La reciente controversia de pobladores –principalmente pescadores y ambientalistas– con autoridades y empresas privadas, generada en torno a la minería marina que se pretende llevar a cabo en Baja California Sur, en el corredor pesquero San Carlos-Las Barrancas-San Juanico, en la costa del Océano Pacífico, es apenas la punta del iceberg de la infinidad de problemas ambientales y sociales que se desencadenarán en México por la gravedad de los daños que puede causar esta novedosa forma de explotación minera del fondo marino, que además puede tener enormes repercusiones mundiales, pues el daño al medio ambiente marino no se limitaría a las zonas propuestas para la extracción.
De acuerdo con Carlos Ibarra, del diario El Independiente, las compañías que quieren practicar extracción minera marina, principalmente en cuanto al aprovechamiento de fosfatos, son: Exploraciones Oceánicas, S de RL de CV; Fosforitas del Pacífico SD, SA de CV; y Corporación Fosfórica Mexicana, SA de CV, de las cuales la primera tiene una concesión de la Secretaría de Economía del gobierno federal del 28 de junio de 2012 sobre una extensión de 268 mil 238 hectáreas en el área llamada “Don Diego”; la segunda operará con una concesión sobre un área de 13 mil 474 hectáreas emitida el 8 de septiembre de 2010, y la última mediante una concesión emitida el 31 de enero de 2012 sobre un área de 18 mil 237 hectáreas (Carlos Ibarra Meza, El Independiente, http://diarioelindependiente.mx/portal/2014/04/tres-empresas-interesadas-en-mineria-marina-en-comondu/). De acuerdo con la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Puerto Chale, dichas concesiones son por 50 años; la primera tiene el expediente 594 y título 240744; la segunda, el expediente 454 y título 236987; y la tercera, el expediente 4/2/301 y título 239628. El 8 de mayo pasado, Juan Ángel Trasviña, presidente de la organización Medio Ambiente y Sociedad, desde el plantón que el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida mantiene en la explanada del Palacio de Gobierno de La Paz, dijo a Contralínea que ese día “se le planteó al diputado Jesús Salvador Verdugo Ojeda la necesidad de blindar al estado de Baja California Sur contra los megaproyectos de minería tóxica a cielo abierto, principalmente el denominado Los Cardones y los de la minería submarina”. En cuanto a estos últimos, dice que en una reunión celebrada en días pasados en la Universidad Autónoma de Baja California Sur en la que participaron además de él, la doctora Rocío Marcín –especialista en mamíferos marinos–, el maestro en ciencias Jesús Echavarría y algunos pescadores de la Cooperativa del Puerto Chale, estos últimos señalaron que el señor Armando Navarro, directivo de dicha Cooperativa, llevó a varios inversionistas de las compañías mineras submarinas a las comunidades pesqueras más cercanas a la zona determinada para la explotación, para plantearles los beneficios de la minería marina y convencerlos de apoyarlos con su anuencia para la realización de los trabajos de extracción submarina. Ante ello, los pescadores, conscientes de la magnitud de los daños que esta actividad causaría al medio ambiente marino, le manifestaron a Navarro y a los inversionistas su rechazo a la entrada de las compañías mineras submarinas. Cabe señalar que la Cooperativa representada por Navarro ha manifestado, en el comunicado denominado Manifiesto del Golfo de Ulloa, la necesidad de realizar amplios estudios de impacto ambiental en la zona antes de proceder a los trabajos de extracción minera, que rechazan en general la participación de organizaciones ecologistas por considerarlas oportunistas y sin derecho a opinar sobre sus asuntos. Ante lo cual creo que por la magnitud de los posibles daños que se puedan causar al medio marino, que no se limitarían a las zonas de extracción y tampoco al litoral de Baja California Sur, es fundamental la participación de todos los sectores y de cualquier ciudadano mexicano interesado en la preservación del medio ambiente, pues no es segregando sino sumando esfuerzos que un asunto de tal envergadura puede llegar a buen fin.
