La nueva fiebre del oro y otros minerales avanza en México: Detona conflictos sociales y esparce violencia al desplazar pobladores, crear tensiones sociales y desatar represión policiaca o militar en comunidades cuyos habitantes se oponen a la depredación de los megaproyectos mineros, impulsados sobre todo por compañías canadienses, entre otras, First Majestic Silver Corp. Esta información no proviene sólo de ejidatarios afectados ni de partidos opositores, sino del propio gobierno federal.
En 2013 se identificaron 26 conflictos sociales en el país, provocados por la contaminación ambiental, restricción o escasez de agua en comunidades, despojos territoriales, cambios de uso de suelo y violaciones a derechos humanos en 18 entidades, de acuerdo con datos de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México (CDPIM) de la Secretaría de Gobernación.
Según el Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL), los estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro y Veracruz tienen al menos un conflicto de esa naturaleza. Baja California Sur, Chiapas y Jalisco registran dos conflictos cada uno; San Luis Potosí y Sonora, tres, y Oaxaca al menos cuatro, relacionados con actividades extractivas.
La situación es llamativa incluso en el contexto internacional pues, según cifras de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal), México es uno de los cuatro países de la región que acumulan más conflictos socioambientales derivados de la minería, puesto que enfrenta 26, igual que Argentina. En primer lugar figuran Perú y Chile, con 33.
En su Estudio de la minería en México, un análisis comparado con Canadá, la CDPIM cita las conclusiones a las que ha llegado la relatoría especial sobre derechos de los pueblos indígenas de la ONU; por ejemplo, esta instancia menciona la violación de derechos territoriales y la falta de consulta pública como origen de esos conflictos, además de la presión de las industrias extractivas, que complica la realización de modelos de gobernanza (Proceso 1937).
Para la CDIPM, el problema de fondo radica en la corrupción que prevalece entre las empresas y las instancias gubernamentales del sector.
Poder trasnacional
Antiguo enclave minero en el Bolsón de Mapimí, el de Ocampo, Coahuila, es uno de los tres municipios con mayor extensión territorial del país. Según los datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), está semimarginado, incomunicado y con una creciente expulsión poblacional.
Su potencial minero recobró importancia hace algunos años y desde 2006 la empresa canadiense First Majestic Silver Corp. compró La Encantada, una mina de plata y plomo en presunta decadencia que ocupa 4 mil 76 hectáreas.
El estudio de la CDPIM refiere que las operaciones de First Majestic ahí “no sólo se caracterizan por la corrupción y el desentendimiento de las autoridades a la problemática social, sino también por ser una de las minas que más gana y que menos retribuye” a la comunidad y a la Secretaría de Hacienda.
La minera desarrolló sus actividades en territorio ejidal, y en 2004, cuando la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) ordenó que entregara las tierras al ejido, personal de la dependencia elaboró documentos alterados que hicieron imposible a los ejidatarios tomar posesión del terreno.
La mina La Encantada demandó un amparo, que le fue rechazado en 2006. La sentencia definitiva concluyó que la empresa no había demostrado la propiedad de las tierras; en cambio, los ejidatarios sí lo hicieron. Con todo, las maniobras de la delegación estatal de la SRA volvieron a impedir la entrega del fundo.
En 2011 los comuneros iniciaron un litigio en el Tribunal Unitario Agrario con sede en Torreón, que hasta la fecha no se ha iniciado debido a las prácticas dilatorias que siguen favoreciendo a la minera canadiense. Por ejemplo, en esa instancia argumentan que no se ha podido emplazar a la trasnacional porque en las oficinas no reciben al actuario. En un hecho inusual, la presidenta de dicho órgano jurisdiccional, María Oralia Aguilar Ruiz, decidió notificar a la empresa en Calgary, Canadá, donde First Majestic tiene su sede corporativa.
En ese tribunal los comuneros reclaman mil 342 hectáreas ocupadas de manera ilícita por la minera, además de que ésta construyó y aprovecha un camino de 15 metros de ancho y cinco kilómetros de longitud sobre los terrenos ejidales, sin pagar ningún derecho de uso, como tampoco lo hace por la servidumbre de paso de una tubería de agua y una línea de electricidad.
En sus tierras la empresa construyó un complejo de 300 viviendas, un hotel y una casa club para ingenieros, además de la infraestructura minera y una pequeña pista de la que despegan aviones cargados de mineral.
