Miguel Ángel Hernández Calvillo
Un proyecto de nueva ley minera se discute en el Congreso Federal. Se trata de un esfuerzo institucional que ha concitado la participación de organizaciones sociales y comunitarias afectadas por un tipo de actividad en esa industria que se ha manifestado como altamente depredadora de la naturaleza y de las relaciones sociales, al punto en que se puede plantear, sin mayores sobresaltos, de afectaciones socio-ambientales cuando se trata de inversiones que no toman en cuenta la opinión, costumbres y necesidades materiales de subsistencia de las poblaciones que habitan los lugares en donde se asientan este tipo de empresas. Particularmente nociva ha resultado la denominada “minería de tajo a cielo abierto”, por los impactos negativos que para la salud pública y la preservación de especies únicas de flora y fauna tiene esa modalidad de explotación minera.
Por otra parte, resulta ciertamente revelador que cerca de una tercera parte del territorio nacional esté entregado ya en concesión, para su explotación y usufructo, a empresas mineras de capital extranjero que, de acuerdo con el estado actual de la legislación de la materia, obtienen enormes ganancias en el mercado internacional de los más variados minerales del subsuelo mexicano, sin ofrecer a cambio beneficios claros a las comunidades en las que se han establecido, por lo que una de las propuestas de este proyecto de nueva ley minera contempla, precisamente, gravar con un impuesto de alrededor del 5 por ciento, las utilidades de esas empresas, con el propósito de que ese gravamen sea aplicado al desarrollo de las comunidades o municipios en los que se han asentado, poniendo fin a una exacción brutal en el eslabón más débil de la cadena gubernamental, como es el municipal.
Precisamente, hace algunos días se llevó a cabo en San Luis un foro sobre el proyecto de nueva ley minera y es de llamar la atención que en esos mismos días ocurrió la clausura de las instalaciones de la empresa minera “Mexichem”, instalada en la comunidad de “La Salitrera” del municipio de Villa de Zaragoza, realizada por personal del Ayuntamiento de esa demarcación, toda vez que dicha empresa no ha cubierto el pago de obligaciones fiscales municipales por concepto de impuesto predial y cambio de uso de suelo, por un monto de aproximadamente 170 millones de pesos, según datos proporcionados por el síndico y el director de catastro de ese lugar, señalando que dicha empresa fue requerida en diversas ocasiones para cubrir esa obligación, pero hizo caso omiso, por lo que la autoridad municipal decidió clausurar, como medida de apremio, los accesos de dicha empresa.
Como era de esperarse, de inmediato la empresa recurrió a la presión en instancias legales y de influencia económico-política, exigiendo que se levantaran los sellos de clausura impuestos por la autoridad municipal, acudiendo al Tribunal Estatal de lo Contencioso Administrativo (Teca) del Estado de San Luis Potosí, el cual resolvió de manera por demás inusual y expedita el trámite incoado, resolviendo la suspensión del acto de autoridad el mismo día que se presentó la solicitud respectiva por parte de la empresa, argumentando que sí se cuenta con documentación que ampara el pago de los impuestos reclamados por el municipio, pero la autoridad municipal señala que se trata de documentación correspondiente a mucho tiempo atrás, cuando se trataba de otra denominación o razón social, la compañía minera “Las Cuevas”.
Con independencia del alegato jurídico, lo que resalta es el abuso en que una empresa, catalogada como de “clase mundial”, incurra en el pago de obligaciones municipales que, por lo demás, representa una ínfima parte de las onerosas utilidades que percibe por la explotación mineral; en este caso, se trata de la más grande empresa minera de extracción de fluorita en el plano internacional; en contraste, el municipio de Villa de Zaragoza sigue siendo uno de los municipios con mayores carencias para sus habitantes. Por cierto, no puede soslayarse que esta empresa sea una de las que ya empiezan a enfocar sus baterías en el negocio de la eventual privatización de la industria petrolera nacional, incluso antes de que se concrete la reforma entreguista del gobierno de Peña Nieto, toda vez que “Mexichem” adquirió ya el 60 por ciento de acciones del complejo industrial “Pajaritos”.
Como lo ha documentado “Proceso” (número 1923, 8 de septiembre de 2013), se trata de una transacción “que Felipe Calderón intentó sellar en dos ocasiones, en 2011 y julio de 2012, pero se topó con dos escollos en el consejo de administración de la paraestatal: el sindicato petrolero (que alegaba el inevitable despido de poco más de 1,500 trabajadores) y el consejero independiente Rogelio Gasca Nery (que alegaba la inconstitucionalidad del acuerdo)”. Sin embargo, tal parece que la experiencia empresarial lograda por el dueño de “Mexichem”, Antonio del Valle, a su paso como dueño de “Bancrecer” y “Bital”, rescatados con cargo al erario y luego rentablemente rematados al mejor postor, ha rendido frutos, sobre todo tratándose Pemex de una empresa en la que la corrupción se ha enseñoreado de manera notable y todo puede ser logrado.
Más aún, con esta transacción, se confirma que los inversionistas privados de dentro y fuera del país -que el gobierno federal espera lleguen con la reforma energética que se traen entre manos-, sí van por todas las canicas y no sólo arriesgarán sus capitales para explorar en aguas profundas, toda vez que, como se confirma con “Mexichem”, buscarán apoderarse hasta del último tornillo de las instalaciones de Pemex, puesto que se trata una empresa que sí es rentable, a pesar de que insistan en la idea contraria. En fin, volviendo al proyecto de nueva ley minera, resulta por demás necesario contemplar medidas que propicien el cumplimiento pleno de obligaciones, de todo tipo, que adquieran las empresas mineras para con las comunidades en donde se establecen, toda vez que, visto está, si se trata de evadir la responsabilidad social, algunas están más que puestas.