La explotación de oro ocupa un lugar preponderante en el estado Bolívar, aunque su peso en la economía del país es pequeño (1.27% del PIB).
Por otra parte, la cantidad de estudios con una evaluación económica basada en trabajos geológicos sistemáticos es muy limitada, sin mencionar que «Las Cristinas» y «Brisas del Cuyuní» tienen demandas ante el Banco Mundial (Ciadi). La realidad es que estamos lejos de lograr una minería racional y lo que impera es la devastación por diversas extracciones incontroladas de oro y/o diamante, conocidas bajo la denominación de «Pequeña Minería» que afecta seriamente el suelo, el bosque y el potencial hídrico, originando serios daños ambientales que los mineros artesanales no pueden resolver y los organismos del Estado no tienen una respuesta al problema, dando origen al comercio, tránsito, y contrabando de personas, comida, gasolina, entre Guyana y Brasil.
Además, los focos de minería artesanal del estado Bolívar han sido históricamente promovidos por políticos de todas las toldas: gobernadores, militares, ministros y empresarios, que obtienen un permiso o concesión de oro sin tener la capacidad económica, o fundamento exploratorio, para garantizar dicho emprendimiento.
Gustavo Sardi
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