De las empresas mineras extranjeras queda claro que carecen de ética y conciencia ambiental. La experiencia a través de la historia en nuestro país con las empresas trasnacionales que han extraído minerales del subsuelo ha sido desastrosa. Más que extracción, han realizado un saqueo indiscriminado con múltiples consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de los pobladores, que en muchos casos han llevado a la muerte a muchas personas; y por supuesto con la mayor parte de las ganancias económicas para los dueños de las empresas, ya sean nacionales o extranjeras. Un panorama general y desalentador al respecto se puede consultar en el libro Minería: cinco siglos de saqueo, de Alfredo Valadez Rodríguez, editado por La Jornada y la Universidad de Zacatecas en 2013. La realidad de la minería en México parece ser desconocida por la mayoría de nuestros gobernantes, ¿o será acaso que intereses económicos muy fuertes los mueven a seguir dando concesiones a empresas privadas para la explotación de nuestros recursos naturales? Son tan rapaces que no se conforman con la enorme devastación minera que en tierra han propiciado con permisos y concesiones a compañías trasnacionales; además ahora pretenden hacer lo mismo en el subsuelo marino.
La minería marina ha sido practicada desde hace miles de años, sobre todo en cuanto a la extracción de sal y corales de manera artesanal. Y durante los siglos XIX y XX de manera industrial, principalmente en el rubro salino. Claro ejemplo de ello son las salineras de Guerrero Negro, en Baja California. Pero fue hasta la década de 1980 cuando la minería marina a gran escala en aguas someras para la extracción de gran variedad de minerales y, más recientemente en aguas profundas, se ha vuelto posible, gracias a los avances tecnológicos; pero las técnicas empleadas para la extracción son aún novedosas y han sido escasamente probadas a nivel mundial, por lo que su aplicación en México sería una especie de experimento de laboratorio cuyas consecuencias ambientales son incalculables.
De acuerdo con la organización no gubernamental Greenpeace (www.greenpeace.org/international/deep-seabed-mining/) y el estudio Man and the last great wilderness: human impact on the deep sea, publicado en 2011 (www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0022588), los daños ambientales causados por la minería marina son por ahora impredecibles. Por mencionar sólo algunos trasladados al caso de la Península de Baja California, en tres vertientes muy generales se tiene que:
1. Al barrer el fondo marino para la extracción de los minerales se altera ese estrato en el cual viven innumerables especies marinas, las cuales –ante la alteración, por no decir destrucción de su hábitat– sólo tienen dos opciones: emigrar y buscar otro espacio –si es que eso es posible– o morir; y en el caso de especies endémicas eso las puede llevar a la extinción.
2. Durante la extracción de los minerales se remueve el fondo marino, lo que genera la agitación de partículas de diversos sedimentos que por algún tiempo se mezclan con el agua y se mueven de acuerdo con las corrientes imperantes, pero en algún momento esas partículas se asentarán nuevamente, lo que no se sabe es dónde exactamente lo harán, y al hacerlo pueden sepultar a otros organismos del fondo marino causando la muerte de los mismos. En esta segunda vertiente de daños es importante mencionar que los sedimentos removidos, además, obstruyen la penetración de la luz solar en el agua y cambian la oxigenación de la misma, lo que indudablemente afecta las condiciones que el plancton necesita para subsistir, con lo que irremediablemente se afecta la cadena alimenticia marina, lo que incide directamente en algunas ballenas que se alimentan de estos microorganismos y que frecuentan las zonas donde se haría la extracción; o simplemente si dichas partículas quedan en sus rutas migratorias, sin duda afectará a algunos de los cetáceos que han hecho de la península de Baja California uno de sus lugares preferidos.
3. La contaminación del agua marina por los residuos químicos vertidos al mar tras los procesos de extracción de minerales, mismos que incidirán en toda especie marina de la zona y que pueden causar su muerte. Además está la contaminación causada por los combustibles empleados por las embarcaciones y la maquinaria para la extracción minera. Asimismo, a nivel sonoro, se tiene la contaminación por ruido, el que sin duda será generado por las embarcaciones y la maquinaria (removedoras, excavadoras, dragas y demás equipo empleado para la extracción de sedimentos). La afectación del ruido sobre las especies locales puede hacer que éstas abandonen la zona. Además, la contaminación sonora puede incidir en aquellas especies migratorias como ballenas, tiburones y tortugas, incluso cuando estos animales no transitan directamente en la zona de extracción, con lo que se tiene el riesgo de que estos viajeros modifiquen sus rutas migratorias.