La Encantada es la principal explotación de First Majestic en México, que en 2012 reportó una utilidad bruta de mil 464 millones 679 mil pesos, pero sólo pagó 0.004% (68 mil 160 pesos) por derechos mineros.
Se trata de una mina subterránea donde se utilizan los procesos de cianuración y flotación para obtener plata. Aunque se supone que es un procedimiento extractivo menos peligroso que otros, el comisariado ejidal de Tenochtitlán, Mario Valdez, señala que desde hace años los animales empezaron a morir cuando pastaban cerca de la mina.
“La madera en la que transportan el cianuro está regada por todas partes como si fueran envolturas de chicle. Es una barbaridad de contaminación. La suspensión de partículas es visible, pero ninguna autoridad ambiental les pone freno”, dice.
Para obtener una concesión minera y permisos ambientales se debe demostrar la propiedad del terreno, pero los permisos se le siguen otorgando a la trasnacional. El 24 de abril de 2008, First Majestic obtuvo la autorización ambiental para construir una “planta de lixiviación dinámica y presa de jales”, que ocupará más de 14 hectáreas correspondientes al predio que reclama el ejido.
Los comuneros, en su mayoría hombres y mujeres de edad avanzada, realizaron una protesta el pasado 26 de junio. Sin embargo, la noche del 27 fueron detenidos por la Policía Investigadora de Coahuila, que los llevó a Múzquiz, Monclova, Cuatrociénegas, San Pedro de las Colonias y finalmente a Laguna del Rey, un recorrido inexplicable de 700 kilómetros.
“Fue un levantón intimidatorio que terminó en una Agencia del Ministerio Público. Fuimos acusados de ataques a las vías de comunicación”, dice el campesino. Ahí los obligaron a firmar una declaración previamente elaborada y sin asistencia de un abogado. Los dejaron libres en esa comunidad, desconocida para ellos, pero los reaprehendieron una hora después.
En aquella zona dominada por el narco y donde cualquiera puede desaparecer, dos de los ejidatarios de Ocampo temieron por su vida y trataron de huir de los policías. Ahora enfrentan un proceso por “evasión”.
La denuncia penal que dio origen a esa averiguación previa fue interpuesta por ejecutivos de First Majestic, cuyo equipo jurídico no puede aceptar notificaciones agrarias.
El 25 de noviembre, en una diligencia en la que el comisariado Mario Valdez intentó que se desestimara la querella porque el camino no forma parte de la red del gobierno estatal, no se ubica en ningún registro federal y los documentos confirman que ese lugar pertenece al ejido, el delegado de la procuraduría estatal en la región centro de Coahuila, Santos Vázquez, les dijo a los comuneros que el camino era de la mina, pues de lo contrario lo hubieran arreglado hace años.
En resumen, “nos acusan de ataques a las vías de comunicación por un camino que no está registrado en ninguna parte y en tierras que son nuestras”.
Por el despojo, las condiciones irregulares de su operación, sus escasas contribuciones y pagos de derechos, así como por la complicidad de autoridades y la represión contra quienes se le oponen, el caso de First Majestic fue considerado con especial énfasis en el informe de la CDPIM.
Ahí mismo, en La Encantada, la Organización Familia Pasta de Conchos, integrada por víctimas y familiares de víctimas de la minería en Coahuila, denunció la muerte de la trabajadora María de la Luz Piña, una joven abogada que ante la falta de oportunidades en la región se fue de minera y murió en un traslado. El caso se publicó en Proceso.com.mx el pasado 6 de mayo.
First Majestic también enfrenta la oposición a la instalación de una mina en la Sierra de Catorce, en Real de Catorce, San Luis Potosí, un lugar considerado sagrado por el pueblo huichol, pues ahí se ubica su santuario natural Wirikuta (Proceso 1806).
El informe de la CDPIM indica que otro conflicto en el que está implicada la empresa canadiense es el de su Compañía Minera La Guitarra, ubicada en el Estado de México, la cual enfrenta un embargo por una deuda mercantil que se niega a pagar.
Violencia expansiva
Otra empresa canadiense mencionada en el informe de la CDPIM es Blackfire Exploration, propietaria de la mina Payback, una explotación de barita (mineral utilizado para la perforación de pozos petroleros) en Chicomuselo, Chiapas.
