En Acacoyagua, municipio de la Región Soconusco, en la zona costera de Chiapas, sus pobladores han incrementado en las últimas semanas el nivel de las protestas, ante el daño a la flora, fauna, ríos y salud humana, que han empezado a provocar las substancias tóxicas que utiliza la empresa Caracol, para la explotación minera a cielo abierto.
Un problema que se suma a muchos otros en el país, sin que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), o la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), intervengan para investigar las denuncias y sancionar, como lo ordena la ley, por lo que se han convertido en verdaderas figuras decorativas, que ejemplifican la grave contradicción entre lo que se dice y se hace en el ámbito federal.
En los últimos cinco años, en México han ocurrido más de 250 derrames tóxicos, destacando entre ellos el propiciado el 8 de agosto de 2014, por la negligencia de Grupo México, de Germán Larrea, al arrojar la mina Buenavista del Cobre, a los ríos Sonora y Bacanuchi, 40 mil litros de ácido sulfúrico, en perjuicio de más de 25 mil sonorenses que habitan en el curso del afluente en un radio de 15 kilómetros.
La información oficial precisa que en los últimos dos años, los atentados más graves a la ecología, tanto de compañías mineras como de la paraestatal Petróleos Mexicanos, han sido los desechos de cianuro en el río Jaqui, en Hermosillo, Sonora; de hidrocarburos en Agua Dulce, Veracruz, en playas de Mazatlán, Sinaloa y en la laguna El Limón, en Tabasco, así como en la presa Marte R. Gómez, en Tamaulipas.
Asimismo, de sulfato de zinc en el arroyo Lazarillo, Nuevo León y en Los Remedios, Durango; cianuro en la mina Proyecto Magisterial, en El Oro, Durango, además del derrame de ácido sulfúrico provocado por la minera Buenavista del Cobre, en Sonora.
La afectación más reciente sería la registrada el 18 de octubre de 2014, al sur de Sinaloa, donde numerosas comunidades de los municipios de Concordia y Escuinapa, se quedaron sin agua potable al ser arrojadas 10 mil 800 toneladas de substancias químicas tóxicas, al arroyo Chupaderos, que desemboca en el río Baluarte, que abastece del preciado líquido a miles de pobladores.
Irresponsabilidad de la mina Dos Señores, perteneciente a la compañía Cam Cab, con capacidad de producción de 230 toneladas diarias de molienda, y que apenas el 24 de septiembre había sido multada con 54 mil 203 pesos, al descubrir la autoridad federal que estaba provocando daños al medio ambiente de su entorno.
Incidente que da idea de cómo los derrames tóxicos de la industria minera, se arreglan con pequeñas multas, sin importar a las autoridades responsables de la protección del medio ambiente, así como de la Secretaría de Salud, el daño a los seres humanos que habitan en sus áreas de influencia.
A pesar de la gravedad en que han incurrido estas empresas, y especialmente las de Grupo México, en Sonora, hasta ahora el Gobierno de la República no ha llegado al establecimiento de un precedente, como la cancelación de concesiones, que satisfaga a las comunidades afectadas directamente, y a la sociedad nacional, que reclaman el fin de la impunidad con que operan.
Advertencias que no escuchan los encumbrados funcionarios que dirigen todo desde sus oficinas de la capital del país, como la que hace la sección 65 de Cananea, del Sindicato Minero, en relación al riesgo de un inevitable colapso de la represa de desechos tóxicos de la minera Buenavista del Cobre, por falta de mantenimiento por parte de Grupo México, que podría causar daños irreversibles no solamente a la ecología, sino hasta la muerte por envenenamiento de un gran número de los habitantes de esa Región sonorense.
Después de nueve meses y medio de ocurrida la contaminación de los ríos Sonora y Bacanuchi, los más de 25 mil afectados viven en la zozobra, al no existir hasta ahora, un estudio que avale la calidad del agua para consumo animal y humano.
Apapacho tras apacho de las distintas Administraciones Federales al todopoderoso Germán Larrea y su Corporativo Grupo México, que tiene tras de sí un gran historial de abusos que le permite el poder en turno, como en 2009, con Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, cuando en 2009, la PROFEPA descubrió que en su filial de Taxco, Guerrero, los suelos de las inmediaciones de la mina estaban contaminados con arsénico, cadmio y vanadio.
Para entonces las instalaciones se encontraban inactivas debido a la huelga que para entonces completaba 30 meses, de los mineros de la sección 17, que se ha prolongado a 2015, sin que la empresa haya intentado arreglo laboral alguno y menos todavía, limpiar de las substancias químicas derramadas a flor de tierra, con el consecuente daño ecológico, en esa importante ciudad turística del estado de Guerrero.
