
consorcio minero Goldcorp, con sede en Vancouver, Canadá, la cual opera
en El Carrizalillo. Figueroa Peña murió el día 4 de diciembre de 2010,
después de dos días de vómitos y convulsiones ininterrumpidas,
producidas por manejar el equipo de absorción atómica del laboratorio de
la minera. O como las enfermedades que se denuncian por varias partes de
la sierra tarahumara, producto de la contaminación con los químicos que
se usan para la lixiviación, que mata animales y plantas. Sucesos de ese
tipo dan la razón a los wirrárikas que se oponen a las actividades
mineras porque les quita la vida.
Con todo su dramatismo, los anteriores son sólo unos ejemplos de lo que
sucede en varias partes del territorio mexicano. Para satisfacer los
requerimientos del mercado mundial y apuntalar la revolución tecnológica
las empresas mineras –la mayoría de ellas extranjeras, aunque no faltan
las mexicanas– están dispuestas a llevar adelante sus proyectos de
extracción mineral sin importar el precio para lograrlo, incluida la
destrucción de la vida. Pero los pueblos no están dispuestos a pagar el
precio de esa destrucción. Por eso cuando toman conciencia de la amenaza
que se cierne sobre ellos reaccionan, se organizan y luchan. De manera
lenta pero firme, la resistencia se va tejiendo por muchas partes. Desde
Baja California Sur, hasta Chiapas, pasando por Chihuahua, San Luis
Potosí, Jalisco, Guerrero, Oaxaca y Veracruz.
En todos partes las quejas son los engaños para la firma de contratos
leoninos de acceso a la tierra, la destrucción del medio ambiente, las
enfermedades que generan y, en general, el peligro que representan para
los habitantes de los alrededores.
Como parte de estas resistencias varios pueblos ya se están movilizando.
Los wirrárikas, en la Sierra Madre Occidental, han comenzado
peregrinaciones hacia sus lugares sagrados amenazados por las empresas
mineras, mismas que culminarán la noche del 6 de febrero en una
ceremonia conjunta de todos los centros ceremoniales, como hacía años no
sucedía; de manera paralela, los días 5 y 6 de este mes, varios pueblos
cuicatecos de Oaxaca se reunirán en San Pedro Chicozapotes para acordar
acciones que detengan la explotación minera que los amenaza; mientras
tanto, en Guerrero, la policía comunitaria denuncia que el gobierno del
estado se ha mostrado abiertamente a favor de la actividad minera y se
preparan a responder; mientras, en Veracruz emprenden acciones para
oponerse a las actividades de la mina Caballo Blanco, la cual pone en
peligro a los pueblos vecinos, por su cercanía con la núcleoeléctrica
Laguna Verde.
A su manera y en sus tiempos, los pueblos resisten. Muchas y variadas
son las estrategias que hasta ahora han usado para hacerlo: información
a los afectados, campañas de denuncia nacionales e internacionales,
acompañadas de las movilizaciones correspondientes. Otros incluyen la
defensa jurídica en los tribunales nacionales, reclamando los derechos
que las leyes les reconocen. Todas ellas son válidas y si pueden
combinarse, mejor. Pero no hay que olvidar que las empresas que
enfrentan representan el capital trasnacional y su lucha debe llegar a
esos niveles para tener algún éxito.
La resistencia debe trascender los límites nacionales porque si alguna
vez este fue un elemento a favor, ahora puede ser un obstáculo que les
impida alcanzar el triunfo. De ese tamaño es el reto y si no se rompe,
la minería puede seguir ensangrentando el campo mexicano.