27-02-2017
La semana pasada fueron publicadas las cifras consolidadas del crecimiento económico del año 2016: según el INEI, la economía peruana creció 3.9%, impulsada sobre todo por el sector de la minería metálica que creció en 21.8%. La minería da cuenta de casi la mitad del crecimiento del año pasado.
Lo cierto es que después del comportamiento espectacular de la minería metálica en los dos últimos años, con tasas de crecimiento de dos dígitos, las proyecciones del propio Ministerio de Economía y Finanzas muestran un menor dinamismo: 7.4% para este año, 2.9% en 2018 y apenas 1.2% en 2019.
Es por eso que desde el gobierno se ha comenzado a señalar que se busca destrabar varios de los proyectos que forman parte de la cartera de inversiones mineras. El ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, acaba de anunciar que los proyectos que se destrabarían de inmediato son: Tía María, Río Blanco, Toromocho (ampliación), San Gabriel, Quellaveco, Mina Justa, Pampa del Pongo y Michiquillay.
Los siete proyectos mencionados suman una inversión de 11,314 millones de dólares. En orden descendente tenemos: Quellaveco (3,300 millones); Río Blanco (1,500); Pampa del Pongo (1,500 millones); Tía María (1,400); Toromocho (1,350); Michiquillay (1,000); Mina Justa (744); San Gabriel (520).
Sin embargo, lo que no ha mencionado el ministro Thorne es que los proyectos anunciados no tienen el mismo nivel de avance y tampoco se está tomando en cuenta el contexto social que enfrentan y la propia situación por la que atraviesan las empresas. Veamos por partes.
Entre los proyectos que en principio estarían más avanzados figura Quellaveco, que tiene su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado y que además el año 2012 suscribió un acuerdo con la población y el entonces gobernador regional y actual vicepresidente, Martín Vizcarra. Al margen de la vigencia o no del acuerdo, el problema central para el desarrollo de Quellaveco ha sido la difícil situación por la que atraviesa la propia empresa Anglo American: como se sabe, la actual gestión de la centenaria empresa sudafricana viene tratando de superar en los últimos años el desastre provocado por una descontrolada estrategia de expansión que fue financiada por un enorme endeudamiento. Para tener una idea de la situación, hay que señalar que hasta hace muy poco se hablaba de una posible venta o disolución de Anglo American. Por lo tanto, es muy difícil pensar que una empresa sobre endeudada pueda sacar adelante un proyecto de las características de Quellaveco, y dentro de las posibilidades que se barajan, se ha especulado sobre una posible alianza o venta del proyecto a Southern Perú.
En el caso de Tía María, que también cuenta con EIA aprobado, está claro que se mantiene el rechazo de la población al proyecto. La reciente visita del presidente Kuczynski a la provincia de Islay y más específicamente al Valle del Tambo, ha confirmado que la oposición de la población se mantiene y que no existe lo que las propias empresas definen como licencia social para operar. Por lo tanto, este proyecto no tiene ninguna posibilidad de ser reactivado en el corto plazo.
Pampa del Pongo es un proyecto de hierro de la empresa china Jinzhao Mining, que se ubica en la provincia de Caravelí (Arequipa) y que también cuenta con EIA aprobado. El desarrollo de este proyecto ha recibido un nuevo impulso luego de la firma de los convenios de promoción y los memorandos entre Perú y China a finales del año pasado, en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC 2016. La empresa ha anunciado el inicio de la construcción para el 2018 y una posible fase de explotación entre el 2020 y 2021.
Aparte de la ampliación de Toromocho, que no presenta mayores inconvenientes que la propia gestión de la empresa china, lo cierto es que los demás proyectos mencionados están bastante más atrasados y tendrán que pasar varios filtros antes que puedan concretarse: San Gabriel, en medio de suspensiones, ha presentado su EIA y está en proceso de evaluación, mientras que el resto se encuentra en fase de exploración. Mención especial merece el proyecto Río Blanco, que no sólo no cuenta con EIA aprobado, sino que sigue enfrentando una fuerte resistencia de la población de las provincias piuranas de Huancabamba y Ayabaca.
Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso cuando se hacen anuncios sobre posibles decisiones de inversión en torno a proyectos mineros. Son diversas variables las que cuentan para que finalmente se tome una decisión: desde las variables financieras y la capacidad de endeudamiento de las propias empresas; el propio contexto global, tan influyente en una actividad como la minería; hasta los temas sociales y ambientales que se presentan en las zonas de influencia de los propios proyectos.
Lo cierto es que siendo realistas, en los próximos años veremos madurar algunos cuantos proyectos de ampliación de operaciones mineras que ya están en curso y por allí alguno que otro nuevo emprendimiento nuevo. Para este año se proyectan alrededor de 4 mil millones de dólares en inversiones mineras, el monto más bajo de los últimos cinco años; y para el quinquenio, el propio Ministerio de Energía y Minas proyecta una inversión de 14 mil millones de dólares, muy por debajo de la inversión alcanzada en el quinquenio pasado.
Ya no estamos en la efervescencia de la década pasada y pese a las resistencias, hay que hacerse a la idea que la evolución de la inversión minera y de la propia producción, será bastante más pausada de lo que algunos esperan. Mientras tanto, se debería estar trabajando la agenda de derechos sociales y ambientales que sigue estando pendiente.
27 de febrero de 2017