En 2009, tras una larga oposición a la mina, Mariano Abarca y la comunidad habían conseguido notoriedad internacional con sus denuncias, y de junio a noviembre de ese año mantuvieron un plantón exigiendo la expulsión de la compañía.
En agosto de ese año Abarca fue secuestrado y posteriormente liberado; semanas después recibió amenazas de muerte, que denunció el 26 de noviembre. Al día siguiente un sujeto que trabajó para Blackfire lo acribilló a la puerta de su casa.
El 7 de diciembre siguiente la mina fue clausurada por infringir normas ambientales. Para entonces, la movilización social por los impactos de la minera ya había trascendido a escala internacional. Más aún, varios activistas acusaron a la empresa de ordenar el asesinato de Abarca.
La corrupción que hizo posible el establecimiento de esa mina en violación de la ley llegó a niveles diplomáticos. Con base en varios informes, el estudio de la CDPIM establece: “Todo parece indicar que la embajada canadiense prestó apoyo fundamental e inescrupuloso a las operaciones de la empresa minera en el país”.
La represión contra dirigentes sociales que se oponen a proyectos mineros en comunidades indígenas es especialmente grave en Guerrero, donde han muerto nueve líderes por defender los territorios comunales (Proceso 1935).
El corresponsal de este semanario en Guerrero, Ezequiel Flores, reportó que el pasado lunes 2 organizaciones sociales, policías comunitarios y el magisterio disidente marcharon para exigir que el gobernador, Ángel Aguirre, frenara la ola represiva.
El mismo día se informó del surgimiento del grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias-Liberación del Pueblo (FAR-LP), que también recriminó los ataques a los dirigentes populares.
Las FAR-LP emitieron otro comunicado el 16 de diciembre. En el documento advierten que considerarán objetivos militares a las empresas extranjeras con intereses mineros y energéticos. Dice el tercer párrafo:
“Desde siempre el régimen priista ha mentido y engañado a la nación, y hoy que regresa después de una frustrada transición democrática y del desmantelamiento de la industria de la nación, producto de 12 años de gobierno de la derecha panista que saqueó los recursos del país y malbarató a las empresas extranjeras nuestras riquezas, como fue el hecho de la extracción de oro en las concesiones mineras, que representó una explotación mayor que en los 300 años que duró la época de la Colonia…”
La comparación de la extracción aurífera colonial con la de los últimos años se publicó en la edición 1905 de Proceso, correspondiente al 4 de mayo pasado.
Aun cuando 70% de las minas son de inversión extranjera, la mayoría canadiense, los inversionistas de otros países y los nacionales también son causantes de conflictos sociales:
En Aquila, Michoacán, las operaciones de una mina de fierro propiedad del gigante italo-argentino Techint provocaron tensión social y el consecuente desplazamiento de 180 personas hacia Colima y otros lugares en julio pasado, según documentó el reportero Raymundo Pérez Arellano para el programa televisivo Punto de Partida, en agosto último.
Es el caso también de empresas nacionales como Grupo México, propietaria de la mina Pasta de Conchos –donde murieron 65 trabajadores en un accidente que aún no se ha esclarecido– y que se dispone a invertir en el sector eléctrico en el estado Puebla.
A su vez, los gigantes mineros Grupo México y Frisco tienen proyectos extractivos para esa entidad (Proceso 1905). Sus respectivos dueños, Germán Larrea y Carlos Slim, figuran entre los hombres más ricos del mundo.
Frisco pretende desarrollar la mina Espejeras en la Sierra Norte de Puebla. Es otro caso ilustrativo de los excesos mineros documentados en el estudio de la CDPIM, cuyas gestiones lograron frenar la autorización ambiental de la Semarnat a esa compañía en octubre pasado, para dar paso a un proceso de consulta indígena.
En entrevista, Raymundo García, comunero indígena de Tetela del Volcán, Morelos, llama la atención sobre el hecho de que si bien a Frisco se le frenó el permiso a partir de la movilización social, a la minera Autlán se le otorgó una autorización ambiental sin consulta alguna en Tlatlauquitepec, Puebla.
Considera que si bien se pudo detener la autorización ambiental, la Semarnat incurre en trampas, pues la organización e informe sobre la consulta se deja en manos de la empresa, con lo que se viola lo dispuesto en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, suscrito por México.
“Desde nuestro punto de vista, se trata de privatizar hasta la consulta indígena”, sostiene García.