09/09/2021
Desde 2009, cada 22 de julio numerosos grupos sociales y académicos nos recuerdan los problemas que ocasiona la minería. Fue una iniciativa de grupos de México y Canadá a la que se sumaron muchos en decenas de países y el sector científico. Ese día refieren los daños muy graves que esa actividad trae a los grupos humanos menos protegidos. También detallan la contaminación y su efecto en la salud pública. Igualmente el deterioro de un recurso clave: el agua. Todo ello se ha agravado por el calentamiento global.
En el caso de México, la minería es desde hace varias décadas manejada por influyentes intereses nacionales y extranjeros. Como nunca, el Estado dejó una de nuestras riquezas en manos privadas. Desde 1994 les concesionó cerca de la quinta parte del territorio nacional. Y mientras las empresas obtienen utilidades multimillonarias, en cambio se empobrecen las comunidades donde la minería tiene presencia. Y no sólo eso: se destruye el ambiente y los recursos naturales que encierra y de los que depende la existencia de millones de habitantes del medio rural.
Una muestra de los daños que ocasiona la minería en México, y la necesidad de que el Estado retome su papel rector en bien de la población, la ofrecen varios especialistas en un número especial de La Jornada Ecológica, que puede consultarse en https://ecologica.jornada.com.mx/.
Con datos muy precisos, los especialistas documentan esa necesidad; destacan cómo la minería ocasiona pobreza y contaminación extremas. Además, el gobierno viola acuerdos internacionales sobre la necesidad de consultar con las comunidades donde existe riqueza minera, los términos de la explotación en cada caso.
Los investigadores Leticia Merino, Manuel Llano, Miguel Soto, Dolores Rojas, Sol Pérez Jiménez, Aleida Azamar Alonso, Itzel Silva Monroy, Jorge Peláez Padilla, Luca Ferrari, Beatriz Olivera Villa y Javier Bautista de la Torre detallan cómo el artículo 6 de la Ley Minera la define de interés público y prevalente sobre cualquier otra, con la excepción de la producción de hidrocarburos. Con esta ley, publicada antes de entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se inauguró la nueva historia minera del país. Su caracterísica: enorme participación de empresas extranjeras, concesiones de gran extensión y largos periodos, intensidad de extracción sin precedente y débil marco regulatorio.
Sólo entre 1989 y 2018, se concesionaron a empresas mineras 114 millones de hectáreas del territorio por un periodo de 50 años, renovables a otros tantos. El plato puesto para convertir a las concesiones en muy lucrativos negocios con bienes de la nación. Un ejemplo: entre 1994 y 2018 se extrajo casi siete veces más oro y el doble de plata que durante los 300 años de la Colonia. Y las exportaciones minero-metalúrgicas, más de 900 por ciento, especialmente hacia Estados Unidos (oro) y China (cobre). La mayor parte se exporta como materia prima, generando así pocos empleos y escaso valor agregado. Y pagan una miseria de impuestos.
Esa política de escandalosos privilegios hace al país cada vez más vulnerable a efectos sociales y ambientales muy nocivos. Serán mucho mayores al ponerse en marcha los próximos años nuevos proyectos mineros.
Como anotan los autores en dicho suplemento, mientras son evidentes y aumentan los daños, la violencia y las pérdidas sociales y ambientales por la minería en el país, los dueños mexicanos y extranjeros de esos prósperos negocios no tienen empacho en publicitar que generan desarrollo “sustentable”, cuando es todo lo contrario, gracias a los privilegios que les brinda el gobierno.
Y de eso informa la organización Cambiémosla Ya, formada por un numeroso grupo de organizaciones de la sociedad civil, académicos y comunidades. Todos ellos convencidos de que resulta urgente y necesario reformar el andamiaje legal minero a fin de beneficiar a la población involucrada. Además recuerdan los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. México es uno de los firmantes. Se trata de un marco de referencia que, al aplicarlo al caso específico de la minería nacional, comprueba que no es sustentable ni beneficia a las actuales y a las futuras generaciones.
Por Iván Restrepo