El incidente ambiental ocurrido en la mina Veladero, en San Juan, obliga a discutir qué tipo de minería necesita la Argentina y si el Estado es capaz de controlar a las empresas mineras más poderosas del mundo.
Agencia TSS – Cuando Saúl Zeballos llegó a orillas del río La Palca, se sorprendió al ver una camioneta de la empresa minera Barrick Gold en el lugar.
Fue el pasado 14 de septiembre, al mediodía. El día anterior había ocurrido un incidente que alarmó al pueblo de Jáchal, un departamento ubicado al centro-norte de la provincia de San Juan. Según una cadena de mensajes de texto comenzada de forma anónima, en la cercana mina Veladero, por la rotura de una válvula, se había producido el derrame de 15.000 litros de solución cianurada, que desembocó en el río Potrerillos. Preocupados, los vecinos se fueron congregando frente a la Municipalidad de Jáchal para pedir información sobre lo ocurrido. El intendente, Jorge Barifusa decidió entonces armar un comité de crisis encabezado por Zeballos, integrante de la asamblea Jáchal No Se Toca, quien viene denunciando los riesgos de la actividad minera en la zona desde hace una década. El comité propuso convocar a especialistas de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO), con quienes ya habían trabajado previamente, para realizar un análisis lo antes posible.
Veladero es una mina en la que se explota oro y plata. Se encuentra a más de 4000 metros sobre el nivel del mar en una zona periglacial. Si bien el derrame fue en el río Potrerillos, sus aguas desembocan en los caucesde l os ríos Las Taguas, La Palca, Blanco y Jáchal.
El primer comunicado de la multinacional de origen canadiense Barrick Gold aseguraba que “no hubo contaminación en los ríos”. Fue por eso que a Zeballos le llamó la atención ver la camioneta cuando llegó al cauce de La Palca junto con los expertos de la UNCUYO. Uno de ellos, al ver los instrumentos que usaba la gente de Barrick, le confirmó la sospecha: “Eso es para detectar cianuro en el momento”.
“Desde entonces, la empresa ya estaba mintiendo”, dice Zeballos. “Después reconocieron que se habían derramado 15.000 litros. Más adelante, 224.000 litros. Y por último, que eran más de un millón de litros. ¿Cómo podemos creer en los controles de la actividad megaminera, si la propia Policía Minera tampoco reconoció el derrame al principio? Este accidente muestra que no hay control”, agrega.
Desde entonces, han desfilado distintas versiones, estudios y denuncias sobre lo ocurrido. La empresa primero negó y posteriormente admitió el derrame, al tiempo que desplazó a 15 encargados de las operaciones en Veladero, quienes están siendo juzgados en una causa penal llevada adelante por el juez Pablo Oritja.
El ministro de Minería de la provincia, Felipe Saavedra, citó un informe realizado por expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), para asegurar que no se encontró cianuro en el agua, pero los especialistas en cuestión advirtieron que aún no habían producido ningún informe ya que el estudio que están haciendo llevará 60 días. El gobernador de San Juan, José Luis Gioja, le solicitó a la UNCUYO que se retractase de la publicación del estudio y de la nota periodística que contaba los resultados. Mientras tanto, la población de Jáchal continúa denunciando las contradicciones de la empresa y a los funcionarios implicados, a la vez que piden que los responsables del control de la actividad minera se hagan cargo del accidente y de las consecuencias.
Qué tan sustentable
“Más del 70% de la explotación de oro está destinada para reservas de otros países. Si bien los metales son necesarios porque las comodidades de nuestra era dependen de esos insumos, me parece que en la Argentina no se ha discutido qué tipo de minería queremos y para qué. ¿Bajo la lógica que imponen las empresas de capital internacional, que permiten ganancias extraordinarias a los países que son dueños de esas empresas, o una minería dentro de un plan estratégico nacional?”, plantea, en diálogo con TSS, la politóloga Cindy Carrizo Muñoz, nacida en Jáchal y becaria doctoral del CONICET en la UNCUYO, donde realiza su tesis doctoral sobre el desarrollo de la megaminería en San Juan.
