No es novedad que el extractivismo en América Latina ha ido imponiendo un modelo de extracción y exportación, cada vez más profundo. La competencia por ser destino de inversiones mineras, petroleras, forestales o pesqueras es una característica de la mayoría de los países de la región. Sin embargo, el extractivismo recibe cada vez más críticas de amplios sectores de la sociedad incluida la academia y los movimientos sociales.
Entre las críticas más importantes se sitúa aquella que dice que el extractivismo no solo no sacará a los países de la pobreza y la dependencia, sino que los mantendrá en esa condición, que conocemos como “la maldición de la abundancia” (1).
Nada tiene que ver esta maldición con “vivir sentados en un saco de oro” siendo pobres (2). Lo que reina en los programas económicos de los gobiernos latinoamericanos es la profundización del extractivismo para lograr más crecimiento o para pagar deudas sociales a través de bonos de diversa índole. Esto último ha devenido en una forma de mantener eternamente en los gobiernos a sectores progresistas, que mediante la bonocracia han capturado la votación mayoritaria, despidiéndose, de esta forma, de apoyos ideológicos para hacerse del poder ejecutivo. Incluso en ocasiones, ha generado conflicto con los movimientos sociales, como es el caso del gobierno de Correa en Ecuador, quienes les llevaron inicialmente a gobernar.
Esta maldición de la abundancia se ha transformado en la maldición del extractivismo. La imposición de proyectos mineros por ejemplo, ha redundado en una creciente cantidad de conflictos con comunidades locales, tanto así que hoy en América Latina no se conciben nuevos proyectos mineros sin conflictos socioambientales y resistencia comunitaria.
Se dice que el sector minero afronta tres enfermedades principales: la dificultad de encontrar nuevos yacimientos, el aumento de los costos de producción y la creciente falta de licencia social y rechazo comunitario.3
Las dos primeras enfermedades tienen soluciones técnicas. La tercera ha sido abordada con diferentes aproximaciones todas ellas sin éxito a la fecha. Inicialmente, el intento fue la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) mediante la creación de fundaciones y dádivas a las comunidades locales, convenientemente abandonadas por los Estados. Luego las políticas de “buen vecino”, acompañadas de cooptación, corrupción, división y descomposición social.El fracaso de esas estrategias llevó finalmente a empresas y gobiernos a imponer proyectos enfrentando la oposición social mediante la criminalización de la protesta.
Son en la actualidad constantes las denuncias de liderazgos antimineros con o sin fundamento, como fue el caso de Javier Ramírez, Dirigente antiminero de la comunidad de Intag, al norte de Quito en Ecuador. Luego de ser apresado injustamente, la comunidad fue militarizada, infundiendo mediante las armas el miedo. Si bien es cierto no se logró, como en muchos casos, neutralizar los rechazos comunitarios a la minería, si lograron la autosensura y temor a expresar abiertamente sus opciones al desarrollo.
Pero la militarización no sólo es parte de las políticas de gobiernos progresistas sino también a países que se han transformado en modelos mineros como el caso de Chile. Aquí, un contingente policial ha mantenido virtualmente secuestrada a la comunidad de Caimanes, al este del puerto de Los Vilos, mientras ésta se movilizaba y tomaba los caminos de acceso a las instalaciones de minera Pelambres de Antofagasta Minerals, nada más que para exigir un fallo judicial que determinaba la restitución de las aguas intervenidas por la minera para la construcción y operación de un traque de relaves. En el último período del conflicto, el pueblo de Caimanes se ha mantenido movilizado por más de 3 meses exigiendo lo que el máximo tribunal les otorgó y que la empresa se niega a dar cumplimiento.
La fuerza pública ha militarizado la zona desplazando a fuerzas especiales para impedir que la comunidad, mediante la presión social, obtenga finalmente su derecho consagrado por el fallo judicial de última instancia.
