28 de Noviembre del 2010
¿Disponemos de agua para la gran minería? Aún falta capacidad de embalse, impermeabilizar canales, modernizar el riego tranqueras adentro y racionalizar el consumo hogareño. Primero lo primero. Mientras, ayudan las regalías del petróleo.
En medio de la angustia de la sed, a Jaque le explota una batalla por el agua escasa. Debe haberse acordado en estos días de los pedazos de piel política que le costó a Cobos recular en 2006, cuando tuvo que guardarse sus proyectos mineros tras el zapateo (el que generó la «Ley Antiminera 7.722», como la llaman los verdes).
El martes, desde Amsterdam, Jaque llamó a silencio por teléfono a dos de sus coroneles, que se disparaban misiles por radios y diarios. Se agitaba el ácido asunto de la minera San Jorge, en los áridos del Yalguaraz, cerca de Uspallata.
Advirtió que entre las presiones de la empresa minera (los canadienses de la Coro Mining), las disparidades de los técnicos (aún discrepan los ingenieros de la UTN y los de la UNCuyo) y las mutuas imputaciones de sus propios secretarios (Guillermo Carmona, responsable de cuidar el Medio Ambiente, y Walter Vázquez, de promover la inversión petrolera, minera y energética), la imagen de su autoridad se magullaba.
El potasio y después. En la mañana del martes, por radio desde un puerto holandés -donde promovía exportaciones- ,Jaque trató de calmar el oleaje: «Nosotros no hemos eludido las decisiones mineras. En Mendoza son posibles el desarrollo sustentable y la explotación petrolera controlada. Aportan recursos que son necesarios para el desarrollo económico y para combatir la pobreza, la ignorancia, el desempleo, la inseguridad o la enfermedad. Hemos tomado decisiones con el petróleo en Llancanelo, con el potasio en Río Colorado, con la exploración uranífera en Huemul de Malargüe o como lo estamos haciendo con la remediación del yacimiento de Sierra Pintada. Por eso trabajamos en la puesta en práctica de la Ley de Suelos y en el Plan Ambiental que necesitaba la provincia. Y ahora vamos a hacer lo necesario para que el desarrollo minero siga avanzando, en el marco de las leyes y con cuidado celoso del ambiente».
Desde el borde europeo en el Atlántico, facturó esa mañana por radio: «Hemos aprobado una de las mayores inversiones que ha tenido la Argentina, como Potasio Río Colorado, de más de 4.600 millones de dólares. Y vamos a hacer lo propio dentro de los tiempos y las exigencias establecidas por la ley, por el proyecto de oro y cobre de San Jorge, en Las Heras. Pero se evaluará en los tiempos, procedimientos y cuidados que marca la ley en Mendoza», insistió desde Amsterdam a una radio local.
Sordos ruidos se oían aquí, un día después de la embestida canadiense en una solicitada: los disparos se repetían entre los empresarios mineros, los técnicos, académicos (de las universidades UTN y de la UN Cuyo), hidrologistas, geólogos, ambientalistas, de ONG y hasta entre funcionarios del mismísimo equipo del Barrio Cívico. El proyecto minero (cobre y oro) en discusión. El agua escasa en el centro de la polémica.
Sobre apuros y presiones. Casi airado, uno de los secretarios de Jaque hizo pública una clara imputación contra su colega de gestión: «Yo no sé de qué lado está», le confesó Guillermo Carmona -secretario de Medio Ambiente- a algunos íntimos, fustigando al subsecretario de Energía, Walter Vázquez.
Este último, en la reunión de la Comisión Evaluadora, el martes, había pedido un cuarto intermedio en la evaluación final, «para que los técnicos de la UNCuyo, autores de un análisis contrastante con el de la UTN y muy crítico del proyecto en el tema agua, firmaran sus opiniones críticas», explicó (estaba la firma del rector Somoza en la nota de elevación, pero no la de los técnicos opinantes). Hubo acusaciones de «dilaciones y presiones».
Jaque, por celular, intentaba bajar los decibeles de sus coroneles. Y prometía decisión: «Si es correcto y no pone en riesgo el agua o el suelo de la provincia, se hará; de lo contrario no se lo autorizará. Pero los tiempos los marca la ley y la defensa del interés colectivo».
Sin embargo, ese fin de semana una solicitada y el martes en la reunión de la comisión evaluadora, se advertía el mar de fondo: la empresa y los que promueven la minería apuran; los ambientalistas y funcionarios del área se mueven con sigilo y desconfiados en poner la firma.
Se consolida -es evidente- el frente de dudas sobre la disponibilidad del agua necesaria para el desarrollo del proyecto (la cantidad y la disponibilidad); sobre si la cuenca hídrica de El Tigre -arroyo del que se serviría la minera- es «cerrada» o no como para contaminar el resto del valle y si finalmente los químicos que se utilizarán para la flotación selectora son en realidad contaminantes (xartrato y acrilamida, entre otros).
En el sacudón de estos días, se tensaron técnicos de la UNCuyo, severos críticos del proyecto («pero no está la firma en sus informes»). Y hasta Irrigación. Es que desde Barcala y España ya habían advertido que ese proyecto puede ser factible sólo si los canadienses impermeabilizan las camas donde harán la flotación del material extraído («¡Imposible impermeabilizar 800 hectáreas!», se quejan desde la Coro Mining).
En realidad, se plantea que el agua en cuestión es pública, que puede haber filtración contaminante y que las napas se intercomunican con las del valle, abajo.
Pero en Irrigación, además, habían discrepado con Medio Ambiente: cuando los de Carmona le pasaron la pelota para que otorgaran o no un permiso provisorio de uso de agua (como se hizo en el caso de Potasio Río Colorado), los de Frigerio contestaron que «para otorgar uso de agua, primero debe aprobarse la Declaración de Impacto Ambiental, DIA». Y hasta afirman que debía pasar por la visa de la Legislatura.
Sin DIA no habrá agua, dicen. Y no habrá proyecto, claro.
Primero el agua. Cierto es que en el otrora sereno valle de Uspallata -se vio en el fragor de la audiencia pública- las opiniones están divididas: unos a favor, por el trabajo y la inversión (ambos pobres en el valle), otros en contra, por el uso de agua escasa y la contaminación temida.
Los directivos de las inspecciones de cauce del río Mendoza -que riega todo el Norte-, acostumbrados a contar las gotas de la compuerta, fueron terminantes: advierten que no se puede tomar decisión alguna antes de tener un balance hídrico en el valle y su área de influencia. No es casual la exigencia: hoy en día -afirman antes del arranque de San Jorge- el agua no alcanza para regar y consumir.
«Los tiempos los vamos a manejar nosotros de acuerdo a la ley y no los que pretendan colocarnos desde la empresa», volvió a defenderse Jaque.
Esta vez está más complicada: es el tiempo de la sed. Todavía Mendoza espera una política de Estado que amplíe la capacidad de embalsar agua, que impermeabilice los canales de arena, que modernice el riego tranqueras adentro y que racionalice el consumo hogareño con medidores.
Cuando eso esté resuelto y el agua no se dilapide (como hicieron Israel, Francia o España), el análisis en la minería será otro.