Miguel Ángel Blesa, doctor en Química e investigador de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y especialista en química ambiental, coincide en la necesidad de abrir ese debate y explica que, por el momento, no hay alternativas más eficaces que reemplacen la acción del cianuro en el proceso de lixiviación, método químico empleado para la extracción de minerales como oro, plata y cobre. “Lo que hay que preguntarse es para qué queremos oro. El cobre es imprescindible para tener cables que conduzcan la electricidad, y la plata tiene un sinnúmero de aplicaciones tecnológicas, mientras que el oro está vinculado más que nada a su uso como patrón monetario. Entonces, cabe preguntarse si juega algún papel real en la economía y en la vida de la gente. El tema es que una compañía minera va a un lugar como Veladero y no se va a quedar explotando plata solamente, va a querer extraer oro también”, indica.
Como parte de su argumento discursivo, las empresas mineras suelen apelar al término minería sustentable. Pero ¿a qué se refieren? “Es toda una discusión qué sentido se le da al término sustentable”, considera Blesa.“Por definición, un recurso no renovable no puede ser sustentable en el tiempo, pero sí en el sentido de que su explotación produzca más beneficios que inconvenientes. Esa definición requiere que se tengan en cuenta los intereses de todos los actores afectados por la explotación, en particular, los pobladores de la zona”. Zeballos es contundente: “El gobernador siempre nos habló del desarrollo sustentable, y evidentemente solo es una frase bonita. Nos dijeron que se iban a duplicar la cantidad de hectáreas cultivables de 8000 a 16.000 y que se iba a hacer una red de canales secundarios en la zona del dique Cuesta del Viento. Pero nunca se hizo nada”.
Antes de que Barrick Gold llegase a Jáchal, las principales actividades económicas eran la agricultura y, en menor medida, la ganadería. En particular, el pueblo siempre fue conocido por la buena calidad de sus cebollas. Sin embargo, la minería llegó y le disputó recursos a la agricultura: monetarios, humanos y agua. “El sector de las economías regionales siempre depende de lo que imponen los grandes empresarios. Por eso, si los productores tienen la posibilidad de ir a trabajar a un proyecto minero dejan de cultivar las tierras, porque los salarios son mucho más altos”, dice Carrizo Muñoz. “Por otro lado, en San Juan tenemos ciclos de crisis hídricas, como ahora. Para nosotros el agua es un recurso fundamental. Entonces, si esa minería va a atentar contra las reservas de agua, no es viable”.
Con respecto a las oportunidades laborales generadas por la actividad minera, la politóloga explica que el trabajo de las mineras consta de tres etapas: exploración, construcción y explotación. En la primera, se ocupa poca mano de obra porque para hacer los trabajos de exploración solo se necesita un grupo de técnicos. La segunda etapa es la que más empleos genera: en Veladero se incorporaron cerca de 5000 trabajadores y en Pascua-Lama, un proyecto minero binacional ubicado en el límite entre la Argentina y Chile –hoy paralizado por decisión de la Corte Suprema chilena–, unos 7000. En la etapa de explotación la cantidad de mano de obra ocupada es menor y disminuye a medida que se agota el mineral. La investigadora asegura: “No hay una estabilidad a largo plazo en los puestos de trabajo. Cuando cerró Pascua-Lama fueron despedidos casi todos los trabajadores. En San Juan no hay datos de eso, se ha silenciado todo”.
La polémica por los informes
El cianuro es un tóxico agudo muy peligroso por ingestión o inhalación, especialmente cuando entra en contacto con ácido. Sin embargo, también está presente de forma natural en alimentos e, incluso, en los propios seres humanos, quienes lo exhalan en cantidades extremadamente pequeñas cuando respiran. Se encuentra, por ejemplo, en almendras, carozos de durazno y, con una concentración un poco mayor, en la mandioca, a tal punto que en África hay una enfermedad producida por el exceso de consumo de mandioca. El agua natural también suele tener cianuro y el límite para consumo humano es 0,07 miligramos por litro (mg/l).
En la industria,el 70 % del cianuro utilizado se destina a la fabricación de plásticos y también se lo usa en fórmulas de productos de limpieza. En minería, “para extraer el oro del mineral al cual se encuentra asociado, un proceso muy eficaz es usar cianuro en presencia de aire. Eso oxida el oro y forma cianuros de oro que se disuelven en agua. Luego, ese cianuro de oro es recuperado con un proceso estándar”, precisa Blesa.
