Nada hay más desalentador que enterarnos cotidianamente de la existencia de nexos entre el crimen organizado y determinada área del sector público
El principal descubrimiento que realizamos los miembros de la sociedad mexicana tras el inicio de la “guerra” contra el crimen organizado, fue el relativo a la penetración que los grupos delincuenciales lograron en las estructuras del poder público, iniciando con los cuerpos de policía y terminando no sabemos exactamente dónde.
Y ése es el problema: que no sabemos exactamente dónde termina la zona del servicio público de la cual los criminales lograron apoderarse en los últimos años y, por ende, no sabemos a ciencia cierta qué tanto daño son capaces de seguir haciendo.
En última instancia, tal desconocimiento implica que no podamos señalar un plazo para la conclusión de esta confrontación sangrienta en la que no terminan de aparecer los signos que nos indiquen que el Estado Mexicano se alzará victorioso.
Nada hay más desalentador que enterarnos cotidianamente de la existencia de nexos entre el crimen organizado y determinada área del sector público.
Hace unos cuantos días comenzamos a saber, de manera formal, que las organizaciones delictivas que operan en Coahuila —o algunos de sus miembros conspicuos, al menos—, lograron convertir a la explotación carbonífera en la herramienta para “blanquear” el dinero que obtienen mediante las actividades ilegales que realizan.
Pero conforme pasan los días, lo único que va quedando claro es que la denuncia realizada inicialmente por el exgobernador Humberto Moreira, y confirmada posteriormente por autoridades estatales y federales, no era sino la punta del iceberg.
De acuerdo con el reporte que publicamos en esta edición, los tentáculos del crimen organizado que penetraron el sector minero no se limitaron a contaminar la actividad de extracción carbonífera propiamente dicha, sino que se habrían extendido mucho más allá.
O al menos eso parece evidenciar el hecho de que, tras haberse determinado “vetar” a 36 productores de carbón, por presuntas prácticas laborales ilegales, tan sólo tres días después se revocara la citada orden en favor de una treintena de ellos.
¿Ha logrado el crimen organizado convertirse en una fuerza tan poderosa que es capaz de determinar, sin recato alguno, a quién sí y a quién no debe considerarse como proveedor de la Comisión Federal de Electricidad a través del organismo que a nivel estatal acopia el carbón?
Se trata de una pregunta que debe encontrar respuesta puntual en las autoridades federales y estatales, pues el problema es que las evidencias dibujan una amenazante realidad que no podemos tolerar: la existencia de un Estado infiltrado por el crimen y que, en consecuencia, responde a los intereses de los delincuentes y no de los ciudadanos.