Tristemente célebre es también el caso de Máxima Acuña en la localidad de Celendín, Cajamarca Perú, donde la minera Yanacocha, conocida mundialmente por su atropello a los derechos humanos y el uso de la fuerza con su grupo de guardias privados “Forza”, ha logrado burlar fallos judiciales que han sido otorgados en reiteradas oportunidades a la familia de Máxima respecto de la propiedad de sus tierras.
A pesar de haberse reconocido a esta familia derechos sobre terrenos reclamados por Yanacocha para desarrollar su proyecto Conga, siguen los acosos y atropellos como si la voz de la justicia se la llevase el viento.
Máxima fue criminalizada por la fiscalía, a solicitud de Yanacocha (popiedad de las empresas Newmont Mining Corporation, el grupo nacional peruano Cía. Nacional Buenaventura y International Finance Corporation IFC), y condenada en primera instancia a cárcel y pago de una indemnización a la minera. Luego, en apelación fue absuelta de todo cargo, reconociendo los derechos sobre sus tierras. Al parecer en Perú, esto no es suficiente y como la tendencia lo ha marcado, la criminalización es uno de los últimos recursos utilizados una vez que han fallado las otras estrategias de disuasión y convencimiento.
En los casos mencionados y muchos otros, la criminalización mediante judicialización ha sido una práctica permanente en países como Perú y Ecuador. En Perú, la mayoría de los casos de criminalización son sobreseídos en instancias superiores, lo que denota una complicidad entre gobiernos, empresas y parte de jueces locales, en casos que jurídicamente no se sostienen.
En Ecuador por el contrario, la dependencia política y el temor infundido a la justicia por parte del gobierno central ha logrado que se encarcelen a dirigentes injustamente y que zonas sean militarizadas para imponer proyectos extractivos. La falta de dependencia de la justicia en Ecuador ha logrado un alto grado de auto censura y el incremento de los riesgos de oponerse al extractivismo generan mucha incertidumbre y temor en la población.
En Bolivia por su parte también han existido episodios de criminalización, especialmente en el caso de Cancio Rojas, dirigente de la comunidad Mallku Qota que se opone a un proyecto minero en Potosí, y que fue encarcelado injustamente. Pero tal vez lo más grave ha sido la estrategia de división por la fuerza de uno de los íconos del movimiento indígena del altiplano boliviano, nos referimos al Conamaq. Por medio de la violencia, y el uso de la fuerza pública provista de armas de servicio, el gobierno decidió quebrar la organización permitiendo el asalto a su sede y la agresión a sus dirigentes.
El motivo de estas medidas arbitrarias y antidemocráticas era la no aceptación del modelo extractivista del gobierno de Morales pues las comunidades afectadas reclamaban la pérdida de derechos frente a los proyectos mineros. Llama la atención que un presidente de origen indígena usase la violencia estatal para reprimir al movimiento indígena y sus demandas.
No estamos hablando de países donde legados de regímenes dictatoriales sean los que criminalicen y repriman a la población con el uso de la fuerza pública provista de armas de fuego como ha sido el caso de Guatemala y Honduras. Hablamos de gobiernos alternativos, llegados al control del ejecutivo con el apoyo incondicional de los movimientos sociales e indígenas y donde sin ellos no habrían tenido la oportunidad de gobernar.
Ello nos muestra que el extractivismo se ha instalado en América Latina como un acto de fe en mandatarios latinomericanos. Y como en otras épocas, se impone a sangre y fuego, costando a veces la vida, la libertad y la democracia de nuestros pueblos. No obstante, esto no ha mermado la resistencia que se manifiesta cada vez más masiva por la defensa y la recuperación de derechos imprescindibles para el sostenimiento de proyectos políticos de justicia y equidad en la región.
1 http://www.extractivismo.com/documentos/AcostaMmaldicionAbundancia09.pdf
2 http://www.inredh.org/archivos/pdf/las_falacias_del_extractivismo.pdf