En el organismo humano, el cianuro interfiere con la enzima citocromo c oxidasa, que juega un papel en la respiración celular, por lo que las células no pueden respirar y se mueren. A nivel mundial, el más grave incidente con cianuro relacionado con la actividad minera ocurrió en Baia Mare, Rumania, en el año 2000, cuando se rompió un dique de cola, y la cantidad de agua cianurada que ingresó a un arroyo fue unas 100 veces mayor de la derramada en Veladero. Hubo una mortandad importante de peces y animales pequeños, pero no se registraron víctimas humanas. El único ejemplo de muertes asociadas al uso de cianuro en la industria minera parece ser un caso ocurrido en el siglo XIX en Canadá, en un depósito donde manipulaban este compuesto. Por alguna razón, el cianuro encontró ácido, comenzó a desprender cianhídrico y murieron las dos personas que se encontraban en la oficina.
En el derrame de Veladero, “según un informe de evaluación de impacto ambiental, la descripción del proceso habla de soluciones cianuradas que contienen 0,5 gramos por litro. Si esta fue la solución derramada, estamos hablando de que se volcaron 500 kilos”, indica el químico. “Teniendo en cuenta las cantidades derramadas, las características del cianuro como sustancia que se degrada en el ambiente en tiempos relativamente cortos y a la luz de los pocos resultados disponibles de los monitoreos químicos ya realizados, el derrame no tendrá, a mi juicio, repercusiones muy graves en el nivel ambiental. Eso no quita que deba continuarse con un monitoreo -incluyendo biomonitoreo- de los cuerpos receptores del cianuro, incluyendo también a diversos metales pesados”, aclara.
Para tratar de analizar el impacto y las posibles consecuencias de este derrame se realizaron diversos estudios. Uno es el análisis realizado por el Laboratorio de Análisis Instrumental de la Facultad de Ingeniería de la UNCUYO, solicitado por los vecinos y la intendencia de Jáchal. Las muestras fueron tomadas el 14 de septiembre y, si bien no se halló cianuro, se reportaron otros metales pesados presentes en los cauces analizados, como arsénico, aluminio, manganeso y boro. Así, se detectaron, por ejemplo, 1,48 mg/l de manganeso, cuando el máximo valor tolerado para riego y consumo animal es de 0,2 mg/l. También, se hallaron 70 mg/l de aluminio, mientras que el límite de tolerancia es de 5 mg/l.
Sin desestimar la preocupación que generaron estos indicadores en los pobladores de Jáchal, Blesa advierte: “Cuando uno encuentra niveles altos de ciertos metales en las aguas puede deberse también a la geología del lugar. El arsénico que se menciona en los informes, que era del orden de los 69 microgramos por litro (0,06 mg/l), está levemente por encima del límite de tolerancia, que es de 50 microgramos por litro, y es altamente probable que sea de origen natural y no minero. El único que podría tener alguna vinculación y que sí debería prender una luz de alarma es el manganeso. De todos modos, hay que ver de dónde viene, porque los datos no indican nada acerca de la procedencia”.
Otro estudio que dio que hablar es el que está llevando a cabo un equipo de expertos de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). Se trata de un organismo que presta servicios de gestión de proyectos a gobiernos, donantes y miembros de la ONU, especialmente en lo que refiere a infraestructura. En septiembre de 2014, este equipo de la UNOPS firmó un convenio con el Gobierno de San Juan para realizar la auditoría legal y ambiental de cuatro emprendimientos mineros de la provincia (Veladero, Pascua-Lama, Gualcamayo y Casposo). Cuando ocurrió el accidente en Veladero, la cartera de Minería les solicitó la medición de la calidad de agua dentro del área afectada. El estudio comenzó el pasado 5 de octubre, pero varios días antes el ministro de Minería de San Juan, Felipe Saavedra, aseguró que el informe de la UNOPS “no registró contaminación”.
En diálogo con TSS, Alejandro Rossi, asesor regional de medio ambiente de la UNOPS y encargado del estudio, dice: “Nunca pudimos haber concluido que no hubo contaminación porque el estudio acaba de empezar y el informe que resulte de la ejecución completa del estudio va estar dentro de 60 días. Lo que hubo son dos mediciones preliminares que hicimos en las zonas de Angualasto y del Río Blanco, aguas arriba del dique Cuesta del Viento, y en esas mediciones no tuvimos valores con desviaciones en cianuro. Pero no es un dato representativo hasta que no esté concluida la batería completa de muestras, tomadas en 130 puntos”.