Las tres vertientes mencionadas sobre los daños que puede causar la minería marina son muy generales y abarcan pocos aspectos del gran impacto que esta actividad puede causar al medio marino, pero sin lugar a dudas generarán grandes afectaciones en actividades como la pesca y el turismo. En cada una de las vertientes señaladas, los daños directos e indirectos inciden finalmente en todos los organismos que viven y dependen del hábitat marino, incluido el hombre.
Un buen ejemplo del riesgo que conlleva la minería marina se puede advertir en el caso de los daños ambientales que se espera se desencadenen por la extracción de fosfatos del fondo marino somero en Namibia, extracción que pretende ser llevada a cabo por las compañías Namibian Marine Phosphate y LL Namibia Phosphates, y que en un principio contaron con la anuencia del gobierno de ese país. Sin embargo, éste ha dado un viraje en su postura y ha retrasado el inicio de los trabajos de extracción, los que eventualmente podrían ser cancelados debido a los daños irreversibles que se calcula causarían al ecosistema marino (www.nuestromar.org/noticias/categorias/06-04-14/gobierno-podr-cambiar-su-postura-explotaci-n-minera-namibia).
La situación en Namibia es una llamada de atención para evitar la entrada en operación de las mineras marinas a la Península de Baja California, pues independientemente del cuidado que tuvieran al realizar la extracción de fosfatos, o de las normas y códigos que juren observarán, sin duda causarán algún grado de daño al ambiente marino. Lo contradictorio es que son nuestras máximas autoridades las que, en vez de regular el manejo del medio ambiente y sobre todo protegerlo, están dando entrada a nuestro país a la minería marina.
En el marco del Taller de Divulgación de Oportunidades para México en la Minería de los Fondos Marinos Internacionales y en la Exploración del Océano Profundo, llevado a cabo en noviembre de 2013, el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, señaló que “se requiere elaborar un marco jurídico respetuoso del medio ambiente y de los derechos de quienes quieran explorar y explotar el fondo marino, así como desarrollar los conocimientos científicos y técnicos para hacerlo de manera eficiente, liderazgo de las autoridades y capital privado para hacer que estas aventuras resulten rentables” (www.economia.gob.mx/ eventos-noticias/informacion-relevante/9937-boletin155-13). Estoy completamente de acuerdo con Meade en que la “aventura” de la explotación del fondo marino será rentable, pero sólo en la cuestión económica (y en este sentido, únicamente para los capitales privados). En efecto, es una “aventura” que tendrá un alto costo ecológico y social. Si el gobierno mexicano no ha sido capaz de regular y armonizar ecológicamente la extracción minera terrestre, que ha traído nefastas consecuencias medioambientales y sociales, es inimaginable que lo haga en el fondo marino, donde simplemente la vigilancia de las actividades de extracción será prácticamente imposible para las autoridades, si es que las mismas están interesadas en realizarla.
Baja California Sur cuenta con una amarga experiencia de la explotación de sus fondos marinos para la extracción de perlas durante los siglos XIX y XX, por supuesto llevada a cabo en su mayoría por parte de compañías extranjeras, las cuales en el papel se comprometieron con el gobierno mexicano, primero de Porfirio Díaz y después de gobernantes subsecuentes, a observar algunas mínimas reglas de conservación natural y de beneficio social, las cuales obviamente no cumplieron. Como consecuencia llevaron al Golfo de California a una situación ecológica nefasta y a la casi total extinción de las ostras productoras de perlas (http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2014/02/02/don-gaston-vives-su-emporio-perlero/). México es un país de leyes, con una robusta y congruente Constitución Política que nos defiende a los mexicanos y a nuestro territorio. Nuestro país también cuenta con un sinfín de tratados nacionales e internacionales sobre derechos humanos y medio ambiente; pero, por desgracia, todos esos documentos frecuentemente son violados por nuestros gobernantes y, por supuesto, por las compañías trasnacionales de cualquier índole. Y en el caso de nuestra Carta Magna, cuando no es violada es cínicamente mancillada mediante cambios a modo para las trasnacionales y los turbios negocios de muchos gobernantes, como en el caso de las modificaciones que se han planteado en favor de las llamadas reformas estructurales. Es por lo anterior que la sociedad organizada debe hacer un llamado a detener la entrada de la minería marina en Baja California Sur.