12 de julio de 2012
Los gobiernos de Perú, Bolivia y Argentina le apuestan al sector, con base en los ingresos que genera; pero sus proyectos extractivos han desatado protestas violentas. Foto: Manifestantes rechazan el proyecto Conga, por considerar que la minería a cielo abierto provocaría daños en mantos acuíferos . (Archivo AP )
BUENOS AIRES.— Diversos gobiernos han sostenido que la industria minera será la tabla de salvación de sus economías; sin embargo, ha ocurrido justo lo contrario: la actividad extractiva se ha convertido para ellos en una verdadera piedra en el zapato.
Ahí están los casos de Perú, Argentina y Bolivia, donde la intención de sus mandatarios de desarrollar la minería a cielo abierto se ha topado con un sinnúmero de conflictos y protestas de ambientalistas y pobladores, que ya dejaron muertos y han afectado la imagen de los gobiernos.
Los números han llevado a las administraciones de Ollanta Humala, de Cristina Kirchner y de Evo Morales a aferrarse de la industria minera como si fuera una tabla de salvación.
Por ejemplo, en Perú, la renta minera genera el 20% de los ingresos fiscales del país. Sólo en 2011, recibió inversiones en el sector por más de 8 mil millones de dólares y la minería genera el 60% de las exportaciones, según el recuento que en días pasados hizo el ministro de Finanzas, Luis Castilla, quien no dudó en reconocer que esta actividad es la que ha impulsado, como ninguna otra, el crecimiento económico sostenido del país en los últimos años y que a fines de 2012 deberá marcar el 6% del Producto Interno Bruto (PIB).
En Argentina, la actividad creció 1948% entre 2002 y 2011, según los datos de la propia secretaría de Minería, con un total de 2.6 mil millones de dólares en inversiones directas. Esas cifras impulsaron al país al décimo lugar en el ranking realizado por el informe Fraser en Canadá, en el que México ocupaba hasta el año pasado el cuarto lugar, seguido de cerca por Perú y Chile, respectivamente.
En el caso de Bolivia, tal vez el país con mayor tradición minera de Sudamérica, el salar del Uyuni contiene 50% de las reservas mundiales de litio, considerado el mineral del futuro, por su uso en la industria de la telefonía portátil y la electrónica. De ahí los acuerdos que la administración Morales viene realizando con empresas coreanas y japonesas desde hace tres años.
Humala, un giro radical
Las anteriores son cifras que parecen justificar la militancia de los tres presidentes a favor de las industrias extractivas, que en el caso de Kirchner ya tiene antecedentes en el impulso a la producción de soya, y que en el caso de Humala lo hizo cambiar de opinión entre la campaña presidencial del año pasado y los primeros meses de su gobierno, cuando el proyecto Conga, en la sublevada Cajamarca, derivó en el fin de su primer gabinete, el que mejor representaba las fuerzas políticas que permitieron su ascenso al poder.
“Cuando Humala dijo en diciembre ‘Conga va’, ante la oposición de la población de Cajamarca y de su primer ministro Salomón Lerner, no lo pensó dos veces. Entre Yanacocha (la subsidiaria de la estadounidense Newmont Mining Corporation) y su gabinete, prefirió sacrificar a su gabinete”, dijo el economista peruano Augusto Álvarez Rodrich.
La represión de la protesta contra la minería a cielo abierto —por los supuestos daños al medio ambiente que acarrearían en esa región—, arrojó cinco muertos. La Iglesia católica tuvo que mediar. Todo esto ha provocado un fuerte descenso en la popularidad del gobierno y ha puesto al premier, Óscar Valdes, al borde de la cornisa. De caer sería el segundo en menos de un año. Demasiado costo político para un proyecto minero.
“La minería le permite al gobierno de Humala financiar proyectos sociales, pero encuentra fuertes resistencias en sectores ambientalistas y en una izquierda radical para la que la minería es mala palabra”, explica el sociólogo Fernando Tuesta.
La izquierda, que apoyaba al Humala que gritaba en los mítines: “Les importa más la minería que el agua”, ahora se opone al presidente que “prefiere las minas a cielo abierto al agua”, según resumió el cambio presidencial un poblador de Cajamarca, en días pasados en televisión.
Evo, un gobierno bajo presión
No es muy distinta la situación del gobierno de Morales en Bolivia. La protesta de los mineros de Mallku Kotha, que la semana pasada dejó un muerto y ocho heridos, fue llevada por otros senderos.
“El gobierno está apremiado por los conflictos sociales y no tenía otra alternativa que negociar con los mineros como lo había hecho antes con otros sectores sociales”, resaltó el analista Jorge Lazarte.
El Evogobierno había concedido la explotación de esa mina a la canadiense South American Silver (SAS). El conflicto forzó una negociación con los mineros, que exigieron la revocación del contrato.
El gobierno dio marcha atrás y nacionalizó la mina. “Será el Estado con la participación de los comunarios, los que explorarán y explotarán la mina”, admitió el presidente el martes, reconociéndose “culpable por no ver lo que estaba pasando”. La South American Silver dijo ayer que no aceptará se le revoque la concesión y dijo que estudia “opciones legales”.
Kirchner, no hay marcha atrás
En cambio, Cristina Kirchner ni se siente culpable ni dará marcha atrás a los proyectos mineros más ambiciosos de Argentina: Pascua Lama (en asociación con el gobierno chileno) en San Juan, y el de Famatina, La Rioja, dos de las provincias andinas con fuerte desarrollo minero y no menos conflictos a bordo.
“Los glaciares están en retroceso y el gobierno insiste con la minería a cielo abierto, que lo único que hace es contaminar las aguas y mermar el caudal de los ríos”, protestó el diputado Fernando Solanas, uno de los más acérrimos opositores a las mineras porque, a su entender, “representan un saqueo de los recursos naturales de las provincias y del país”.
Un informe realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la consultora alemana GTZ en 2008 dio cuenta de que Argentina, a través de la nueva ley minera de 1993, es el que mayores dividendos retiene de la actividad minera, 75% de los contratos, mientras 25% es para la empresa.
A la hora de distribuir los beneficios, según fuentes del sector minero, el Estado también se queda con 51% del impuesto a las ganancias y el 39% del derecho de exportación, mientras que los estados provinciales mineros sólo reciben el 10% de las regalías, lo que en parte le da la razón a Solanas y a los activistas que durante meses mantuvieron cortado el ingreso a la ciudad riojana de Famatina, como Aníbal Corzo. “Vienen a contaminar el agua y nuestras tierras y la ganancias se las llevan toditas, sin dejar nada en el país”.
Al mismo tiempo, Corzo recuerda al gobernador Beder Herrera, quien en 2006 llegó al poder denunciando a su antecesor, Angel Maza (ex secretario de Minería de la nación, quien había impulsado la nueva ley durante el gobierno de Carlos Menem), por proteger a las empresas mineras y hoy “es el principal prominero y aliado de la presidenta del país”.
Sin embargo, la semana pasada la Corte Suprema de Justicia, le dio la espalda a la presidenta, al salvaguardar con un fallo la ley de protección de glaciares.
La jefa de Estado no ha dicho aún al respecto “esta boca es mía”. Para ella, la minería como la soya aparecen en su imaginario como la tabla de salvación en tiempos como, lo admitió el martes, “de crisis” y de ajuste.