Por otro lado, este 20 de octubre la Asamblea Jáchal No Se Toca presentó un nuevo estudio, realizado por la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza. La toma de muestras de agua se realizó en distintos puntos de Jáchal y el dato que alarmó a los pobladores es la muestra tomada en el dique Pachimoco el pasado 18 de septiembre. Según el informe, se detectó 0,08 mg/l de cianuro, una concentración 16 veces mayor que el valor de tolerancia para la vida acuática, que es de 0,005 mg/l. Pachimoco es un dique de nivelación, es decir que reparte el agua en dos grandes canales para el riego de los cultivos: el Norte y el Sur. Por ende, el agua distribuida llega a chacras y fincas del departamento.
Zeballos dice que Oritja, el juez que está llevando adelante la causa, el pasado 9 de octubre dio a conocer un informe realizado por la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) con muestras tomadas el día 19 de septiembre y con resultados coincidentes con los datos arrojados por el estudio de la UNCUYO. “Lo consiguió un periodista del portal San Juan 8 y estuvo solo 15 minutos en Internet. Luego sacaron la nota y el informe, y al periodista que lo había publicado, Sergio Alfonsín, le llegó un telegrama de despido por reestructuración del personal”.
¿Y ahora qué?
A partir de este escándalo ambiental, surgen varias preguntas. ¿Tienen el Estado provincial y el municipal la capacidad de controlar a una empresa multinacional? ¿Quién pone las reglas de juego en la actividad minera?
“Los incidentes ambientales son parte de la situación de riesgo que generan los grandes emprendimientos industriales, sean mineros o no. Lo que debe desarrollarse cada vez con más potencia son los sistemas de control de calidad en todos los procesos que forman parte de la actividad”, opina Rossi.“Que una válvula falle es algo que puede pasar. Lo que en este caso genera un componente de riesgo agravado es que la medida de contingencia que estaba diseñada en caso de que ocurriera un accidente no funcionó, lo que produce un deslizamiento de la pileta de contención y desemboca en los cuerpos de agua”.
Con respecto a la legislación existente, en el año 1993, el Poder Ejecutivo Nacional y los gobernadores de todas las provincias firmaron el Acuerdo Federal Minero, a partir del cual se sancionaron tres leyes: la 24.196 de Inversiones Mineras, para promover la actividad; la 24.224 de Reordenamiento Minero, sobre aspectos formales como la institucionalización del Consejo Federal de Minería; y la 24.585 de Protección Ambiental para la Actividad Minera, que regula los aspectos ambientales del sector.
“Esas leyes conforman el marco jurídico e ideológico que permite la explotación a gran escala. El discurso del sector prominero del Gobierno es que, como es una actividad muy riesgosa, los únicos que pueden asumir ese riesgo son las empresas transnacionales”, sostiene Carrizo Muñoz.“Cuando se elaboraron las leyes, no se hicieron para responder a las necesidades de la sociedad argentina de una reactivación industrial nacional, se hicieron para atender las necesidades del capital extranjero”, opina.
Blesa, en tanto, dice que “lo que pasó en Veladero es un incidente grave. Yo considero que el cianuro se puede usar en minería, pero es fundamental que haya mucha responsabilidad por parte de quien lo usa. Esto es un llamado de atención importante porque significa que no están prestando la atención que deberían al control de los procedimientos. Una de las grandes dudas que hay siempre con la minería es quién le va a poner el cascabel al gato. ¿Quién va a poder discutir en pie de igualdad con Barrick Gold?”.
De todos modos, el investigador deja en claro que, para él, “la minería a cielo abierto es una actividad lícita, sujeta a normas y controles de la sociedad. Si como resultado de este derrame se demuestra que los organismos de vigilancia y control pueden cumplir su rol y se sanciona como corresponde a los responsables, la minería ganará en credibilidad y se podrá continuar con un análisis caso por caso de cada emprendimiento. Caso contrario, ganarán terreno indefectiblemente las visiones drásticas que se oponen a la minería o a su versión en gran escala”.
Un aspecto interesante es que la empresa está adherida al Código internacional para el manejo del cianuro para la fabricación, el transporte y el uso del cianuro en la producción de oro, un manual de buenas prácticas al que las empresas mineras y de otras actividades donde utilizan cianuro pueden adherir de manera optativa. “La pregunta es por qué no lo respetaron, porque obviamente no siguieron el procedimiento que había que seguir. Se descargó la solución cianurada en un lugar que estaba abierto y desembocaba en los cursos de agua. Eso es un error inaceptable y habrá que investigar por qué ocurrió, cuáles son las responsabilidades y quiénes tendrán que enfrentarlas”, considera el investigador.