Y no pasa nada, salvo cuando los derrames han trascendido fuera de nuestras fronteras como sucedió con la minera Buenavista del Cobre de este consorcio consentido y por lo mismo enriquecido por la corrupción gubernamental, que dio margen a que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, encendiera sus “focos rojos” y justificara su existencia burocrática al detectar y clausurar en octubre de 2014, un total de 30 de las mil 200 minas que operan en el territorio mexicano, de compañías tanto nacionales como extranjeras, por incurrir en irregularidades en su funcionamiento.
Lo que no informó el titular de la SEMARNAT, Juan José Guerra Abud, fue el tamaño de las 480 minas sometidas a auditorías ambientales, que representan el 40 por ciento del total y el por qué solamente se tiene seguimiento de ese porcentaje tan bajo.
Se sabe oficialmente, que una de cada 20 de las mil 252 minas que operan en el país, mantiene un riesgo potencial. Pero incluso, en el manejo de las cifras las autoridades federales no se ponen de acuerdo, pues según la Presidencia dela República, hasta junio de 2014 existían contabilizadas tres mil 34 sociedades mineras, en el Registro Público de Minería, de ellas 40 por ciento extranjeras, principalmente canadienses.
Las Corporaciones nacionales están representadas por Grupo México, Grupo Peñoles y Grupo Acerero del Norte, que obtienen ganancias ilimitadas, mientras pagan salarios miserables a sus trabajadores, controlados por sindicatos “blancos”, con lo cual demuestran su desapego a reglas éticas o de moralidad y mucho menos de solidaridad social.
A todos, incluyendo extranjeros, los distintos gobiernos federales, les han sido otorgadas concesiones que les permiten estar en posibilidad de violar indiscriminada e impunemente las leyes del país en materia de protección ambiental y laboral, cobijados por el mando de corrupción en todos los niveles de autoridades que se vuelven en buen número de casos, aliados empresariales o cómplices cínicos.
Se sabe, que haciendo a un lado el nacionalismo que tanto había caracterizado a nuestro país en el mundo, sus funcionarios han concesionado a Corporaciones nacionales y foráneas, casi la mitad de México, para la explotación minera, de tierras nacionales y ejidales sobre las que no tienen derecho, bajo el argumento de que crearán empleos y riqueza para los mexicanos.
La realidad demuestra lo contrario, pues su presencia solamente ha traído más pobreza, destrucción ecológica y graves problemas de salud para las poblaciones donde desarrollan actividad.
Lo único cierto, es que de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), México es uno de los cuatro países de la Región, que acumulan más conflictos socio ambientales, provocados por empresas mineras en cuanto a contaminación, restricción o escasez de agua, falta de consulta previa a las comunidades, disputas territoriales, desplazamiento de pueblos originarios, cambios de uso de suelo, violaciones a los derechos humanos e incumplimiento de políticas de responsabilidad social corporativa.
El organismo internacional asegura que nuestro país y Argentina comparten el segundo lugar entre una veintena de naciones mineras del subcontinente que afrontan estos problemas. Cada uno tiene 26 casos y sólo son superados por Perú y Chile, que cuentan con 33 conflictos mineros, por falta de una legislación que incluya leyes ambientales, sociales, laborales y territoriales, entre otras, pero que sobre todo sea firme al monitorear y sancionar la falta de cumplimiento de las políticas de desarrollo sostenido de los países.
Indica la investigación, que de los proyectos de todas las empresas mineras que actualmente están implicadas en algún conflicto en territorio mexicano, representan el 13 por ciento de la producción nacional de oro.
Para dar una idea de la riqueza que obtienen estas Corporaciones nacionales y extranjeras en México, la CEPAL asegura que desde mediados de la década anterior, la industria minera ha logrado tasas de crecimiento anual que duplican e incluso triplican las correspondientes al Producto Interno Bruto. Entre 2005 y 2012, la minería creció en promedio 5.4 por ciento, en contraste con el PIB que fue de 2.4 por ciento.
Para dar una idea de esas mega ganancias, baste citar que el Grupo México de Germán Larrea, obtuvo ganancias por 15 mil 320 millones de pesos, en el primer trimestre de 2014, con el detalle de que pagó impuestos ridículos de menos del tres por ciento a las arcas federales.
Otro dato por demás importante es el hecho de que junto con los consorcios Peñoles, Frisco, Fresnillo y Autlán, cotizan en la Bolsa de Valores de México, donde no pagan un solo peso por sus ganancias al fisco nacional, en tanto las 267 empresas mineras extranjeras que operan 870 proyectos en la república, no presentan a la Secretaría de Hacienda sus estados financieros.
Es pues, el México de los contubernios y de la impunidad con quienes se aprovechan de la riqueza que pertenece
a la mayoría de los mexicanos, no únicamente saqueándola, sino de paso, destruyendo la ecología y la salud de muchos.
*Premio Nacional de Periodismo 1983 y 2013.