Por otro lado, un mecanismo al que las poblaciones pueden recurrir es el derecho a tener audiencias públicas donde los distintos actores pueden dar sus puntos de vista. “El tema es que no son vinculantes y, eventualmente, quien va a tomar la decisión de conceder la licencia de explotación va a ser el gobierno. Pero si la población tiene una posición fuerte en contra y no otorga una licencia social, es muy difícil que algo se pueda concretar. Esquel fue una demostración muy clara de eso”, recuerda Blesa.
Carrizo Muñoz señala que, por lo menos, dos normativas no se cumplieron. Por un lado, en San Juan no se aplica la Ley 26.639 de Preservación de Glaciares y del Ambiente Periglacial, sancionada en 2010. “Veladero está en una zona periglacial. Entonces, las empresas mineras presentaron el pedido de una medida cautelar para poder desarrollar sus actividades y el Gobierno de San Juan les otorgó una acción de amparo”, dice. Por otro lado, la investigadora indica que las autoridades mineras no cumplieron sus funciones ante el derrame: “Según el artículo 21 del reglamento de la Policía Minera de San Juan, cuando hay un problema ambiental se deben paralizar parcial o totalmente las labores mineras. En este caso, el que pidió la paralización fue el juez y no la Policía Minera, que incumplió sus funciones. La Secretaría de Minería de la Nación, que es la autoridad máxima de aplicación, tampoco actuó”.
En pie de lucha
Los pobladores de Jáchal comenzaron a cuestionar a Barrick Gold allá por 2004, cuando unos 400 vecinos firmaron un petitorio que solicitaba al gobernador Gioja información sobre las actividades que iba a desarrollar la minera. “Era tanta la resistencia en San Juan, que empresarios y funcionarios decidieron contratar una consultora para hacer ‘un diagnóstico sobre la aceptación hacia la minería’, según argumentaron. El dato que arrojó es que el 70% estaba en contra. Entonces, comenzaron a cooptar a muchos de los que participaban en las asambleas, los amenazaron y desarticularon el proceso de lucha”, explica Carrizo Muñoz. “Además, cuando la empresa comienza a ocupar mano de obra, muchos empiezan a ver que representa una salida laboral y va quedando relegada la cuestión de la conciencia ambiental por el hecho de tener que satisfacer las necesidades básicas”.
Pero el movimiento volvió a cobrar fuerza cuando, en febrero de este año, una empresa de capitales australianos llegó a Jáchal para explotar uranio en otra reserva natural. Ante esto, los resabios de movimientos anteriores confluyeron en la asamblea Jáchal No Se Toca. Cuando ocurrió el derrame en Veladero, la protesta subió el volumen. El primer viernes posterior al incidente se movilizaron a la plaza departamental unas 8000 personas, cerca de un tercio de los habitantes de Jáchal. Las manifestaciones continuaron y se replicaron en la ciudad de San Juan y otros puntos del país, al contar con el apoyo de asambleas que están dando batallas similares, como la de Famatina, en La Rioja, que vivió una situación de represión por parte de las fuerzas policiales.
Zeballos, integrante de la asamblea, enfatiza: “Estamos pidiendo que la empresa cumpla con las leyes. Seguimos solicitando información veraz, detallada y precisa, firmada por las autoridades mineras. Seguimos pidiendo la información del monitoreo programado y permanente que tiene la empresa en la mina Veladero, a través de las estaciones situadas a orillas del río Las Taguas. Esa información es clave para saber cuándo comenzó el derrame, pero no hemos tenido novedades”.
Por su parte, Carrizo Muñoz dice que “Mendoza tiene una ley que defiende el agua y prohíbe la explotación minera a cielo abierto. En San Juan, el gobernador Gioja nunca ha permitido ese debate”, afirma.
“Nosotros consideramos que hubo una planificación para hacernos depender totalmente de la megaminería, como si no hubiera otra salida. Se pusieron todos los huevos en una sola canasta. Recién después de 12 años, está por salir una ley de promoción del turismo en Jáchal”, agrega Zeballos. Finalmente, toma el caso de la mina Pascua-Lama: “Del lado chileno, la construcción está paralizada porque detectaron 21 faltas graves al medio ambiente. Y del lado argentino, ¿ni una sola falta se detectó? Entonces, ¿de qué controles nos hablan?”.
Nadia Luna